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Avanza la causa por torturas en Malvinas

La Justicia federal de Tierra del Fuego procesó a cuatro militares del Regimiento de Infantería Nº 5 por torturas contra soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. En contacto con elDIARIO de la Región, Pablo Vassel, uno de los impulsores de la causa, destacó el carácter histórico de la resolución.

La jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, Tierra del Fuego, dictó un auto de procesamiento para cuatro militares integrantes del Regimiento de Infantería Nº 5 por torturas a conscriptos durante la guerra de Malvinas. Esta es la primera vez que la Justicia local procesa a exmilitares por crímenes de lesa humanidad contra sus propios subordinados.

elDIARIO de la Región se comunicó con Pablo Vassel, uno de los impulsores de la causa, originada en 2007 cuando era subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Afirmó: “Es un paso muy importante el de la doctora Borruto, de Río Grande, es un reclamo muy fuerte y muy sólido de Justicia. Hablamos de más de 200 testimonios de víctimas con relatos de torturas y vejámenes por parte de soldados pertenecientes a las tres unidades de las fuerzas armadas que actuaron en Malvinas”.

Vassel se dedicó a recopilar testimonios de combatientes correntinos, quienes le confirmaron que habían sido torturados en Malvinas. Varios dieron cuenta de la muerte de soldados por hambre. Y también se obtuvo el testimonio que alerta sobre un soldado muerto a manos de su cabo. En abril de 2007, se presentaron 25 testimonios correntinos y luego se recopilaron 200 más provenientes de distintos regimientos de todo el país.

“En este caso, se trata de casos que ocurrieron en un solo regimiento, el cual desde Paso de los Libres fueron destinados a Puerto Yapeyú. Se trata de un paso que permite creer en la Justicia” señaló.

El expediente investiga en total a 95 militares que fueron denunciados por 105 casos cometidos contra más de 120 víctimas. En su fallo, la magistrada ordenó un embargo de cinco millones de pesos (79.365 dólares) de los bienes de Garde y de un millón de pesos (15.873 dólares) sobre el patrimonio de los otros procesados.

Por su parte, desde el CECIM, organización que nuclea a excombatientes en el conflicto y querellante en la causa, destacaron: «La jueza entiende que los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, período en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales».

Asimismo, cabe recordar que en mayo de 2019 el juez federal de la ciudad austral de Ushuaia, Federico Calvete, llamó a declarar como indagados a 24 exmilitares acusados de torturar a sus combatientes durante el conflicto bélico de 1982 que enfrentó a Argentina con Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.

 

 

 

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