Los casos de fumigaciones con agrotóxicos en campos de Chaco siguen sumando capítulos en el corto plazo. Sin embargo, también se dan situaciones en que se reincide en el delito. Esto fue lo que sucedió el lunes en un campo ubicado en Colonia Pampa Oculta, en el departamento Independencia.
Griselda Ruiz es ganadera en el lugar y volvió a denunciar (como hizo en noviembre del año pasado) que en el campo vecino a su hogar se realizaron el lunes y el martes pulverizaciones terrestres de agrotóxicos, algo que viola lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Biocidas de la provincia. La misma establece que las fumigaciones no deben realizarse a menos de 1500 metros de centros urbanos, escuelas, reservorios de agua o sanitarios en forma aérea, y de 500 metros en forma terrestre.
En diálogo con elDIARIO de la Región, Ruiz sostuvo: “Luego de la última denuncia que hice, vinieron las autoridades policiales y constataron que pasaba la avioneta por nuestro campo, a pesar de que nosotros no somos agropecuarios sino que tenemos animales. Se llevaron muestras de plantas y frutas, y me aconsejaron que realizara una denuncia formal, que fue lo que hice en la comisaría».
La mujer siguió relatando: “Vinieron del Ministerio de Ambiente, llevaron muestras y nos confirmaron que estaban contaminados. También se arruinaron huertas enteras. Fue ahí que contacté con distintos medios y la Red de Salud, mandé fotos e hice las presentaciones necesarias, porque la verdad que esto nos pone muy mal”.
La situación que se vive en la zona se ve agravada por la cercanía de dos escuelas. La distancia es mínima, ya que solamente una calle las separa del campo: “No debe haber ni 20 metros en el medio”, indicó. Cabe destacar que los establecimientos poseen sus propias huertas, donde cosechan los alimentos que luego utilizan en el comedor, por lo que están propensos a ingerir efectos del pesticida.
Además, cerca de una de las escuelas, se edifica una salita de primeros auxilios. “Ellos tampoco salieron a denunciar esto, y no lo entiendo. Esta situación nos perjudica a todos”, afirmó Ruíz.
El aeroaplicador pasó su carga también el martes, como refuerzo del primero desplegado el lunes. La misma se aplica para matar bacterias y seres vivos capaces de entorpecer el crecimiento de la cosecha, en este caso, de girasol. Sin embargo, su mala aplicación puede afectar seriamente la salud de humanos, animales y vegetaciones. “Me lo crucé a este vecino hace poco, y se le nota en la cara las quemaduras de los químicos y ácidos. También tengo fotos de muchos de mis animales muertos cerca de un estanque de agua”, describió.
“Yo lo único que quiero es que paren, que paren por favor, y que alguien tome cartas en el asunto, que se haga responsable. No quiero ningún resarcimiento económico ni estoy en contra de los agricultores. Solo pido que paren con esto, porque es muy serio. Si estuviera controlado y se supiera qué están usando, no tengo problema. Pero yo sé que esto es perjudicial para la salud”, cerró Ruíz.
UNA MIRADA DESDE LO LEGAL Y AMBIENTAL
Los profesionales proteccionistas de la salud y del medioambiente advirtieron en más de una oportunidad que: “La agricultura es una de las pocas actividades en que se autoriza la liberación al ambiente de sustancias que están diseñadas para destruir distintas formas de vida, la liberación de agrotóxicos al ambiente se hace a través de pulverizaciones o fumigaciones aéreas o terrestres”, y explicaron: “Cuando se realiza en forma aérea, se agrega un ingrediente más al peligro ya que la deriva es mayor; por lo tanto, el aeroaplicador debe tener conocimiento de que está operando con sustancias que producen toxicidad y que la técnica utilizada implica tener mayor precaución”.
Por ello, es necesario que el asesor técnico, previo a emitir la Receta Agronómica de Aplicación, reconozca el terreno y haga las advertencias pertinentes; en tanto el aplicador es el responsable de informar, con 48 horas de anticipación, al Municipio local y a la población cercana el día, la hora, el lugar y el producto con que se va a fumigar”, aclara la ley provincial 2026-R.
Cabe destacar que la mencionada legislación provincial está en estrecha vinculación con la ley 777-R (antes 3946) de Residuos Peligrosos, cuyo artículo 1º establece: “La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán alcanzados por ésta ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción provincial”; y en su artículo 2º señala: “Será considerado peligroso todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular los residuos indicados en el Anexo A o que posean algunas de las características enumeradas en el Anexo B de la ley”.
Por lo expuesto, los especialistas advierten que más allá de que los tóxicos sean considerados tóxicos agudos, sustancias tóxicas o sustancias ecotóxicas, su aplicación puede generar daños en la salud de la población en un corto o largo plazo, lo que da intervención a la ley 24051 del Código Penal, que establece penas de prisión de hasta 25 años.
