En el Chaco, la cifra asciende a las 121 personas en esta condición, ubicándose en décimo lugar. La peor posicionada es Ciudad de Buenos Aires, con 5.176, seguida por Santa Fe (1328) y Córdoba (588).

El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.

“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).

Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.

En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.

La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.

De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.

En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.

Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.

La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.

El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.

Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.

Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.

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El mayor volumen se registró en apenas dos días. Durante el 23 y 24 de marzo, Abuelas recibió 350 consultas de personas con dudas sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar.

El contraste con el año anterior es significativo. En esas mismas fechas de 2024, se habían registrado 46 consultas por dudas de identidad y 60 aportes de información.

En términos comparativos, las consultas se multiplicaron por ocho y los aportes por dos en ese período puntual.

Cómo llegan las consultas

Según revelaron desde Abuelas de Plaza de Mayo, la mayoría de las consultas llega a través de los formularios del sitio web, “Dudo sobre mi origen” y “Quiero aportar información”.

También se reciben mensajes por correo electrónico (dudas@abuelas.org.ar y denuncias@abuelas.org.ar), llamados al 011 4384-0983 y consultas presenciales en las sedes de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

A estos canales se suman los nodos de la Red por el Derecho a la Identidad, que funcionan en todo el país y también en el exterior.

El impacto de los 50 años del golpe

Desde la organización señalaron que las actividades que se llevaron adelante en el país y en sedes internacionales -Italia, España, Estados Unidos y Canadá- lograron generar conciencia y movilizar a la acción.

Ese efecto se tradujo en más personas dispuestas a consultar por su origen y en otras que decidieron aportar información que habían guardado durante años.

“Nunca es tarde para ayudar”, remarcan, y subrayan que incluso datos aparentemente menores pueden ser clave para reconstruir historias interrumpidas.

Las consultas no sólo provienen de quienes dudan sobre su propia identidad. En muchos casos, son nuevas generaciones las que se acercan con inquietudes sobre sus padres o madres.

Los equipos de Presentación Espontánea e investigación están procesando el volumen de comunicaciones recibidas. Si bien pueden registrarse demoras, aseguran que todas serán respondidas para avanzar en el esclarecimiento de cada caso.

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La decisión llegó después de que Washington ratificara que no levantará el bloqueo sobre los puertos iraníes. En ese contexto, el mando militar conjunto de Teherán informó que “el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”, y advirtió que las limitaciones continuarán mientras se mantengan las sanciones sobre sus puertos.Informate más

Irán anuncia un nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El endurecimiento también responde a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dejó en claro que el bloqueo “se mantendrá plenamente en vigor” hasta que Irán avance en un acuerdo con Estados Unidos, incluyendo su programa nuclear.

La breve flexibilización aplicada previamente había sido interpretada como un intento de descomprimir tensiones sin resignar control estratégico. Sin embargo, nunca implicó una apertura total del paso, sino un esquema condicionado que ahora quedó sin efecto.

El impacto potencial sobre los mercados energéticos vuelve a estar en el centro de la escena. Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo global, por lo que cualquier restricción adicional amenaza con recortar la oferta en un contexto ya sensible. Cabe destacar que el viernes pasado, el petróleo no solo bajo su racha alcista sino que también cayó en valor luego de que se anunciara el acercamiento diplomático.

En paralelo, el control de este corredor marítimo continúa siendo una herramienta clave de Irán en su pulseada con Washington. Esa estrategia ya derivó en el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región y en un bloqueo que busca forzar a Teherán a aceptar un acuerdo en el marco de las negociaciones mediadas por Pakistán, tras casi siete semanas de conflicto con Israel y Estados Unidos.

En medio de la escalada en el Golfo, crece la incertidumbre sobre el estatus operativo del estrecho de Ormuz. Según fuentes del sector marítimo, buques mercantes reportaron haber recibido comunicaciones por radio de la armada iraní en las que se declaraba nuevamente cerrado el paso y se prohibía la circulación de cualquier embarcación.

El viernes, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había señalado en su cuenta de X que el estrecho se encontraba habilitado. Sin embargo, poco después, medios estatales del país indicaron que existe una “supervisión total de las fuerzas armadas iraníes sobre el paso de los barcos, y dicho paso se considera nulo si continúa el supuesto bloqueo naval”.

La presión de EEUU sobre los puertos y las negociaciones

Trump había ratificado que el bloqueo sobre los puertos iraníes seguirá vigente, incluso después de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz. La definición llegó tras una jornada marcada por señales cruzadas en el Golfo, en un contexto de alta tensión geopolítica.

Luego de celebrar la habilitación del corredor marítimo, el mandatario aclaró que la principal herramienta de presión de Washington no será retirada hasta alcanzar un entendimiento de fondo con Teherán. “Hay muchas posibilidades de un acuerdo”, aseguró, en referencia a una nueva ronda de negociaciones prevista para este fin de semana.

En ese marco, Trump sostuvo que el estrecho “está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre”, aunque esa normalización no implica un alivio total de las restricciones. El esquema vigente permite la circulación de buques por la vía internacional, pero mantiene bajo control las operaciones directamente vinculadas con Irán, que continúan limitadas y bajo supervisión militar estadounidense.

El posicionamiento de la Casa Blanca busca sostener la presión económica sin interrumpir completamente el flujo global de energía, en una zona clave por donde transita una porción significativa del petróleo mundial.

En paralelo, el mandatario también se refirió al frente regional y aseguró haber intervenido para frenar acciones militares de Israel en el Líbano. “Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, escribió en su red social.

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Un mes atrás, cuando el IPIM dio 1%, el presidente Javier Milei aseguró que los precios mayoristas anticipaban a los minoristas, en un intento de plantar expectativas hacia la baja cuando ya era claro que la guerra en Medio Oriente estaba impactando con fuerza.

Conviene aclarar que las mediciones mayorista y minorista tienen diferentes metodologías y componentes: la mayorista no incluye servicios, algo que sí está presente en la minorista.

Precios mayoristas e inflación

La consultora LCG señaló: «En marzo, la inflación mayorista, que marca la tendencia según el Presidente, se ubicó por encima de la minorista en bienes: 3,4% vs. 3% mensual. Descontando el efecto directo de la suba del petróleo y gas en el nivel general, podría decirse que la inflación mayorista todavía se ubica por debajo (2,5%), como en los últimos cinco meses».

La consultora observó que esa brecha entre el ritmo de evolución de los precios minoristas y mayoristas «se acotó significativamente» en buena medida porque los minoristas están absorbiendo parte de las subas mayoristas y no las están trasladando a los precios finales.

«Para adelante, esperamos niveles de inflación mayorista algo más bajos que el dato de marzo, pero un escalón más arriba que en el promedio de los meses previos. La estabilidad cambiaria resta presión, pero la inercia lentamente vuelve a despegar«, advirtió LCG.

En la división por origen, los productos nacionales fueron los más dinámicos con una suba del 3,5%, mientras que los importados lo hicieron en un 1,1%.  

Entre los nacionales, los primarios dominaron con un salto del 7,8%. La categoría Petróleo crudo y gas subió 27,3% respecto de febrero, arrastrado por el efecto de la guerra en Medio Oriente. Los Productos minerales no metalíferos aumentaron 2,5% mensual, y los agropecuarios y pesqueros cerraron con caídas del 3,2% y del 0,1% respectivamente.

Los productos manufacturados aumentaron en promedio un 2,3% contra febrero previo, con los productos refinados del petróleo al tope de la lista con un encarecimiento mensual del 6,6%. En el primer trimestre ese rubro se disparó 10,1%.

Por encima del promedio se incrementaron los precios de Impresiones y grabaciones, 3%; Tabaco, 2,7%; Alimentos y bebidas, 2,5%; y Productos de caucho y plástico, 2,3%. 

Por debajo de la media, los minerales no metálicos aumentaron 1,9%; la producción papelera, 1,8%; las prendas de materiales textiles, 1,7%; Sustancias y químicos, 1,4%; Cuero, marroquinería y calzado, 1,3%; y productos textiles, 1,2%, entre otros rubros.

El precio de la energía eléctrica aumentó 2,1% en el mes.

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Macri realizó un gesto facial al escuchar la pregunta de un periodista que le consultaba por su “relación” con Milei. Instantes después, el referente de Cambiemos se retiró de Hotel Gala Convenciones sin responder.

Según un movilero de Norte Grande Federal, el líder del PRO habló menos de diez minutos con los medios presentes.

También trascendió que el encuentro -que formaba parte de su agenda política en el interior del país- no logró reunir la cantidad de asistentes que se preveía. Esta situación habría provocado incomodidad en el exmandatario, quien esperaba un mayor respaldo.

“El cambio no está blindado”

Previo al desplante, Macri advirtió sobre la fragilidad del proceso político actual. “El cambio no está blindado. El gran desafío es si la idea de cambio tiene una fortaleza suficiente como para que el populismo no la vuelva a destruir”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “la única manera de que el cambio no retroceda es que avance”, y convocó a la militancia a asumir un rol activo en la consolidación del proyecto.

La entrada Macri en Chaco: le preguntaron por Milei y abandonó la conferencia se publicó primero en El Diario de la Región.

“Creo que es muy importante reconstruir con precisión la Masacre de El Zapallar, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron los crímenes, saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y conocer también el origen y las motivaciones que han conducido a su ejecución”, dijo.

LA MASACRE

El 9 de septiembre de 1933, en un contexto de hambruna generalizada, cerca de setenta integrantes de las etnias Qom y Mocoví fueron masacrados por la Policía de Territorios. El trágico suceso se desencadenó cuando las comunidades se concentraron para peticionar alimentos y vestimenta ante las precarias condiciones de vida que atravesaban.

«La reconstrucción de cada una de estas masacres son piezas esenciales del rompecabezas para comprender el genocidio indígena», aseguró Diego Vigay.

Historiadores chaqueños señalan que la matanza de El Zapallar fue, en gran medida, el resultado del miedo infundado de la población civil ante una supuesta agresión, más que una respuesta a un peligro real. Bajo este clima de tensión, las fuerzas policiales abrieron fuego contra las familias indígenas. “Las víctimas, lejos de ofrecer resistencia, permanecieron inmóviles, siguiendo códigos milenaristas que dictaban una actitud estrictamente pacífica ante la confrontación”. (Archivo Histórico de la Provincia del Chaco «Monseñor José Alumni»).

En un esfuerzo por reparar la memoria histórica de la provincia, cada 9 de septiembre se conmemora el Día de Duelo Provincial. Esta fecha fue establecida mediante un proyecto presentado en 2014 por los diputados Rubén Omar Guillón y Orlando Charole, dando lugar a la Ley Provincial N° 7403/14 (vigente y actualizada al 2025).

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El proceso encarado por la Justicia Federal busca no solo establecer responsabilidades, sino también lograr una reparación simbólica que dignifique a las víctimas y recupere la memoria histórica. Las primeras audiencias de declaración de testigos fueron encabezadas por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini, el fiscal ad hoc Diego Vigay y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Walter Romero.

Para la Fiscalía, lo ocurrido en El Zapallar no es un hecho aislado. Se inserta en un contexto histórico de genocidio de los pueblos indígenas llevado adelante por el Estado Nacional. Según explicó Vigay a este medio, esta masacre se suma a otros hechos atroces como: San Antonio de Obligado (1887), San Javier (1904), Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947).

«La reconstrucción de cada una de estas masacres son piezas esenciales del rompecabezas para comprender el genocidio indígena», señaló el fiscal, enfatizando que estos elementos demuestran el carácter sistemático de una política de Estado.

El fiscal Vigay indicó que se debe aclarar que se trata de un proceso “penal” por crímenes de lesa humanidad, como lo fue por ejemplo el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén y que no trata sobre reparaciones económicas, las que deben tramitarse en una causa “civil” donde la fiscalía federal no tiene intervención.

Por ejemplo, en el caso del juicio penal por la verdad por la Masacre de Napalpí, la sentencia es realmente contundente en cuanto a todas las consecuencias que provocó incluso hasta la actualidad y entiendo que habilitaría por ejemplo al IDACH como representante de los pueblos indígenas del Chaco a reclamar en un proceso civil una reparación económica.

REPARACIÓN SIMBÓLICA

Al tratarse de un juicio penal por el Derecho a la Verdad, el enfoque reside en medidas que promuevan la no repetición de la violencia institucional y el racismo. Y, en ese sentido, el precedente del Juicio por la Verdad de Napalpí (2022) ha sido fundamental. Es por eso que la Fiscalía ha adoptado una perspectiva intercultural, trabajando directamente en el territorio con las organizaciones del pueblo Moqoit. Este esfuerzo permitió localizar a once descendientes de sobrevivientes que ya han prestado su testimonio.

Según detalla Vigay, en los casos de las Masacres de Napalpí y de El Zapallar, las víctimas eran pobladores de la Reducción Napalpí y el gobierno Provincial del Chaco en la década de 1980 y 1990, como una medida de reparación, se llevó adelante un proceso de otorgamiento a los pueblos indígenas de las 25 mil hectáreas que formaron parte de la reducción. Actualmente esas 25 mil hectáreas son propiedad comunitaria indígena y están habitadas por unas mil quinientas personas de los pueblos Qom y Moqoit.

En cuanto a una sentencia por el Derecho a la Verdad por la Masacre de El Zapallar, Vigay señaló que se podrían pedir medidas de reparación que tengan que ver con la construcción de un Memorial en el lugar donde ocurrió, que se incorpore a la enseñanza en la curricula escolar de todos los niveles como se hace actualmente con Napalpí, que se continué con la capacitación a fuerzas de seguridad en DDHH de los pueblos indígenas, que se filme un documental por parte de la Universidad como ocurrió con Napalpí, que se promueva a los investigadores indígenas, que se amplie y consolide la educación bilingüe Moqoit, entre otras medidas similares.

“Las medidas que se proponen tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados, la dignificación de las víctimas, determinar la responsabilidad del Estado y promover la no repetición de la violencia institucional y el racismo hacia los pueblos indígenas”, agregó el fiscal.

EL APORTE DE INVESTIGADORES

«Son procesos que demandan tiempo de diálogo. Hemos aprendido a interactuar interdisciplinariamente con historiadores, antropólogos y archivistas; sin sus aportes sería imposible reconstruir un hecho de hace casi cien años», afirmó Vigay.

“En el caso de El Zapallar pudimos hallar a descendientes de los sobrevivientes, trabajando mancomunadamente con la organización comunitaria del pueblo moqoit, que realizó distintas reuniones en diversos parajes del territorio donde viven, donde pudimos contar en un lenguaje llano de que se trataba la causa judicial, cual era e, objetivo y la importancia de los testimonios. Son procesos que demandan bastante tiempo de diálogos”, detalló el fiscal.

También relató que estas instancias pudieron interactuar interdisciplinariamente con historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, psicólogos, archivistas y que los aportes de todas y cada una de estas disciplinas son indispensables para la reconstrucción histórica que demanda buscar la verdad de un hecho sucedido hace casi cien años atrás.

«Las medidas que se proponen tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica», seguró el fiscal.

“Si no tuviéramos todos esos aportes técnicos y profesionales, sería imposible hacerlo solo desde la Fiscalía. En este marco debe destacase el aporte de organismos públicos como la Universidad Nacional del Nordeste, la UBA, el Conicet, el IIGHI, el Archivo Histórico Provincial, la Dirección de Patrimonio Cultural, El RUV Registro Único de la Verdad, la secretaria de DDHH del gobierno del Chaco, el Comité Provincial contra la Tortura, entre otros”, cerró.

Fuente: EsChaco

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Estos trabajos, sumados a una brusca descarga del río Negro, generaron complicaciones en la captación de agua cruda. Como consecuencia, se produjo una disminución del caudal impulsado hacia los centros de distribución, lo que afecta la presión del servicio de agua potable en gran parte del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Desde la empresa indicaron que equipos técnicos se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad en las zonas afectadas.

El gerente general de Sameep, ingeniero Edgardo Altamirano, explicó que “estas acciones apuntan a mejorar el servicio tanto en calidad como en continuidad de producción, contemplando tareas de mantenimiento correctivo y preventivo dentro del proceso de potabilización”.

Por su parte, el gerente de Producción, ingeniero Aníbal Aquino, detalló que “estos trabajos son necesarios debido a que el río Negro arrastra carrizales, sedimentos y restos vegetales que provocan el taponamiento de los canastos de las bombas y de las cañerías que transportan agua cruda”.

En ese sentido, precisó que se realizaron tareas de limpieza en la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora N° 2, que abastece al AMGR, así como también en los canastos de los equipos de la obra de toma.

Además, en el marco de las tareas de desobstrucción de carrizales, troncos y ramas, colaboran equipos del COE pertenecientes a la Policía del Chaco, a quienes la empresa agradeció por su rápida intervención.

Aquino también señaló que, ante la disminución de caudales desde la estación de bombeo, se están ejecutando intervenciones en equipos de bombeo, tableros y arrancadores para normalizar el servicio en el menor tiempo posible. “El equipo de impulsión que se está interviniendo es el de mayor potencia de la sala de bombeo, compuesto por tres equipos de eje horizontal y dos de eje vertical”, detalló.

Finalmente, el funcionario pidió comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguró que “estos trabajos redundarán en una mejora sustancial de la calidad del servicio”.

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Desde la Policía confirmaron que se trabaja para identificar a los responsables y descartar riesgos concretos, en coordinación con autoridades educativas y familias.

Mensaje en un baño y un alumno bajo sospecha

Uno de los episodios ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica N°22 de Sáenz Peña, donde un estudiante encontró un mensaje escrito en el baño de varones que advertía sobre un presunto ataque armado previsto para el 23 de abril.

Tras la denuncia de la directora, intervino personal de la Comisaría Primera, que tomó declaraciones y avanzó en la investigación. En ese marco, un alumno de primer año fue señalado luego de ingresar al aula mencionando que “se iba a armar una tiroteada”.

El estudiante aseguró que se trató de una broma y negó haber escrito el mensaje, que ya fue eliminado. Sin embargo, la causa continúa para determinar responsabilidades.

Amenaza directa en Fontana

En paralelo, se registró un hecho de mayor gravedad en la EES N°36 de Fontana, donde apareció una amenaza explícita: “Mañana viernes 17 le descargo el 38 a Juan de 4° 3ra”.

La situación generó alarma inmediata. Como medida preventiva, la Policía recomendó que el alumno mencionado no asista al establecimiento, mientras se dispuso un refuerzo de seguridad en los horarios de ingreso y egreso.

Un fenómeno que se repite y preocupa

Los episodios en Chaco se dan en un contexto más amplio de amenazas similares en distintas provincias, como Corrientes, donde también se activaron operativos, controles y protocolos especiales.

Aunque hasta el momento no se registraron ataques concretos, las autoridades no descartan ninguna hipótesis: desde bromas de mal gusto o desafíos virales en redes sociales hasta situaciones con potencial riesgo real. Desde la fuerza provincial remarcaron que se busca evitar el pánico y garantizar la seguridad en las escuelas, mientras avanza la identificación de los autores de los mensajes.

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En febrero, el poder adquisitivo cayó 1,1% en el total de los registrados. Desagregando, los públicos aumentaron 2,3%, mientras que los privados lo hicieron un 1,6%, por lo que perdieron un 0,55% y un 1,3% de su poder de compra real, respectivamente.Informate más

Si se toma como parámetro el inicio del gobierno de Javier Milei, los salarios registrados pierden 8,87% real. Sin embargo, al desagregar los datos, los públicos fueron los más perjudicados con una caída del 18,35% del poder adquisitivo, mientras que los privados retrocedieron un 3,54% real.

En la variación interanual, el economista Hernán Herrera destacó que los públicos nacionales acumulan una caída de 8,87%, mientras que los provinciales una de 2,1% real y los privados una de 4,13%.

Sobre marzo, el economista Luis Campos resaltó que se espera una nueva caída del poder adquisitivo. Y es probable, debido a que el IPC se ubicó en el 3,4%, marcando su nivel más alto desde marzo de 2025. A la par, Equilibra sumó que «los gastos fijos treparon 5,1%», por lo que es probable que el ingreso real registrado y, especialmente, el disponible hayan retrocedido en marzo.

«Los últimos meses fueron duros», admitió la semana pasada el presidente Javier Milei en un extenso mensaje en redes sociales, donde también apuntó contra el periodismo y pidió «paciencia» a la sociedad. Sin asumir responsabilidades, el mandatario volvió a atribuir las tensiones económicas a «las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas».

Aunque de cara a abril, la expectativa inflacionaria podría moderarse y se espera que el índice de precios ceda. En esa línea, el economista de Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, se muestra positivo y afirma que «probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido».

Pérdida del poder adquisitivo

En línea con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la mora de las familias continúa subiendo: en febrero alcanzó el 11,2%, un nivel no visto desde el inicio del milenio. En el caso de los hogares, el endeudamiento irregular está en su nivel más alto desde 2004 y ya se multiplicó por más de 4 veces desde octubre de 2024, cuando era de solo 2,5%.

Es que el nivel de ingresos continúa deprimiéndose y las familias no logran alcanzar a pagar las deudas que contrajeron en el último tiempo, sumado a las tasas que aún continúan altas.

En tanto, el ingreso disponible registrado cayó 0,6% en febrero y un 2,8% interanual, quedando 11% abajo del nivel promedio previo a la transición de gobierno (enero-septiembre de 2023), según Equilibra.

«Los que menos perdieron ingreso disponible fueron los jubilados que no cobran la mínima (-0,4% mensual y -2,6% interanual) y los asalariados privados formales«.

«Los que menos perdieron ingreso disponible fueron los jubilados que no cobran la mínima (-0,4% mensual y -2,6% interanual) y los asalariados privados formales (-0,5% mensual y -1,6% interanual). En cambio, el ingreso disponible de jubilaciones mínimas (incluye bono) y trabajadores del sector público disminuyó 0,9% mensual cada uno en febrero; mientras que en la comparación interanual la merma asciende a 7,4% y 5,6%, respectivamente», resaltó la consultora.

En paralelo, esta semana se conoció que el mercado laboral continúa ajustando y se perdieron 124.735 puestos registrados (-1,2%) entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, según informó la Secretaría de Trabajo. Aunque, si se toma desde noviembre de 2023, inicio del mandato de Javier Milei, la caída del empleo alcanza a 322.412 personas (-3,1%).

Las novedades de esta semana no fueron positivas. A la par que se destruye el empleo, también se pierde tejido corporativo. En el sector privado se perdieron 1.632 empleadores durante enero, lo que implica una destrucción de más de 77 empresas por día laboral (21 días). En el primer mes del año, quedaron en pie 488.177 unidades productivas, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Si se toma en cuenta la pérdida de empresas desde el inicio del mandato, la cantidad es sensiblemente más grande: se destruyeron 24.240 empresas.

La entrada Los salarios registrados volvieron a caer y acumulan una baja de 4,3% en seis meses se publicó primero en El Diario de la Región.

El Recurso Extraordinario Federal fue presentado por el titular de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio, ante la Sala III de la Cámara Federal, con el objetivo de impedir la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 sancionada por el Congreso de la Nación.

La presentación cuestionó el fallo de la Cámara que ordenó cumplir con la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con ambos incisos y que manifiesta la inaplicabilidad del artículo 1 del decreto 759/2025.

El cuerpo de abogados del Estado nacional elevó el recurso con efecto suspensivo para no tener que abonar los fondos, cuyo plazo se venció este viernes a las 9.30. Sin respuesta de la Justicia y habiéndose cumplido el período estipulado por la Justicia, el Gobierno optó por insistir por la vía judicial para no acatar el fallo y evitar desembolsar las transferencias.

El Gobierno se prepara para llegar a la Corte y pide a los cortesanos que se excusen

Con la presentación, buscan ganar tiempo para llegar al Máximo Tribunal. En el marco del recurso presentado esta jornada, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a otros tres conjueces, según consignó el portal Infobae, dado que todos ellos son docentes universitarios.

En ámbitos judiciales, el planteo fue considerado «débil». La maniobra fue interpretada como una estrategia dilatoria similar a la utilizada durante el kirchnerismo para intentar apartar magistrados en causas sensibles.

En la administración nacional argumentan que la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario obligaría desembolsar unos $2,5 billones, lo que rompería el superávit. Sin embargo, no supondría un problema ya que, en caso de no quedar otro camino, aplicarían la motosierra en otras áreas, tal como aseguró el presidente Milei en diversas oportunidades.

De todas maneras, cuestionan que la normativa, aprobada y defendida en dos oportunidades por el Congreso de la Nación tras el intento de veto de parte de Nación, no prevé una fuente de financiamiento para cumplir con los desembolsos, por lo que no cumple con las leyes 24.629, 24.156 y de presupuesto 27.798, que requieren de la aprobación de partidas específicas.

Universidades reclamaron por los fondos para su funcionamiento

Mientras tanto, las universidades llevaron adelante este jueves una jornada nacional con 24 horas de acciones abiertas y públicas, en defensa de las instituciones, con clases en las calles, servicios gratuitos y jornadas de divulgación de ciencia y conocimiento, la comunidad científica, el ámbito científico y tecnológico universitario.

Así, volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ya que, según aseguraron, sin ella «la universidad pública y la ciencia nacional agonizan«.

Según explicaron en una carta abierta, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Por ello, resaltaron que «en todos los aspectos estamos funcionando a la mitad». Estos recortes incluyen el de los salarios docentes y por eso vuelven a destacar que «sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes. «.

A pesar de todas estas dificultades, en el comunicado ratifican «que la ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen«. En la legislación ratificada el pasado 2 de octubre, se busca en «los artículos 5 y 6», saldar muchas de estas problemáticas, pero sin su cumplimiento, resulta imposible.

Por lo tanto -dicen desde el comunicado- que han «notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo» al mismo tiempo que enviaron «a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario«.

Además, si la situación continúa tal cual está, en la carta resaltaron que volverán a «convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional».

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