En una audiencia que se realiza en esta mañana en el Tribunal Electoral, representantes de 28 partidos políticos de la provincia protagonizan un fuerte reclamo institucional dirigido al tribunal electoral, advirtiendo sobre graves riesgos en materia de seguridad de datos personales y posibles, vulneraciones a derechos constitucionales.
El eje del planteo se centró en distintas disposiciones administrativas que, según denunciaron, exceden las facultades del órgano judicial y generan un impacto directo en la vida interna de los partidos, además de comprometer la privacidad de miles de afiliados.
Principales cuestionamientos
Los partidos coincidieron en señalar varios puntos críticos:
- Riesgo de vulneración de datos personales: la exigencia de incorporar información como correo electrónico y teléfono en las fichas de afiliación fue duramente cuestionada. Argumentaron que no existen garantías de seguridad cibernética suficientes, lo que podría derivar en filtraciones o hackeos, en un contexto donde organismos públicos ya han sufrido incidentes similares.
- Perjuicio económico y administrativo: la modificación en los requisitos de afiliación implicaría costos adicionales para los partidos, además de invalidar stock existente de fichas, afectando su normal funcionamiento.
- Actualización del padrón partidario: se solicitó que la actualización se realice cada dos años, considerando que la vida interna partidaria no afecta a terceros ni existen antecedentes de fraude en la provincia.
- Prórroga y revisión de resoluciones vigentes: se reclamó una prórroga mínima de un año para la implementación de nuevas disposiciones, o bien que el propio Tribunal provea los recursos necesarios.
Derechos y leyes en juego
Los espacios políticos advirtieron que las medidas cuestionadas podrían vulnerar normas fundamentales del orden jurídico argentino:
- Constitución Nacional – Artículo 14: garantiza el derecho de todos los ciudadanos a asociarse con fines útiles, incluyendo la participación política.
- Constitución Nacional – Artículo 19 (Principio de reserva): establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, limitando el accionar de los poderes del Estado cuando no existe una ley formal que respalde determinadas exigencias.
- Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326: protege la privacidad y confidencialidad de la información personal, imponiendo obligaciones estrictas sobre el tratamiento de datos sensibles.
- Ley de Partidos Políticos N.º 23.298: regula la organización y funcionamiento de los partidos, estableciendo que su vida interna debe respetar principios democráticos, sin injerencias indebidas.
En este sentido, también se recordó jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral que advierte sobre los límites del control estatal, subrayando que la Justicia no puede asumir un rol legislativo ni intervenir en detalles internos de las organizaciones políticas.
Advertencia institucional
Los dirigentes fueron contundentes: la falta de garantías en materia de seguridad informática podría exponer datos sensibles de miles de afiliados, configurando no solo un problema administrativo, sino también una potencial violación de derechos fundamentales.
Además, plantearon que la imposición de requisitos tecnológicos en una provincia con brechas digitales significativas genera una barrera de acceso a la participación política, afectando el principio de igualdad.
Finalmente, los partidos adelantaron que pediran audiencia con legisladores provinciales para impulsar una reforma de la ley electoral, e incluso evalúan avanzar con una iniciativa popular.
El conflicto abre un nuevo frente entre los partidos políticos y la Justicia Electoral, en un escenario donde se pone en debate el equilibrio entre control estatal, derechos individuales y garantías democráticas.
