Desde la Agrupación Colectivo Nacional queremos expresar nuestra profunda preocupación y solidaridad con el Juez Federal Carlos Rozanski. Perseguido políticamente y atacado brutalmente por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura, entre ellos el ex gobernador de nuestra provincia Ángel Rozas, con motivo de una supuesta denuncia de “maltrato laboral” del 2009, causa prescripta y archivada; Rozanski presentó su renuncia el 20 de octubre pasado.
La embestida no es casual, el magistrado titular del Tribunal Oral N°1 de La Plata avanzaba en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que involucra las complicidades civiles y empresariales que incluyen fortunas obtenidas en ese contexto. También revela el accionar de tres sectores que están violentando el sistema democrático: el partido judicial, el poder mediático y la alianza Cambiemos. Los dos primeros nunca van a elecciones y se han mantenido prácticamente inalterables durante décadas a pesar de los intentos de democratización con la frustrada reforma judicial y la ahora sepultada ley de medios de comunicación audiovisual ; por el contrario los CEOS de Cambiemos por primera vez en la historia de nuestro país acceden al gobierno nacional por el voto popular, en lugar de golpes de Estado que los tuvo como protagonistas en las sombras, implementando los planes económicos que les permitieron amasar fortunas y saquear el país a costa del pueblo.
Párrafo aparte merece la trayectoria de Rozanski, primer juez por concurso nombrado por el Consejo de la Magistratura, especialista en materia de maltrato y abuso sexual infantil; autor del texto de la ley que modificó el Código Procesal Penal para que niñas y niños víctimas de abuso sólo puedan ser interrogados por especialistas en Cámara Gesell; crítico durísimo del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) que es utilizado por jueces y juezas para desacreditar la palabra del niño/a y revincularlos con su victimario.
Reconocido internacionalmente por su compromiso con la verdad histórica en los juicios por delitos de lesa humanidad, condenó al genocida Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich; llevó adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad de la Unidad 9, Circuito Camps y La Cacha, entre otros.
Rozanski, como la Procuradora Gils Carbó, la Jueza Federal de San Martín Martina Isabel Forns, entre tantos otros, representan un obstáculo al disciplinamiento que pretenden imponer con violencia en sectores claves de la sociedad desde el poder económico.
Detrás de la persecución a Rozanski, se esconde el objetivo de poner fin a los juicios de lesa humanidad, no continuar investigando la apropiación de Papel Prensa, a los empresarios que se enriquecieron con la dictadura como Pérez Companc, Techint, Macri, etc.
De allí el ocultamiento y demonización hacia quienes tienen un compromiso con la justicia, la verdad histórica, la memoria colectiva, la reparación a las víctimas y denuncia de los poderes fácticos en los medios hegemónicos como el Grupo Clarín y La Nación. Esto, en combinación con personajes deplorables como Julio Piumato, organizador de la “marcha de los fiscales” contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso Nisman, y con los sectores más retrógrados del Poder Judicial.
Es inédito a 37 años del retorno al sistema democrático el violento atropello a las normas más básicas del mismo, por quiénes -protegidos por los medios- se presentaron como salvadores de la república, ejemplo de transparencia y anticorrupción.
Se encuentran en peligro la continuidad de los juicios a los genocidas, y toda política pública vinculada a los derechos humanos y a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por todo esto, desde el Colectivo Nacional convocamos a defender y profundizar los derechos conquistados y a exigir a nuestros representantes se pongan al frente del reclamo y reafirmen el compromiso con las políticas públicas en materia de derechos humanos.
