Con un retraso de más de dos horas del horario estipulado, ayer se realizó la 11ª fecha del juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura. Luego de salvar las dificultades originadas en el sistema de videoconferencia que comunica la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia con Buenos Aires y Santiago del Estero, donde cumplen condenas anteriores cuatro imputados en el presente juicio, la causa avanzó con la lectura a los extractos más importantes del requerimiento fiscal por los nuevos hechos e imputados incorporados al proceso. Se trata de los flamantes imputados excomisarios Antonio Musa Azar Curi y Miguel Garbi, de la Policía de Santiago del Estero, por el secuestro y torturas a una joven detenida política junto a su hijo de ocho meses en abril de 1976, hecho en el que también figuran como imputados varios de los encartados desde el inicio en la causa.
El hecho en cuestión es uno de los casos paradigmáticos del terrorismo de Estado en la región por la crueldad extrema con la que los represores de la patota de la Brigada se ensañaron y en la que participaron tanto policías de Brigada como jefes militares de la represión.
Asimismo, desde la Fiscalía se presentó el pedido formal de incorporar a los funcionarios judiciales y al ex guardiacárcel Casco al presente proceso por conexidad procesal con los hechos que se investigan. Se trata del exjuez federal Luis Ángel Córdoba, y el exfiscal Domingo Mazzoni, señalados como la “pata judicial” del terrorismo de Estado, a quienes se acusa por incumplimiento de deberes de funcionario público y haberle dado la cobertura legal a las torturas y secuestros que tuvieron lugar en la Brigada y son materia de la causa.
La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 11; asimismo, desde la Presidencia comunicaron el nuevo cronograma para lo que resta del año y comienzos de 2017: los días 1, 16 y 22 de diciembre, y el 3, 9 y 10 de febrero.
REQUERIMIENTO FISCAL
Luego de dar el ingreso a los legajos de Musa Azar y Garbi y sus respectivos incidentes de prisión domiciliaria, por Secretaría se leyeron los extractos más importantes del requerimiento fiscal con los hechos y la calificación legal y fueron dados por incorporados el contexto histórico.
Según consta en la acusación fiscal, Nora Valladares fue detenida el 29 de abril de 1976 en la esquina de Belgrano y Tucumán (hoy Juan Domingo Perón) junto a su hijo de ocho meses y por un grupo de tareas integrado por el imputado en el presente proceso Gabino Manader y otros.
En los sótanos del centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones fue secuestrada junto con su hijo y torturada por Wenceslao Ceniquel, Carlos Thomas, Ramón Meza Manader, Enzo Breard y Héctor Marín. El 1 de mayo su niño fue entrado a su suegra. Ella continuó en cautiverio clandestino; tres o dos días después fue trasladada a un galpón en Barranqueras, donde el médico (procesado y ya fallecido) Grillo le inyectó pentotal. Mientras los ya nombrados le aplicaban picana eléctrica, Grillo le controlaba el pulso de modo de continuar con el suplicio sin que se “les fuera” en la tortura.
La inyección del pentotal le provocó una parálisis de 40 días en la pierna derecha. La mujer relató haber visto a casi unas 30 personas detenidas en ese galpón. En junio, fue trasladada a Santiago del Estero, allí fue recibida por Musa Azar y Garbi con una “bienvenida” que consistió en nuevos ultrajes con picana eléctrica durante tres días.
LA VIOLACIÓN,
CRIMEN DE LESA
Para el Ministerio Publico Fiscal, el delito de violación debe inscribirse en un “cuadro de tormentos, apremios y vejámenes, integra claramente la categoría de delito de lesa humanidad”. Asimismo, establecen que “el mentado plan clandestino de represión comprendió una masiva y sistemática violación de los derechos humanos que abarcó la más amplia gama de vejaciones, torturas, tormentos”.
“En este contexto, era frecuente que las personas, ilegalmente detenidas en los centros clandestinos de detención, como es el caso de la Brigada de Investigaciones de Chaco, fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes”, agrega.
LOS CARPETAZOS
DE GABINO
Finalizada la lectura, el presidente Belforte manifestó al grupo de imputados el derecho que les asiste de prestar declaración indagatoria. El único que aceptó el convite fue Gabino Manader (ya condenado a 25 años de prisión en la Causa Caballero I), pero se quedó en promesas: “Voy a decir todo lo que tengo que decir, voy a hablar más de lo que tengo que hablar, pero en la próxima audiencia”, afirmó. Luego, pidió que se le permita en la oportunidad contar con la numeración de determinadas fojas del expediente y prometió “una carpeta con pruebas”.
No es la primera vez que lo hace; en el anterior proceso, en 2010, también ofreció fojas de expedientes y demás documentaciones con las que alegó su inocencia en los 25 hechos de torturas por los que finalmente fue condenado el 13 de diciembre de 2010, en la primera condena al genocidio en Chaco.
