Organizaciones campesinas de la agricultura familiar expresaron su acompañamiento a la familia de Teresa Vargas, quien, por orden de la jueza Sandra Gaynecotche será desalojada de la tierra de ocupa en el lote 476 de Pampa Castro en Castelli.
En una carta abierta a la jueza, las organizaciones detallan que el desalojo se produce debido a que no existe un reconocimiento de Teresa Vargas sobre la ocupación de las tierras que, legítimamente le corresponden por ser heredera de las mismas a pesar de que nunca fue reconocida como nieta legítima del propietario inicial de los terrenos.
Teresa y su familia viven esa vivienda hace 49 años, allí formó su familia y desarrolló su actividad económica a través de la producción de alimentos y cría de animales, sin embargo, hoy, la Justicia pretende quitarle su único sustento familiar al desalojarla.
“La falta de reconocimiento de los derechos de filiación de Teresa Vargas- hoy la desalojada- dio lugar a que se inicie el juicio de filiación, lo cual permitirá demostrar que hay legítimos herederos, que no fueron tenidos en cuenta, por razones que oportunamente quedarán esclarecidos. Muchos de estos casos vemos habitualmente: padres que no reconocen a sus hijos y con ello no solo no le dan el apellido como diríamos en otra época, sino que les quitan derechos, como ocurre en este caso”, cita la carta abierta y solicitan que la jueza revea su decisión. De lo contrario hoy, Teresa y su familia quedarán sin vivienda y sin las tierras que les permiten subsistir económicamente.
RESPETO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
Esta no es la primera vez que la familia Vargas sufre un intento de desalojo que fue frenado en varias oportunidades por el acompañamiento de las organizaciones sociales de la agricultura familiar, quienes pusieron a disposición mecanismos de mediación para buscar otras alternativas al desalojo. “La comunidad y desde el sentido común no logra comprenderse que un fallo para reconocer un derecho, afecte la vida, el techo y el sustento de una familia arraigada en un lugar hace 49 años”, advierten.
La agricultura familiar es una producción en pequeña escala y una forma de vida reconocida mundialmente que intenta apelar respaldos y generar apoyos extraordinarios para mejorar el desarrollo de este sector del que son parte la familia de Teresa Vargas, una familia que está a punto de quedar en la calle.
En los intentos por encontrar una solución, hasta tanto la Justicia reconozca los derechos filiatorios de Teresa, las organizaciones acordaron que el Instituto de Colonización otorgue 50 hectáreas que aún no fueron entregadas debido a trámites administrativos que hoy se vuelven urgentes con el desalojo por concretarse.
En este marco, las organizaciones solicitaron a la Jueza Sandra Gaynecotche el aplazamiento del desalojo hasta tanto se materialice el traslado de la familia Vargas. “Hay una hoja de ruta trazada para que se pueda resolver esta conflictividad sin violencia, de forma organizada, garantizando protección, techo y trabajo”, afirman en la carta abierta.
Por último, apelan que la decisión de la magistrada dé lugar a que esa hoja de ruta pueda ejecutarse y salvaguardar la integridad física y emocional de la familia de Teresa Vargas y sus derechos sociales.
Firman la carta abierta, organizaciones de agricultura familiar, consorcios rurales, organizaciones sindicales, sociales y ciudadanos y ciudadanas.
