El presidente, Alberto Fernández, presentará formalmente el proyecto de ley de reforma judicial esta tarde, a las 16, en la Casa Rosada. Acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el mandatario dará detalles de la iniciativa que planeta la modificación de la estructura del fuero federal y que establece la creación de un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema y estudien la posibilidad de modificar la actual organización de la Corte Suprema de Justicia.
A la presentación fueron invitados los jefes de todos los bloques parlamentarios. Desde juntos por el Cambio rechazaron el convite del Poder Ejecutivo, aunque no logran unificar una justificación pública. El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, fue el encargado de llamar por teléfono al titular del interbloque de JxC, Mario Negri, que sin dudar le anunció la decisión de su espacio de no concurrir. La excusa formal fue el rechazo al proyecto de ampliación de la Corte Suprema, aunque ese punto no forma parte de la iniciativa que se tratará, en principio, en el Parlamento.
El texto que se conocerá hoy por la tarde fue trabajado en su totalidad por el Poder Ejecutivo. Los últimos detalles en torno a la técnica legislativa del proyecto fueron diseñados por Fernández y Losardo, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Luego de que el presidente Alberto Fernández haga la presentación formal, el proyecto que tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los 12 juzgados criminales con los once de penal económico, será enviado al Parlamento. La discusión, demorada por la pandemia, no se dará en el marco del consenso que Fernández imaginó la primera vez que anunció ante la Asamblea Legislativa, el día del traspaso de mando, que entre sus prioridades se encontraba el reordenamiento del fuero federal.
El pack de proyectos de reforma judicial incluye la transferencia completa de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, con un lapso límite determinado, no mayor a los dos años. Esto implicará que la justicia nacional en lo criminal y correccional deberá deprenderse paulatinamente de robos, hurtos y homicidios, y pasará a ser una suerte de justicia de “transición” o “residual”, manteniendo las causas a su cargo por el período que demande su tramitación.
