Durante la mañana de este jueves 6 en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Irigoyen 33), se reanudaron los debates del juicio oral Caballero II por torturas y desapariciones en la ex Brigada de Investigaciones. En la audiencia de la fecha, que comenzó con un retraso de una hora a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 13.30, las querellas y la fiscalía federal contestaron los argumentos de la defensa en pos de la nulidad del proceso vertidos el pasado viernes 23 ante el tribunal que integran los jueces Eduardo Belforte, (de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). Luego de escuchar las exposiciones de cada una de las partes acusadazos, cuarto intermedio mediante los magistrados comunicaron su rechazo – por unanimidad- a todos los planteos defensivos y declararon abierta la etapa de testimoniales con alrededor de 40 testigos, (directos y de contexto) citados. Con el objetivo de organizar esta nueva etapa, desde las 9 h del viernes 7 las partes realizarán una audiencia preparatoria de la convocatoria de testigos. Además, ya se programó una grilla de audiencias para los días 14 y 28 de octubre y 11 y 24 de noviembre.
En la anterior jornada de debate el defensor oficial Juan Manuel Costilla pidió la nulidad del juicio oral y la absolución de sus defendidos en base a tres puntos; la invalidez del proceso por afectación del derecho de defensa y el principio de “non bis in idem” (entiende que ya fueron juzgados los hechos en un proceso anterior ); la irretroactividad de la ley penal por prescripción, y sobre todo, la objeción a la participación del juez de instrucción Carlos Skidelsky, quién fue recusado en sendas oportunidades en el año 2012 por el imputado Luis Alberto Patetta a raíz de una supuesta imparcialidad, según la consideración del exmilitar.
DESCARGO
ACUSADOR
En esta ocasión le correspondió a los querellantes Mario Bosch, (en representación de sobrevivientes, familiares y de la Secretaría de DD HH de la Nación), Silvina Canteros y Paulo Pereyra (de la Secretaría de DD HH de Provincia) y a los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay presentar sus respectivos descargos ante el tribunal . Mario Bosch fue el primero en hablar; “No tiene andamiaje jurídico hacer un planteo de nulidad en base a lo que el tribunal deberá valorar luego de escuchar a los testigos” precisó, en referencia a la invocación por parte de la defensa respecto de que se estaría juzgando a varios de los imputados por el hechos de la Causa Caballero I y se repetirían pruebas y testimonios. A su turno, Silvina Canteros explicó que “ hay una cantidad significativa de repetición, pero esto es lógico por el tipo de delito que se juzga; se trató de un plan organizado de modo sistemático para el exterminio de los opositores políticos, pero no obstante nada de ello afecta el derecho de defensa ni el principio de non bis in ídem”. Sobre la pretensión de apartamiento de los fiscales y la recusación al juez de instrucción Carlos Skidelsky, Canteros adujo que “ se actua de mala fe, al recurrir a artilugios procesales bajo el mote de ejercicio del derecho de defensa para dilatar y retrasar la búsqueda de verdad y justicia”. Sobre este tema cada uno de los opinantes recordó que tanto los actos procesales realizados por Skidelsky como de los fiscales fueron resueltos en instancias anteriores y ratificados. Para Bosch el pedido de apartamiento nunca dejó en claro cual es el acto procesal viciado de nulidad, por lo cual se trata de una “nulidad en abstracto”.
IUS COGEN
Respecto a la pretendida prescripción de la acción penal en los delitos que se juzgan Bosch afirmó que ello ya fue rebatido y resuelto en el auto de elevación a juicio y lo será nuevamente al momento de la sentencia. Además explicó que la idea de considerar al genocidio un crimen de lesa humanidad implica que no puede permitirse que un régimen genera un propio marco legal de impunidad; “la razón de ser de ese principio es que justamente pueda impactar de modo retroactivo”. En relación con esto el querellante Pereyra y fiscal Patricio Sabadini enumeraro una serie de tratados y convenciones y también jurisprudencia que avala esta postura.
“LA BANDA” DE
LA FISCALÍA
El fiscal Carlos Amad defendió la legalidad de lo realizado por el anterior juez impugnado por la contraparte y replicó que según su entender “cuando a los imputados o a la defensa no le gusta algo, dicen que es nulo; se trata de un recurso de apelación encubierto”. Amad subrayó que “lo único que hizo el juez Skidelsky fue ordenar los autos, librar oficios y trámites y finalmente el requerimiento de elevación a juicio, ¿dónde está el perjuicio?, no hubo señalamiento de alguna garantía violada” afirmó. Luego, contestó la recusación a los fiscales presentada por el imputado Luis A. Patetta; “No hay un solo acto de nulidad por parte de esta fiscalía, se refugian en la trinchera de la impunidad con ese artilugio, pero no somos una banda” recalcó, al tiempo que recordó que los imputados perdieron cada uno de los planteos realizados en esa dirección.
REPRESORES
IMPUTADOS
Cabe recordar que los diez imputados son juzgados por tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad. Entre los imputados en este proceso se encuentran oficiales del Ejército y agentes de la Policía del Chaco, algunos de los cuales ya fueron condenados en la primera parte de la causa Caballero y también durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén, realizados en 2010 y 2011, respectivamente. Durante las audiencias permanecen al fondo de la sala , en su sector, alejados del público, flanqueados por agentes del Servicio Penitenciario. Ellos son el ex Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Meza, Enzo Breard, Cabo Primero, José Rodríguez Valiente y Gabino Manader, ambos con un rol protagónico en la “patota de la Brigada” como se conocía al grupo de tareas que tomaron parte en la represión clandestina organizada en torno a la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32. Tanto Manader –sub oficial mayor – como Rodríguez Valiente – Comisario General- ya fueron condenados a 25 años de prisión por torturas en la Brigada. Otro de los imputados es José Marín, alias “Cabo Sotelo”, ex sargento de la Policía, y uno de los pegadores más sádicos de la Brigada; aficionado a ejecutar un acordeón durante las sesiones de tortura, e incluso obligar a cantar a los detenidos bajo amenaza de sufrir una paliza, es uno de los más taciturnos, se pasa las audiencias clavando la mirada en el piso. Jorge Ibarra, Suboficial Principal, es otro de los policías imputados que asiste por vez primera a un juzgamiento por crímenes de lesa humanidad, lo mismo que Miguel Pelozo, quien al igual que los militares Josè Tadeo Betolli (Bettolli Teniente Coronel del Ejército) y Luis Patetta (Teniente Primero) sigue los debates por videoconferencia; Pelozo, aquejado de una grave dolencia, con prisión domiciliaria, se traslada hasta una de las salas de la Cámara de Casación en Buenos Aires; y el par de militares lo hacen desde el penal de Marcos Paz, donde Bettolli purga 25 años por torturas (Caballero I) y Patetta el combo de igual suma para la mencionada causa más una reclusión perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén. El caso de Albino Borda,Suboficial Principal de la Policía, de rasgos similares a Luis Alberto Patetta, reviste especial interés, en tanto es a quien se le imputa la violación de una detenida política.
