La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal requerirá que se realice un juicio por la verdad, por la Masacre de Napalpí considerándola crimen de Lesa Humanidad. El planteo incluirá el pedido de exhumaciones de probables fosas comunes por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Luego de la feria judicial y una vez retomada la actividad en la justicia Federal de Chaco, la Fiscalía requerirá a la Jueza Federal Zunilda Niremperger la realización de un juicio por la Verdad oral y público, por la Masacre de Napalpí considerándola crimen de Lesa Humanidad.
El planteo incluye el pedido de exhumaciones por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense de probables fosas comunes en el lugar.
Se trata de una investigación de oficio que finalizo y que fue llevada adelante por los Fiscales Generales Federico Carniel y Carlos Amad, el Fiscal Federal Patricio Sabadini y el Fiscal “ad hoc” Diego Vigay.
Al respecto Vigay señaló que investigan para «que el Estado juzgue estos crímenes a pesar de tener algún obstáculo procesal, como que todos los responsables ya han fallecido”. “Durante los últimos años en Argentina, se ha intentado que distintas masacres que fueron cometidas contra los pueblos indígenas, en las primeras décadas del 1900, sean consideradas como crímenes de Lesa Humanidad», señaló en diálogo con radio Libertad.
«En ambos casos se han llevado adelante distintas instancias judiciales, que tienen que ver con demandas civiles. En el caso de la Masacre de Rincón Bomba, hace unos días hubo un fallo del Juez Federal, Fernando Carbajal, considerándolo un crimen de Lesa Humanidad y condenando al Estado Argentino a cumplir con una serie de reparaciones», detalló.
«Esa investigación se basa en diversos trabajos de historiadores sobre la Masacre y la Reducción de Napalpí, y testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta y Rosa Grillo. Hemos incorporado las declaraciones de Melitona Enrique, sus hijos y Rosa Chará, como así también encontramos documentación en diversos organismos, denuncias de la época, y legajos», comentó.
Con respecto a la posibilidad de cuándo podría desarrollarse el juicio, expresó que «hay que ver la agenda de trabajo que tenga el Juzgado Federal de Resistencia. Es muy complejo que se pueda desarrollar un juicio oral en lo inmediato. Creemos que sí se van a realizar las exhumaciones de fosas comunes en el lugar de los hechos, en el mes de agosto», manifestó.
Asimismo, se incorporó al expediente judicial un cumulo muy importante de documentos históricos que fueron aportados por instituciones provinciales y nacionales como las Memorias y de los Informes de la Comisión Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior de la Nación, los legajos del Gobernador Fernando Centeno y del Comisario Diego Uribarrie Jefe de Policía Territorio Nacional del Chaco, el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el Diario El Heraldo del Norte en su Edición Especial de 1925, el Expediente Judicial N° 910/24 resguardado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, documentación aportada por el Aéreo Club Chaco, fotografías de la Reducción y del avión utilizado tomadas por el antropólogo Lehmann-Nitsche, entre muchos otros documentos.
Para la investigación también se reunieron los trabajos de investigación y en muchos casos los testimonios de Historiadores e Investigadores de la Reducción y de la Masacre de Napalpí como Juan Chico, Carlos Díaz, Elizabeth Bergallo, Pedro Solans, Mario Vidal, Mariana Giordano, Marcelo Mussante, Lena Davila, Alejandro Covello, Teresa Artieda y Laura Rosso. Y como contexto, trabajos de reconstrucción histórica del Genocidio Indígena de los Investigadores Mariano Nagy, Héctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko y Darío Aranda, entre otros.
“LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ES DOBLE”
La secretaria de Derechos Humanos Celeste Segovia y el subsecretario de Promoción Julio García recuerdan que “el día 19 de julio está en nuestra memoria el recuerdo de la peor muestra de lo que un Estado xenófobo y racista puede hacer en nombre de la seguridad y en defensa de intereses económicos de los poderosos. Fueron asesinados a sangre fría en Colonia Aborigen Napalpí 700 personas de todas las edades, rematados cruelmente, y muchos niños esclavizados por los estancieros”.
Ese día, fuerzas de seguridad y sectores civiles perpetraron una de las más sanguinarias y crueles masacres contra los pueblos indígenas que reclamaban por mejores condiciones de trabajo, estaban cansados de ser explotados y utilizados como esclavos por los latifundistas de la zona, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear.
“La responsabilidad del Estado es doble. Por un lado, debía protegerlos de la explotación laboral que sufrían a manos de los poderes económicos; y por otro utilizó su fuerza para sostener el modelo de exclusión y explotación que vivían los indígenas”, enfatizó Segovia, al tiempo que añadió: “Como expresa siempre el gobernador Domingo Peppo hoy más que nunca es necesario aprender de Napalpí. El Estado nunca debe estar del lado de los poderes económicos utilizando las fuerzas de seguridad para imponer las condiciones en contra de los derechos de los trabajadores, mujeres y pueblos indígenas. Esta es la condición necesaria para que fortalezcamos la democracia. Es tiempo de aprender de la historia”.
