El inicio del juicio oral por una denuncia de abuso sexual a una niña de cuatro años que estaba previsto para el día martes 24, finalmente, no tuvo lugar y fue postergado a febrero del año próximo.
Las razones de tal insólita decisión, atento a la situación de vulnerabilidad de una menor y su joven madre denunciante en el marco de delitos gravísimos como el ataque a la integridad sexual de niños y niñas no pudieron ser esclarecidas.
Según pudo saber elDIARIO de la Región, en un primer momento desde la defensa del imputado, tío por vía paterna de la menor, se presentó un escrito en el que se expresó que el acusado no se presentó a debate “por razones de estudio”. Luego la madre de la niña recibió una llamada de parte de la Secretaría de Juzgado en la que se le informó que la causa de aplazo del debate era que el imputado se encontraba en el sur del país.
Por ello la querella presentó un pedido de declaración de rebeldía, a lo que desde la Secretaría se informó esta vez que la jueza estaba abocada a la formulación de una sentencia en otra causa, y que en el juzgado no tienen más turnos por una situación colapso de casos y falta de recursos.
Palabras más palabras menos, lo concreto es que la causa fue pospuesta hasta el 10 de febrero de del 2020 a las 8 de la mañana. Según la denuncia los ataques fueron cometidos por un tío de la pequeña, con la complicidad de madre de este, abuela de la víctima. El imputado de iniciales R.L. es aspirante a ingresar a la Gendarmería. La fiscal de la investigación es Rosana Soto, de la fiscalía N° 3. El expediente de la causa es N° 21758/2018-1, la jueza que lleva el caso es Natalia Analía Fernández Floriani del Juzgado Correccional de calle Córdoba 115. Luego de presentada la denuncia la madre tuvo que afrontar sendos ataques por parte de la familia del sindicado como agresor, agravando su condición de vulnerabilidad.
Desde la agrupación Al Fin Justicia, que nuclea a familiares y sobrevivientes de abusos sexuales contra la infancia plantearon a este matutino su categórico repudio ante lo que consideran un caso más de abandono por parte de la administración de Justicia a los sectores más postergados en el marco de una temática que es invisibilizada.
“No podemos dejar de evidenciar un mecanismo cruel e inhumano por parte de autoridades judiciales en el trato hacia las víctimas que termina facilitando la impunidad de estos delitos aberrantes contra el derecho humano a tener infancia. Pareciera ser que tanto los Tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución como toda la legislación protectora en materia de infancia fuera letra muerta ante delitos contra la integridad sexual por funcionarios judiciales. Desprotección, re victimización, ninguneo y falta de empatía deben soportar familias protectoras que buscan justicia” remarcaron. Asimismo, plantearon: “¿Qué saben de la angustia, del dolor, de las pesadillas, del daño que deben soportar estos niñes y sus familias? La paradoja de denunciar uno de los actos más atroces contra la infancia y tener como respuesta violencia institucional. Para ellxs no hay justicia, son mirados como seres disminuidos, olvidados, silenciados, ‘otro caso más’ de un expediente judicial”. Por ello exigieron “justicia para esa niña, basta de dilaciones y entorpecimiento del proceso. Protección para ella y su familia”.
