Por casi dos décadas, entre 2006 y 2025, Chaco estuvo bajo un estado de emergencia agropecuaria casi permanente. Lo que debería ser una excepción terminó siendo rutina: sequías, inundaciones repentinas, granizo destructor y crecidas afectaron los campos chaqueños, obligando al Estado provincial a emitir decretos de emergencia de manera reiterada.
Investigadores del Centro de Geociencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) lograron resultados de una investigación sobre la aplicabilidad de esta herramienta clave dentro del repertorio de intervención estatal sobre el territorio productivo.
El profesor Héctor Daniel Benítez y el doctor Jorge Alfredo Alberto llevaron adelante una evaluación crítica de estos decretos, no solo como respuestas administrativas ante eventos climáticos extremos, sino también como instrumentos políticos que han contribuido activamente a la reconfiguración del territorio rural chaqueño.
Una de las conclusiones de la investigación es que la emergencia agropecuaria funciona como un instrumento reactivo, concebido para asistir económicamente a los actores productivos en situaciones críticas. Sin embargo, su reiteración en el tiempo evidencia una estrategia de gestión limitada. “La emergencia se convierte en un ‘parche crónico’ que perpetúa un tipo de intervención estatal focalizada, parcial y desvinculada de una planificación territorial integral”, señalan Benítez y Alberto en el informe del estudio.
En lugar de introducir cambios estructurales, estos decretos tienden a sostener un modelo productivo altamente vulnerable.
Algunos datos
Departamentos como Comandante Fernández, Independencia y Maipú acumularon entre 17 y 18 años de emergencia sobre un total de 20 años analizados. Una situación que los investigadores califican como “alarmante”, donde la emergencia dejó de ser un hecho excepcional para consolidarse como un componente permanente de la dinámica rural.
El análisis territorial revela un patrón espacial: la mayoría de los decretos se concentran en el centro y sudoeste provincial, precisamente donde se ubica el núcleo sojero con mayor vulnerabilidad estructural. Esta zona de transición climática, constituye el área de mayor dinamismo agroproductivo, pero también la más frágil.
“La emergencia tiende a concentrarse en territorios donde se ha consolidado el modelo agroindustrial”, explican los investigadores.
Para entender esta vulnerabilidad, es necesario analizar los últimos 20 años. En las últimas dos décadas, la superficie cultivada en la provincia se duplicó, pasando de entre 700.000 y 900.000 hectáreas a principios del siglo XXI a 1.803.150 hectáreas en 2025. La soja emergió como protagonista absoluta, representando entre el 50% y 60% de la superficie cultivada anual.
Conclusiones y propuestas
La incorporación de herramientas como el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), hoy en peligro; los planes de manejo hídrico o los sistemas de alerta temprana basados en monitoreo satelital, puede contribuir a una gestión más anticipatoria y menos dependiente de la urgencia.
“Las emergencias agropecuarias son tanto un síntoma como una oportunidad”, concluyen los investigadores. “Un síntoma de un modelo que ha llegado a sus límites ecológicos y sociales; y una oportunidad para repensar el territorio, desde una mirada integral que supere la lógica de corto plazo y apueste por una planificación participativa, estratégica y adaptativa”.
Las conclusiones apuntan a la necesidad de contar con políticas públicas integrales que aborden el ordenamiento rural con criterios de sustentabilidad, resiliencia y equidad territorial. (Fuente: UNNE Medios)
