Luego de que tomara estado público la resolución de la Cámara Federal Apelaciones de Resistencia por la que se revocó un fallo de la jueza en primera instancia de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el cual la magistrada había negado el beneficio de prisión domiciliaria peticionado por el exmilitar José Tadeo Luis Bettolli, dos veces condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, varios organismos de DD. HH., familiares de las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado manifestaron su rechazo al “privilegio” y criticaron al Poder Judicial.
“Más una decisión política que un hecho de humanidad” afirmó a elDIARIO de La Región Dafne Zamudio, del Programa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado, e hija de Carlos Zamudio, uno de los fusilados en la Masacre de Margarita Belén. Martín Peralta, de H.I.J.O.S. Chaco y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, calificó la resolución como “un juego perverso del Poder Judicial que por un lado juzga y condena a los genocidas y por otro los manda a su casa”. “Es un fallo de época” terció el formoseño Juan Eduardo Lenskac, exdetenido político que sufrió en carne propia las torturas de Bettolli.
El fallo en cuestión tiene la firma de los camaristas José Luis Aguilar, Rocío Alcalá y Simón Getzel y se justifica en un informe del hospital “Cosme Argerich” y otro elaborado por especialistas del propio penal de Campo de Mayo, donde Bettolli cumple condena. Según los camaristas, la citada unidad no es apta para resguardar y tratar de forma adecuada al exmilitar. Por otra parte, aluden a cuestiones de índole presupuestaria del Sistema Penitenciario Federal y la necesidad de avanzar en medidas para contrarrestar la “superpoblación carcelaria”.
Bettolli fue condenado en 2010 a 25 años de prisión por tormentos en la ex Brigada de Investigaciones y, este año, a 12 años por desapariciones forzadas en el mencionado centro clandestino. Sus víctimas sobrevivientes describieron durante los debates judiciales como un cuadro político del Gobierno de Facto que dirigía las torturas, abocado a la destrucción de las organizaciones bajo la mira del terrorismo de Estado en todo el NEA. Por ello, Bettolli también está imputado en la causa por ejecuciones encubiertas a dirigentes de Ligas Agrarias, proceso que se espera se desarrolle en su estadio de juicio oral en 2019.
En ese sentido, desde la Fiscalía Federal remarcaron que la Cámara de Apelaciones debería haber tomado en cuenta y respetarse la opinión del Cuerpo Médico Forense de la Corte, “tratándose de peritos forenses oficiales que son garantía de imparcialidad, que han intervenido médicos especialistas en la materia a tratarse y que este Cuerpo es el que establece pautas serias y precisas de evaluación, de las cuales no podemos salirnos arbitrariamente”.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la Unidad 34 de Campo de Mayo en la que cumple condena Bettolli tiene médicos de guardia las 24 horas del día y una ambulancia disponible.
Por ello, se subrayó que el cumplimiento de su condena en prisión no constituye bajo ningún concepto un trato cruel, inhumano o degradante del detenido o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar.
Por último, advirtieron que hay medidas procesales en curso que “pueden ser concretamente obstruidas por el encartado”; por un lado, una serie de declaraciones de testigos que estuvieron bajo el mando de Bettolli y, por otro, la búsqueda de desaparecidos como Pedro Morel, Sara Fulvia Ayala.
CÁRCEL COMÚN
Y EFECTIVA
Dafne Zamudio fue categórica: “Creemos que es más una decisión política que un hecho de humanidad. Hay un montón de personas que están detenidas, quizás con peores dolencias de las que padece este señor, y no obtienen la domiciliaria”, dijo y añadió: “Pedimos igualdad para todos los presos, considerando también que estas personas son responsables de desapariciones, y hasta hoy en día los cuerpos de nuestros familiares y compañeros no han aparecido, y ellos nunca aportaron ningún tipo de dato como para que nosotros podamos buscarlos y encontrarlos”.
Consultada respecto de cómo los retrasos judiciales determinan una suerte de “impunidad biológica” para los genocidas, Zamudio precisó que el “hecho de que estas personas se hagan mayores tiene que ver con que los juicios se iniciaron mucho tiempo después del que hubiésemos querido, porque ellos lo impedían”.
Además, recalcó que “con este cambio de Gobierno se sienten respaldados ideológicamente y por ello empiezan a surgir esta serie de pedidos y manifestaciones”. Por otra parte, relacionó el privilegio a Bettolli con el caso de Manader y las peticiones en igual sentido de Rodríguez Valiente, otro “referente de la picana” en la ex Brigada de Investigaciones: “Ellos actuaron de modo corporativo en todos los hechos de violaciones y torturas y demás. Hay personajes como Manader que hicieron cosas realmente repulsivas, y que estén en su casa es realmente un peligro”, sostuvo.
DOBLE JUEGO DEL
PODER JUDICIAL
Por su parte, Peralta adujo que el privilegio a Bettolli y a demás genocidas demuestra que salvo honrosas excepciones, el Poder Judicial tuvo una participación activa en lo que fue la “pata civil” de la dictadura.
El Poder Judicial podría en vez de aumentarse sus dietas y sueldos destinar recursos al equipamiento de una cárcel especial para genocidas con todo lo necesario para el tratamiento de la salud de esta gente”. También comentó que “la desaparición de personas la siguen sosteniendo día a día, no dicen dónde están los cadáveres, ni cuáles son los pibes a los que sustituyeron la identidad, nunca se han mostrado arrepentidos, siempre niegan los hechos. El Poder Judicial mantiene un doble juego, por un lado juega a que los juzga y que los condena, pero por otro los manda a su casa”.
“FALLO DE ÉPOCA”
“No me extraña, es un fallo de época, en estos tiempos se está premiando a los genocidas. Este tipo de beneficios a los presos comunes no se los dan. Es la tónica de este Gobierno. Hay que prepararse para el escrache, pero también para explicar que este tipo de situaciones vulnera los derechos de las mayorías. Estamos siendo víctimas de la quita de derechos”, fueron las palabras del formoseño Juan Eduardo Lenscak a este matutino.
El exdetenido político declaró, de todos modos, “hay que dar el debate cultural y prepararnos para el 2019”, porque: “Este tipo de situaciones no debe hacernos bajar los brazos, hay que abrir fuentes de esperanza, esto puede ser revertido y la única manera de poder hacerlo es militando y concienciando, abriendo un futuro promisorio para todos. Nuestra arma es el debate político, la participación política y la organización, desde ese punto de vista viene también el pedido especial para todos los dirigentes de la oposición para enfrentar esta situación lamentable, que esto no nos sirva para desmoralizarnos sino para juntar fuerzas”, cerró.
