Vto. 30/10

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La entrada EXPTE. N° 947/2026-4- P se publicó primero en El Diario de la Región.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el cadáver de la docente llegó al IMF poco después de las 2 de la madrugada y ya empezó a ser analizado.

Ayer, agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda hallaron el cuerpo de Godoy semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso y sin señal de celular, a unos 2,5 kilómetros de la escuela en la que dictaba clase y a más de 5 km de la estancia El Curupí. A pocos metros encontraron un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas.

Sin embargo, mientras se realiza ese procedimiento, las fuentes judiciales consultadas por este medio, confirmaron que al menos un objeto de la maestra: según dijeron, la Policía encontró el teléfono de la víctima, un elemento clave cuyos datos podrían aportar información de gran valor para la investigación. Se trata de un “importante hallazgo”, graficaron.

Una vez finalizada la autopsia, las fuentes explicaron que el decano del IMF le comunicará a la familia de Nancy, a través de videoconferencia, la causa de la muerte. Después de que los allegados a la víctima sean notificados, se darán a conocer los resultados públicamente.

Los acusados

Por el crimen, hay cinco detenidos. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que le mujer fue imputada por homicidio simple.

El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

De momento, la investigación apunta a un femicidio. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó el fiscal Javier Mosquera en la audiencia de imputación.

La zona del hallazgo del cuerpo

El hallazgo ocurrió ayer en horas de la mañana tras 21 días de búsqueda. Se realizó en una zona que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. Fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

El lugar forma parte de una región rural atravesada por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación densa. En varios sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos de búsqueda requirieron recorridas a caballo, además del uso de perros entrenados, helicópteros y drones, aunque la capa de camalotes dificultaba los rastrillajes aéreos.

La zona en la que apareció el cuerpo también carece de señal de celular. Esa falta de conectividad había sido uno de los obstáculos para reconstruir los últimos movimientos de la docente y para sostener las comunicaciones durante la búsqueda. Y por ello mismo también hoy se demoró la notificación del hallazgo. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y afectado por acción de la fauna y el agua.

En la escena se encontró algo más: a pocos metros del cadáver había un bolso. Fue allí donde se encontró el celular de la mujer.

Esos elementos quedaron incorporados al expediente y serán analizado como parte de las medidas de prueba ordenadas por los fiscales Mosquera y María Andrea González.

Las denuncias de Nancy y las dudas de la familia

Godoy llevaba semanas denunciando el abandono del establecimiento escolar: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de la provincia.

Ante la imposibilidad de quedarse a dormir en el establecimiento, Godoy pernoctaba en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que vivía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia. Esa cercanía entre ambas mujeres se convirtió, con el tiempo, en un dato central para los investigadores.

Mientras la causa avanzaba, Adán, uno de los hijos de la maestra, cuestionó públicamente la hipótesis adoptada por la Fiscalía, que es la del femicidio. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

El joven también apuntó al ex director del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, y sugirió que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado antes de desaparecer podrían estar vinculadas con el crimen. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo.

Con cuatro acusados por el crimen y un quinto detenido por falso testimonio, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Las pericias sobre el cuerpo deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte, mientras la Justicia busca establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existió un ataque sexual previo.

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A través de la exhibición de registros fílmicos incorporados al expediente, se avanzó en la identificación de efectivos policiales vinculados con las agresiones físicas denunciadas y en la reconstrucción del ingreso y traslado de personas detenidas dentro de la comisaría.

Cristian Borda identificó a efectivos policiales en los registros fílmicos

El primer testigo de la jornada fue Cristian Adrián Borda (39), quien actualmente presta servicios en Resistencia y en ese momento lo hacia en la comisaría de Fontana.

Durante su declaración, se reprodujeron distintos registros audiovisuales incorporados al expediente del Órgano de Control Institucional (OCI), así como filmaciones particulares, con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que se produjeron las agresiones dentro de la dependencia policial.

A partir de las imágenes, Borda reconoció a varios de sus colegas en los sectores del hall y la guardia de la comisaría. Entre ellos, identificó a Cristian Benítez, a quien observó portando una escopeta y posteriormente ingresando con anteojos; a Orlando Sergio Martín Cabrera, a quien reconoció en distintas secuencias, incluida una vinculada con una patada a un detenido; y a Sofía González, a quien identificó en el ingreso a la dependencia y en imágenes en las que se observa una cachetada a una detenida y el paso por encima de una persona reducida en el suelo.

El testigo también analizó secuencias correspondientes a distintos momentos de la madrugada y de las primeras horas de la mañana, entre las 5:30 y las 6:30. En ellas distinguió el traslado de un detenido al que describió como llevado “esposado y del pelo”, así como el ingreso de personas al sector de celdas, la presencia de personal policial femenino y la participación de efectivos vestidos de civil.

Su declaración permitió aportar elementos para la identificación de los agentes que aparecen en los registros audiovisuales y la reconstrucción de los movimientos y procedimientos desarrollados dentro de la comisaría durante los hechos investigados.

Marcelo Blanco aportó precisiones sobre el funcionamiento de la comisaría

En segundo término, declaró Marcelo Eduardo Blanco (40), actual comisario de la Comisaría Segunda de Barranqueras, quien en 2020 se desempeñaba como oficial principal en la Comisaría Tercera de Fontana, con funciones vinculadas a la gestión del personal y las licencias.

Su testimonio aportó información sobre la estructura operativa de la dependencia y las funciones que cumplían distintos integrantes del personal policial al momento de los hechos.

Durante su declaración, Blanco reconoció a Orlando Sergio Martín Cabrera, Diego Adrián Latorre, a quien identificó como el encargado de las llaves de turno, y Sofía González. También hizo referencia a su vínculo laboral previo con Cristian Eduardo Foschiatti.

El comisario describió además los procedimientos habituales para el descenso de personas aprehendidas de los móviles policiales y su posterior traslado hacia el sector de celdas, aportando información sobre el funcionamiento interno de la dependencia.

Los hechos investigados y la continuidad del juicio

La causa se remonta a la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron, presuntamente sin orden judicial, a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, durante el procedimiento y posteriormente en la dependencia policial, integrantes de la comunidad Qom sufrieron agresiones físicas, amenazas, vejaciones y otros hechos de violencia institucional.

El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate se demoró por sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Finalmente, las audiencias comenzaron el 5 de octubre de 2026, con diez efectivos policiales imputados por distintos delitos.

La próxima audiencia está fijada para el martes 3 de noviembre, cuando se espera que continúen las declaraciones de efectivos policiales para avanzar en la reconstrucción de los hechos. El cronograma contempla además nuevas jornadas los días 12, 17 y 30 de noviembre, y 1 y 3 de diciembre.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco participa como querellante en la causa, en la que se investigan los hechos de violencia institucional cometidos contra integrantes de la comunidad Qom en mayo de 2020.

Fuente: Prensa Comité contra la Tortura

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La medida fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud a través de dos resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial. La Resolución 3695/2026 dejó sin efecto la Resolución 13901/25 de la exAgencia Nacional de Discapacidad para las personas incluidas en su anexo. Según ese listado, son más de 21.800 beneficiarios con prestaciones suspendidas en su mayoría entre junio y agosto de 2025. Por su parte, la Resolución 3697/2026, firmada por el secretario Diego Pablo Masaragian, modificó los canales habilitados para pedir la rehabilitación.

La Resolución 13901/25 había sido dictada el 23 de octubre de 2025 y restableció el pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas durante las auditorías. Lo hizo en cumplimiento de una medida cautelar del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, dictada en la causa “Defensor del Pueblo y otros c/ Andis s/ acción de amparo”.

De acuerdo con la nueva normativa, las personas alcanzadas podrán solicitar la rehabilitación de su beneficio dentro de los 60 días corridos desde su notificación. Para hacerlo, deberán presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos personales o aportar los antecedentes necesarios para acreditar su derecho.

Además de las agencias y UGL del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las presentaciones podrán realizarse en las dependencias de atención de la Secretaría Nacional de Discapacidad habilitadas, a través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud disponible en su sitio web, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con el trámite “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”, o por correo electrónico a la casilla citacion@senadis.gob.ar.

La documentación será incorporada a las actuaciones administrativas y evaluada por las áreas competentes de la Secretaría, que determinarán si corresponde la rehabilitación.

En los fundamentos de la Resolución 3697, el organismo explicó que el cambio de canales busca “facilitar la recepción presencial de la documentación a través de una red de atención con presencia territorial”. Además, aclaró que la modificación no altera los requisitos para pedir la rehabilitación ni los efectos de la Resolución 3695.

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Godoy se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre. Desde Ctera, «abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base Suteco, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos».

Justicia por Nancy Godoy

Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de Ctera convocó para el jueves 29 de octubre a una Jornada Nacional de Duelo, con paro nacional, movilizaciones y acciones en todo el país, «para exigir Justicia por Nancy Estela Godoy».

«Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente», apuntó el comunicado de la central obrera.

En el mismo sentido, apuntó: «Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional».

Asimismo, «se mantienen todas las actividades previamente programadas por las entidades de base de Ctera —asambleas, congresos, elecciones y otras instancias de organización sindical—, que se desarrollarán en el marco del reclamo de justicia por nuestra compañera Nancy Estela Godoy», completó el comunicado de Ctera.

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La medida contempla los siguientes montos:

• Personal activo: $100.000.
• Personal jubilado y pensionado: $80.000.

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo y no bonificable; y será acreditado el 21 de diciembre.

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La situación del río Paraná

Frente al Chaco el río sigue estacionario: Barranqueras 7,23 m, Corrientes 7,38 m y Paso de la Patria 7,74 m, todos en evacuación. Más arriba ya baja: Itatí 8,18 m, Itá Ibaté 6,60 m e Ituzaingó 4,06 m, apenas por encima de su nivel de evacuación (4,00 m). El Iguazú continúa en descenso (12.300 m³/s en Andresito), aunque Puerto Iguazú sigue en evacuación (29,50 m).

En cuanto a Yacyretá, la afluencia este jueves es de unos 32.500 m³/s y la EBY prevé que baje a 30.000–33.000 m³/s en los
próximos días, con un descenso gradual de los niveles aguas abajo: Ituzaingó pasaría de 4,19 m a 3,8–4,1 m, es decir, saldría de evacuación y quedaría en alerta. En octubre la afluencia viene un 103 % por encima de su media.

En relación a Itaipú volvió a aumentar su descarga (unos 18.300 m³/s). En el Puente de la Amistad el río marcó 117,24 m y podría llegar a 117,96 m, muy cerca del umbral de “inundaciones moderadas” (118 m).

El último pronóstico del INA emitido el 27 de octubre, (el próximo sale este viernes30), frente a Corrientes–Barranqueras el río seguiría oscilando en aguas altas los próximos 7 días, con niveles por encima de la alerta y la evacuación, y con un descenso muy leve, más probable hacia el final de ese período.El tramo chaqueño se mantiene alto y estable por el remanso del Paraná. Puerto Bermejo dejó de subir y en Pilcomayo el río empezó a bajar; solo Formosa sigue creciendo, apenas 2 cm por día.

El comportamiento del río Bermejo

La cuenca alta y la media ya están en baja. En el tramo inferior la onda de crecida sigue su paso: Puerto Lavalle ya baja (1,69 m, tras un pico de 1,88 m el 25/10), mientras que El Colorado continúa subiendo (3,25 m) y General Mansilla está en crecida. Los niveles siguen lejos de sus máximos (6,50 m en Lavalle y 8,77 m en El Colorado) y el SMN prevé baja probabilidad de lluvias en la cuenca para las próximas 48 horas.

Población afectada, zonas y caminos

Según el Centro de Monitoreo y Operaciones, al 28 de octubre hay 1.473 personas evacuadas (427 viviendas) y 755 autoevacuadas (199 viviendas): en total, 2.228 personas. De los evacuados, 172 están en centros de contención provinciales y 1.301 son atendidos por los municipios.

El río Negro y las lagunas siguen con compuertas cerradas.

Pronóstico regional y perspectiva

Para este jueves, se espera cielo mayormente nublado; en Chaco y Formosa, baja probabilidad de chaparrones aislados a la mañana, y en el este del Chaco y norte de Corrientes, inestabilidad hacia la tarde y noche (mínimas de 14 a 19 °C, máximas de 24 a 29 °C).

El viernes mejora, con ascenso de temperatura (máximas de 26 a 32 °C).

El sábado, sigue el calor (29 a 34 °C en el oeste de Chaco y Formosa; 27 a 32 °C en el este), con inestabilidad a la mañana en el oeste.

Paraguay: lluvias y tormentas dispersas el jueves 29/10, sobre todo en el norte y el este (alrededor de 20 mm, con tormentas puntualmente intensas); mejora gradual el viernes y más estabilidad el sábado.

Sur de Brasil: lluvias y tormentas aisladas en el estado de Paraná y Santa Catarina el jueves 29 y el viernes 30.

Cuencas del Iguazú y el Paraná: tiempo seco hasta el 29/10 e inestabilidad débil a moderada, puntualmente intensa, del 31/10 al 2 de noviembre. La EBY no prevé lluvias de relevancia en su cuenca hasta el viernes 30.

La pausa de lluvias explica el descenso que ya se ve en Yacyretá e Ituzaingó. Pero el INA advierte que en 7 a 15 días son probables nuevos repuntes del Alto Paraná y del Iguazú, e incluso una nueva onda de crecida, porque prevé lluvias abundantes en el sector no regulado del Alto Paraná, probablemente durante la primera semana de noviembre. El efecto sobre Chaco dependerá de cuánto llueva realmente y de cómo evolucionen los caudales.

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Las proyecciones serán de 16 a 17.30 en el aula 6 del campus de Comtulab, Campus Sargento Cabral 2001, Corrientes.

“Convocamos a reflexionar comunitariamente acerca de la labor periodística y del rol de los medios de comunicación locales en dictadura y posdictadura” en el año aniversario por los 50 años del golpe. La invitación y la organización es por parte cátedras de la carrera de Comunicación Social de Humanidades y de Artes Combinadas de la FADYCC de la UNNE.

elDIARIO audivisual

Escribir la historia: a 50 años del golpe es un documental que registra las historias de vida de tres periodistas chaqueños que estuvieron en detención ilegal durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Las historias que ligan al periodismo, la democracia y la escritura como forma de libertad de Miguel Ángel Molfino, Luis Alarcón y Adolfina Mondin -relatada por su hijo, José Viñuela- se unen en este mediometraje.

La realización audiovisual está hecha por la cooperativa La Prensa Limitada, que edita elDIARIO de la Región, con la colaboración del Sindicato de Prensa de Chaco e Hijos Chaco. El proyecto nace a principios de 2026, cuando se convocó a una amplia comisión provincial para pensar el aniversario por los 50 años del Golpe Militar. Así, tras meses de trabajo intenso y autogestivo, el equipo cooperativo logró tejer estas tres historias modelo de lo que fue la persecución, la censura y la búsqueda de la libertad real a través de la escritura viva.

Producción y Entrevistas: Maria Elena Romero y Julieta Ortiz.

Dirección de Cámaras y Edición: Agustina Wischnivetzky y Sol Rebull Cubells

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En esta audiencia continuaron los alegatos de las querellas, quienes dieron un resumen crudo y pormenorizado de las pruebas testimoniales que existen contra el acusado de lesbicidio.   

Carolina Cymermman, abogada querellante de las víctimas Andrea Figueroa y Pamela Cobbas se enfocó en los testimonios de los testigos que estuvieron durante el incendio en la pensión de Barracas. Los registros testimoniales que presentó en su alegato daban cuenta de cómo Barrientos buscó a Andrea -luego de estar afectada por el fuego-, la golpeó y la volvió a arrojar hacia el incendio. La abogada se hizo eco de la conmoción de los tres testigos que, entre llantos al recordar esa escena, expresaron que “no podían creer tanto ensañamiento con una persona”.

Los alegatos de la Falgbt

Los alegatos de la Federación Argentina LGBT+ (Falgbt) en el juicio por el triple lesbicidio de Barracas son ejercidos a través de su equipo jurídico y la abogada Samanta Pedrozo. Se hicieron presentes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 5 de la Ciudad de Buenos Aires para su presentación. La Falgbt actúa como querellante colectiva e institucional en representación de los derechos de las personas LGBTIQ+ y  reclaman que el ataque sea juzgado y reconocido judicialmente como un lesbicidio y homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, y no como un simple conflicto vecinal o incendio accidental.

La acusación sostiene que el hecho no comenzó la noche del 5 al 6 de mayo de 2024 en la pensión de la calle Olavarría/Iriarte, sino que formaba parte de un hostigamiento previo sistemático, agresiones verbales (insultos referidos a las víctimas como «tortas» o «tortilleras asquerosas») y un clima de violencia machista y estructural contra las cuatro mujeres 

Pedrozo, abogada y activista lesbica, remarcó que había que tener en cuenta la culpabilidad de Barrientos. “Analizar la culpabilidad implica analizar la actitud interna, esa capacidad de internalización de la norma y de comportarse conforme a ella. ¿Sabía que estaba infligiendo la norma? Cuando logramos probar el elemento del odio, como fue en este caso, esa valoración nos permite concluir que la actitud interna era pésima”, expresó.

“Pudimos acreditar que hubo tres muertes, la tentativa de una cuarta muerte, pudimos acreditar que esa acción típica, antijurídica y culpable fue realizada por Justo Fernando Barrentos. Pudimos acreditar los motivos, y los motivos tienen que ver con la procedencia de los agravantes que pido. Las mató por odio, las mató por mujeres y las mató por lesbianas”, aseveró Pedrozo.“No quedó duda de que Barrento planificó el hecho”, añadió. 

Para la abogada, el contexto de violencia de género siempre estuvo presente: “durante todo este juicio siempre estuvimos hablando de un hombre que empleó todo su accionar violento en relación a cuatro mujeres que eran vulnerables”. “Estaban prácticamente solas en ese hotel, rodeadas de hombres. Son cuatro mujeres que eran víctimas de un hostigamiento que era sistemático y crónico. Todos los días las juzgaban, todos los días las miraban mal, todos los días las hostigaban, hasta que las mataron”. Los alegatos del lunes y el miércoles fueron de extrema crudeza ante la verificación cronológica de los hechos. Sin embargo, Pedrozo logró poner concepto jurídico, emoción y síntesis a la realidad que atravesaron las mujeres víctimas.

Precedentes para un crimen de odio

La jurisprudencia argentina en los últimos años ha incorporado de manera determinante el análisis del motivo de odio cuando se trata de delitos hacia las personas que integramos en la comunidad LGTB. En este punto, nombraron el caso que tuvo como víctima a Tehuel de la Torre, en la localidad de Alejandro Con, en la provincia de Buenos Aires. El 30 de agosto del 2024, el Tribunal de los Criminales 2 de la Plata dictó sentencia y condenó a Luis Alonso Ramos a prisión perpetua por el homicidio agravado por el odio de la identidad de género de la víctima. “Esa sentencia fue histórica porque se aplicó el agravante y se reconoció que el acusado planificó el hecho y ejecutó el hecho motivado por el odio. El odio no aparece cuando se pone en marcha el comienzo de ejecución, aparece en los actos preparatorios. Y en ese caso de Tehuel, el tribunal lo explicó y lo fundamentó”; dijo la abogada de la Falgbt.

Pedrozo nombró otra particularidad de este odio machista: no sólo se trata de matar, sino de hacer desaparecer lo tangible de esas existencias, algo que el fuego en el triple lesbicidio también acredita. 

También se mencionó el caso de Nicole Ruiz, una mujer trans que fue asesinada en La Plata a golpes. En diciembre de 2025, el Tribunal de lo Criminal 2 de La Plata aplicó el agravante del odio y explicó que la identidad de género de la víctima fue determinante para su selección y para la violencia que se desplegó al momento de asesinarla. “Lo interesante de este fallo es que refuerza la idea de que en estos casos el análisis de la prueba tiene que ser contextual, no como un crimen aislado”, subrayó.

Por último, nombró las reglas de Brasilia. Reglas internacionales que imponen a los Estados la necesidad de garantizar el acceso a la Justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, y que se reconocen en esas reglas la orientación sexual de las víctimas y la pobreza. “Este caso no se trata solo de cuatro mujeres lesbianas, se trata de cuatro mujeres lesbianas que eran pobres, que venían de vivir en la calle, sobreviviendo como podían, a la violencia, no solamente de los agresores, sino también del Estado”, indicó.

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Juzgado Civil y Comercial N°8

Vto. 29/10

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