El proyecto se enmarca en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y requiere a los funcionarios información acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron detenidas las mujeres, y conocer cuáles fueron los motivos.
También exigieron saber si se recabaron denuncias de detenciones ilegales, torturas, malos tratos en dependencias de la PROCUVIN o la UFEM, y si se originaron causas judiciales a raíz de la posible comisión de delitos de acción pública.
También consultan qué medidas adoptó el Poder Ejecutivo Nacional ante los delitos denunciados y en relación a la violencia contra las mujeres detenidas en dependencias policiales de la CABA; y, además, si se iniciaron investigaciones del accionar policial y de las fuerzas de seguridad, si se deslindaron responsabilidades sobre los hechos cometidos y las medidas de reparación para las víctimas.
Por último, consultaron qué planes o programas tiene el Gobierno para la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
Fuente: Parlamentario
