La Red de Medios Digitales y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) expresaron su preocupación por el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional que propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional, el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y eliminar el Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las organizaciones sostienen que los cambios afectan derechos vigentes hace más de 80 años y mecanismos de financiamiento que sostienen a medios públicos, comunitarios y populares.
El documento advierte que la iniciativa “desmantela los mecanismos que fomentan el desarrollo de los medios públicos, comunitarios y populares”. La eliminación del Título V de la LSCA implica la quita de “recursos clave para el funcionamiento de proyectos en todo el país”.
Juan Salvador Delú, presidente de Farco, señaló que “ese artículo, casi perdido al final del proyecto, es un mecanismo que sostiene la arquitectura financiera del fomento a la producción cultural y a la pluralidad de voces”. Agregó que “no se trata de un simple impuesto, sino de un modo de redistribuir recursos dentro de un ecosistema profundamente desigual” y que permite la existencia de radios, televisoras, productoras audiovisuales y proyectos culturales a bajo costo. Sobre su eventual eliminación, afirmó: “Eliminarlo no corrige una distorsión: desarma el sistema que busca equilibrar fuerzas”.
Bianca De Toni, integrante de la Red de Medios Digitales, advirtió que “derogar el Estatuto del Periodista no solo precariza aún más a quienes están en relación de dependencia, sino que cercena un piso histórico para pensar el trabajo en los medios”. Sostuvo que la medida “corre los márgenes en favor de los grupos más poderosos del sistema de medios y en detrimento de los derechos de lxs trabajadorxs”.
De Toni añadió que “quienes sostenemos la comunicación popular, cooperativa y comunitaria venimos peleando hace años por un reconocimiento legal y económico que, aun con limitaciones, permitía construir mínimos márgenes de sostenibilidad. Su eliminación profundiza las desigualdades”.
El comunicado concluye: “No está en juego un tributo ni un trámite: está en juego quiénes podrán narrar el país en los próximos años”.
