Finalmente, el Gobierno nacional reglamentó hoy la ley de Emergencia Social. Esta ley N° 27345 fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2016. El objetivo fue prorrogar la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, y que fuera fruto del acuerdo firmado entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo.
La medida se oficializó tras los sucesivos pedidos por parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Las entidades que impulsaron la norma y que reclamaban, justamente, esta reglamentación.
Según publicó el diario Ámbito Financiero, la puesta en marcha de la Emergencia Social establece un desembolso de entre $ 25.000 y $ 30.000 millones, de aquí hasta 2019. Este presupuesto se repartirá en concepto de salario complementario social, entre otros beneficios, para los trabajadores del sector informal que integran esas organizaciones.
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La ley de Emergencia Social creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, además del Registro Nacional de la Economía Popular, ambos en el ámbito del ministerio de Desarrollo Social, por lo que el decreto en el Boletín Oficial establece su reglamentación.
El decreto se publicó con la firma del presidente, Mauricio Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, Jorge Triaca, Carolina Stanley y Nicolás Dujovne, respectivamente. El mismo faculta a las tres carteras a "dictar la normativa complementaria que resulte menester para el cumplimiento de la reglamentación".
Por otra parte, se establece que los tres ministerios y las tres organizaciones consignadas "designarán, respectivamente, un representante titular y un reemplazante, que podrá participar de las reuniones y, en caso de vacancia o imposibilidad del primero, ocupará su lugar" en el mencionado Consejo.
