Esta semana comenzó con una nueva notificación de desalojo hacia productores de diferentes zonas de la provincia. Esta vez sucedió en Makallé, tras la denuncia hecha por Alicia García, esposa del intendente de Makallé, Marcelo Angione e hija de Miguel Francisco García, quien por 1997 ya había iniciado con otras denuncias de desalojo.
Las familias productoras demostraron en su exposición pública que este conflicto y persecución hacia su vivienda y fuente de trabajo lleva larga data. Hace 23 años, estas once familias ya vivían en estos terrenos de más de 500 hectáreas en Colonia Juan Penco y García ya había hecho su primera presentación judicial para desalojarlas. En ese entonces, el Senado de la Nación dispuso, teniendo como mediador al senador radical por Chaco, Luis Agustín León, la suspensión del desalojo y el pedido al Banco de la Nación (propietario del inmueble y que buscaba rematar dichas tierras) una solución pacífica a favor de las familias.
Desde entonces varias causas jurídicas continuaron y amenazaron la estadía de los lugareños. En 2004, también hubo un interdicto favorable a las familias, debido a que hay variedad de testigos de que las familias viven y trabajan ahí. Denunciaron que el padre de Alicia García, ese mismo año, mandó a cortar alambrados y a instalar casillas como forma de apropiarse en forma violenta de las tierras. Este hecho fue expuesto por la asociación UNPEPROCH (Unión de Pequeños Productores Chaqueños).
Las familias hacen fundamentalmente producción de animales menores y mayores, con muchas dificultades porque no tienen agua ni caminos accesibles. Doña Filomena, de 86 años, contó que vive allí desde 1969 y que debe ir hasta el pueblo a buscar su medicación porque no hay caminos para que puedan llevarle hasta su casa. Esa precariedad también demuestra la ausencia estatal de servicios básicos, algo que se repite con el agua.
Desde el 20 de julio, está el documento, donde figura Alicia García como principal denunciante, dónde se pide a las familias que desalojen por su cuenta, previo aviso de que, si no lo hacen, se recurrirá a las fuerzas policiales.
Hoy la notificación de desalojo está librada y responde a una denuncia penal que lleva adelante la Fiscalía Nº 1, a cargo de la jueza Rita Ingrid Wenner. Las familias están “movilizadas y de pie para defender las tierras que les pertenecen por derecho. Otra vez, la Ley de freno a los desalojos, no es respetada por el mismo poder judicial. Urge intervención de los poderes del Estado para resoluciones justas en el conflicto”, manifestaron.
ElDIARIO de la Región habló con Ana Machuca de UNPEPROCH, quién es parte y está acompañando el proceso de lucha. Lo primero que destacó es “el mal accionar de la denuncia y constatación policial” y dijo que hubo maltratos y mentiras de los agentes hacia las familias.
“Ya tenemos cinco juicios civiles y dos penales con sentencia firme y actualmente tenemos uno civil en el Juzgado Civil Nº 9”, confirmó Machuca. Comentó que ayer se logró suspender la audiencia ante la fiscal de cinco de las 11 personas demandadas y, así, poder proveer a la causa todos los elementos probatorios “que ya teníamos, pero que no aparecen en el expediente”, manifestó.
Ayer también hubo una caminata por el pueblo con el fin de “demostrarles que, si bien fue una lucha pacífica, no significa que quedamos a la espera. Trabajamos y vivimos de lo que hacemos y cuidamos por sobre todo el monte. Eso es lo que quieren ellos, ya han desmontado y quieren ir por lo que queda”, aseguró.
Por último, subrayó: “Queremos que se resuelva, estamos cansados de los atropellos de tantos años. La causa se suspendió pero la lucha sigue”.
