Convencida, confiada y con la más absoluta tranquilidad. Así espera la ministra del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, el pedido de juicio político presentado por un abogado del foro local acusándola de mal desempeño por la acordada de 1991 que con el paso de los años se trasformó en la megademanda conocida como Ley de Enganche.
“Estoy tranquila, cuando me notifiquen me defenderé pero no está en mi ánimo renunciar y menos en estas circunstancias en las que está en juego mi honor”, sostuvo la jueza en diálogo con elDIARIO de la Región.
Lucas, la única ministra que permanece en el cargo luego de aquella decisión que motivó en la avalancha de demandas contra el Estado, opta por bajarle el tono al asunto que para el Gobierno cobra importancia debido al monto que debe abonar por las sentencias, que indican que equivale a lo que se destina a abonar un mes de haberes de la administración pública.
“Todas las decisiones del Superior Tribunal pueden ser revisadas vía apelaciones o demandas que en este caso fueron todas favorables a los demandantes, por lo que solo resta cumplir con la sentencia”, explicó de forma coloquial.
En línea con lo expresado por autoridades judiciales que están entre los demandas, se quejó por el paso del tiempo sin que resolviera la cuestión de fondo. “Se calcula que el 50 % del total de lo que se reclama son intereses y esta cuestión nunca fue incluida en los presupuestos durante estos 25 años”, lamentó.
CORTINA DE HUMO
Como se sabe cuando se trata de un pedido de destitución de un integrante de la Corte, la que interviene es la Legislatura, y Lucas confío que recibió muestras de solidaridad de legisladores, que se infiere que son del arco opositor, que manifestaron que no acompañarán el pedido del abogado Jorge Denis, pero que en la práctica también tiene el visto bueno del diputado Ricardo Sánchez.
“Me dijeron que se trata de una cortina de humo para no pagar las sentencias, pero si los diputados están convencidos de que deben destituirme lo pueden hacer, pero no creo que tengan los votos para conseguirlo”, explicó.
EL CASO
Las más de 1000 demandas nacieron como consecuencia de un aumento que se otorgaron los miembros de la Corte chaqueña en 1991 y que no se trasladó al resto del escalafón judicial, incumpliendo con lo que se conoce como Ley de Enganche, hoy derogada, que establecía que las subas salariales determinadas en acordadas tendrían impacto en estamentos inferiores.
En su presentación, el denunciante asegura que Lucas fue, en conjunto con los demás integrante del Alto Cuerpo judicial, los responsables del dictado de la resolución Nº 858/91, que creó un “suplemento mensual no remunerativo ni bonificable”, que fue “discriminatorio, ilegítimo y contrario a derecho, por violar la ley Nº 2895, su artículo 5, y la porcentualidad consecuente”.
Según la denuncia, con su dictado, la resolución creó “un daño patrimonial a quienes no lo percibieron y al Estado, que hoy debe afrontar el costo de las demandas producidas en consecuencia”.
Ahora, se espera que el expediente tome estado parlamentario, para luego ser girado a la Sala Acusadora de la legislatura, compuesta por la mitad de los diputados que tendrá que decidir, con una mayoría calificada de dos tercios si le da luz verde a la denuncia o no.
