La comunidad chaqueña vuelve a quedar en estado de alerta tras confirmarse un nuevo caso de violencia machista. Con el reciente fallecimiento de Érica Fernández el miércoles en Villa Río Negro, la provincia suma diez femicidios en lo que va de 2025, una cifra que reaviva el reclamo de justicia y pone bajo la lupa la gestión de las políticas de género a nivel local.
El mapa de la violencia en Chaco durante este año ha sido devastador. La seguidilla de crímenes comenzó el 1 de febrero en Taco Pozo con los asesinatos de Mónica Mendoza y Mirian Gimenez. Semanas después, el 21 de febrero, el horror se trasladó a Resistencia y Sáenz Peña con las muertes de Pamela Romero y Carolina Ríos.
La lista de víctimas continúa con Sol Selena Gómez Montiel (21 de marzo, Fontana), Leonela González y Norma Robledo (28 de junio, Sáenz Peña y Paraje Itín), Érica Romero (28 de julio) y Gabriela Barrios, cuyo crimen ocurrió el 13 de octubre. En casi la totalidad de estos episodios, los victimarios pertenecen al círculo íntimo de las mujeres: parejas, exparejas o conocidos.
Inconsistencias en las cifras oficiales
El 16 de diciembre, la Subsecretaría de Género de la provincia emitió un informe comparativo que generó más dudas que certezas. Según el documento, los femicidios en la provincia fueron 22 en 2023, diez en 2024 y diez en el presente año.
Sin embargo, estos datos han sido cuestionados por dos razones fundamentales. Por un lado, un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que en 2023 se registraron 13 víctimas en Chaco, y no 22 como afirma la provincia, lo que evidencia una preocupante falta de rigor estadístico. Por otro, el reporte oficial omite los nombres de las víctimas y no ofrece detalles sobre las políticas de prevención implementadas.
El impacto del ajuste
La situación se agrava en un contexto de fuerte recorte presupuestario y despidos en las áreas de protección y asistencia. Organizaciones civiles advierten que el vaciamiento de estos espacios deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad sin el acompañamiento necesario para salir del círculo de violencia.
Actualmente, la Justicia continúa recolectando testimonios de vecinos y allegados de la última víctima para reconstruir sus horas finales y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, el pedido de la sociedad es uno solo: que las víctimas dejen de ser simples números en informes oficiales incompletos.
