Derechos Humanos

A la espera del juicio oral por justicia para Maira Benítez

“Estamos con toda la expectativa de que esto llegue a juicio. Agradecemos el apoyo de la sociedad, de las agrupaciones de mujeres en contra de la violencia de género. Seguramente, la defensa se va a oponer, ya que lo que buscan es que el hecho quede impune pero el debate oral dará inicio. Necesitamos que las tres personas detenidas y las otras personas también imputadas vayan al banquillo y entiendan que una vez ahí, si es que están encubriendo a alguien, o si hay algo que se están guardando será ese el momento en el que van a poder hablar. Confiamos en que la Justicia cumpla su papel”. Palabras del abogado Pablo Vianello, a elDIARIO de la Región, apropósito  de  haberse cumplido ayer 21 meses de la desaparición de la joven Maira Benítez, madre de una niña de cuatro años, que quedó al cuidado de su abuela, Antonia Morán, sobre quién recayó en buena medida el reclamo de justicia.

La última vez que se la vio fue el 17 de diciembre de 2016 por la madrugada, junto a Rodrigo Silva y Gabriel Cáceres, quienes llevaron a la joven hasta un campo donde trabajaba Silva, propiedad del juez Eduardo Costa. En un primer momento, se siguió la pista de un supuesto caso de secuestro para la trata de personas, pasando por idas y vueltas respecto de qué fuero debía tomar la investigación y de un pedido de apartamiento del fiscal Sergio Ríos, muy criticado por el entorno familiar de la víctima por su modo de encarar la investigación.

Finalmente, en agosto, a pedido de la querella que representa el abogado Vianello, la fiscal en la causa Gisela Oñuk, despejada la posibilidad de competencia federal, retomó el expediente y resolvió cambiar la carátula de “privación ilegítima de la libertad” a “homicidio simple”. Figuran como imputados y con prisión preventiva Rodrigo Silva; su padre, Catalino Silva, y Gabriel Cáceres, imputados por “homicidio simple en grado de coautores” y también – procesados pero en libertad- Sergio Coria, Ramón Cáceres y Belén Ledesma, por encubrimiento. Para tomar esta determinación, la fiscal realizó un análisis integral de los expedientes, que cuenta con más de 40 cuerpos que registra la investigación.

RUMBO AL JUICIO

Cabe recordar que en su momento la funcionaria judicial precisó a este matutino que si bien se da una “situación atípica de no tener un cuerpo, eso es independiente, no es necesario que aparezca un cuerpo mientras se pueda aprobar por otros medios o indicios probatorios que surgen de la investigación”. Así las cosas, se espera que una vez terminada la instrucción, en octubre pueda dar inicio el debate oral y allanar el camino a una resolución del caso.

“Son ya más de 20 meses de incertidumbre y un manto de dudas. Queremos el juicio oral para despejar todo esto. Desde febrero, cuando iniciamos nuestra participación, se incorporaron más pruebas, datos, lugares para investigar. Esto nos llevó a la conclusión de que se trató de un crimen y no un delito de trata. La fiscal Gisela Oñuk se puso a la cabeza de esta investigación y se logró determinar esta cuestión”, precisó Vianello, que asimismo reconoció el papel del procurador General de la Provincia de Chaco, Jorge Canteros, así como del diputado nacional por Cambiemos Luis Obeid, “por sus aportes para lograr los recursos y logística necesaria en cada una de las inspecciones y pericias de la investigación”.  

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