El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presento un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal, dode se dispuso que el gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Gobierno, a través de un comunicado.
El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye «un fallo político, de cara al año electoral» y advirtió que, con esa decisión, «la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA».
«Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad», explicó en el comunicado
Además, consideró que la Corte argumentó «de manera insólita» que «transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas» y advirtió: «Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación».
La decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema surgio tras una reunión entre el mandatario nacional y gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto el miercoles por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.
El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Esas provincias «al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación» y para que soliciten la revocación «in extremis» de la resolución cautelar, según el documento.
