Conocido el estudio de costos que fija el boleto en casi 20 pesos, la reacción de usuarias y usuarios no se hizo esperar. Desde el Movimiento de Estudiantes y Trabajadores por el Boleto (METB), emitieron un documento en el que plantearon su rechazo a la medida, criticaron la modalidad de las audiencias realizadas al efecto y exigieron los gobiernos municipal y provincial una marcha atrás al respecto.
Otro tanto, respecto del papel de legisladores, a quienes como representantes del pueblo también interpelaron para que tomen cartas en el asunto. En ese sentido, destacaron que un nuevo incremento implicaría el aumento “en dos años y medio a más del 290 % el boleto interurbano y 260 % el urbano respectivamente”.
Asimismo, se preguntaron: “¿En estos dos años y medio los salarios acaso aumentaron en esa proporción? ¿Las audiencias, llenas de vicios, acaso fueron para legitimar ese aumento?”.
Por otra parte, cuestionaron al Gobierno nacional, que “viene llevando adelante un ajuste sistemático sobre los que menos tienen y en favor de los que más tienen”. “Eso se lo ve reflejado en la quita de subsidios cuya compensaciones la tiene que pagar el usuario o usuaria del servicio, continuas devaluaciones, especulaciones que tienen como objetivo endeudar y hacer pagar al pueblo a través de ajustes”.
Además, agregaron que “mayores son los tarifazos, mayores los índices de inflación pero menores son las recomposiciones salariales, es decir, menores son los recursos con los que cuenta cada hogar”. “Siguen ganando los empresarios y seguimos perdiendo los usuarios y usuarias. Estamos cansados y cansadas de ser siempre la variable de ajuste ante la falta de política a favor de los más necesitados”, manifestaron.
Por todo ello manifestaron su exigencia al “Gobierno provincial y municipal de solicitar de forma urgente que se retrotraiga esta decisión política de aumentar el boleto y solicitar al Gobierno nacional que se sigan enviando los subsidios”.
EMERGENCIA PARA
USUARIOS Y USUARIAS
Respecto de las diputadas y los diputados, demandaron que “dada la vigencia de la ley de emergencia del trasporte público, hacer cumplir los requisitos que la misma establece, dicha ley les permite a las empresas hacer uso de unidades de hasta un máximo de 20 años de antigüedad, debiendo reunir las condiciones de higiene, seguridad, seguro obligatorio y revisión técnica obligatoria”. “Estos requisitos que no están a la vista, es decir, no se están cumpliendo. Vemos que las unidades son las mismas desde hace años, es decir, no se ha invertido en nuevas unidades. Además, tienen los beneficios de estar eximidas del pago por habilitación anual del parque móvil de las empresas y del acceso a un régimen de facilidades de pago para la cancelación de montos adeudados por conceptos correspondientes al fondo provincial del transporte”, remarcaron.Por último, destacaron que el del Transporte, es “un derecho social, sin trasporte público se vulneran otros derechos por ejercer, el trabajo, la educación, la salud, la cultura”. “Sostener el trasporte público es garantizar pisos de igualdad en tiempos de intereses privados y corporativos”.
