Hace unas semanas, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunció que se debatirá la posibilidad de bajar la edad de punibilidad e imputabilidad en menores.
En diálogo con elDIARIO de la región, analizaron esta cuestión Kevin Nielsen, integrante de la Asociación Pensamiento Penal y Lorena Padován, defensora General Adjunta de la Provincia e integrante del Comité para prevenir y erradicar la Tortura y los Malos Tratos que depende del Poder Judicial, además de ser referente del Tribunal Interamericano de Justicia y de la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina (Adepra).
Con posturas argumentadas desde distintos enfoques, coinciden ambos en que la baja en la edad no es la solución para disminuir la inseguridad y que además se estaría vulnerando los derechos sobre todo de los niños y adolescentes más pobres.
Kevin Nielsen inició dejando en claro que la postura de su asociación es que es necesaria una reforma al actual código pero que la respuesta no pasa por lo penal. Para ello, Nielsen explicó la diferencia entre imputabilidad y punibilidad. Comentó que debido al mal tratamiento que se ha hecho del tema se confunden ambos términos. La imputabilidad como la comprensión de la criminalidad y la punibilidad, como la condena propiamente dicha.
En el código vigente los menores de 16 a 18 años son imputables y punibles. “El código actual es viejo, es de la última dictadura militar y hay que actualizarla”, comentó y agregó que el juez actúa acorde a su interpretación para aplicar una pena: “No tenemos una ley que regule y aplique” en los casos de menores de 16.
“El actual es un proceso tutelar, que depende del juez, allí el menor no tiene garantías, no tiene derecho a defenderse, o sea que es peor que la de un adulto”, explica, por eso el fin de una reforma debería ser poder garantizar esos derechos vulnerados. Además, el Estado debería poder elaborar formas de contención para estos menores.
En este sentido, hizo otra distinción entre un enfoque preventivo, el cual viene detallando, y otro represivo, que es el que el Gobierno quiere implementar. “Es demagógico querer solucionar la inseguridad con más penas”, afirmó.
Padován coincide: cuando hay un “alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, esta medida incrementa aún más esa situación”. “Cuando hay ausencia de políticas públicas se incrementa el Estado represivo”. Si se abandona el paradigma de prevención, se recae en el de represión y esta vez “en la cara más dura que son los niños”, donde asegura ya hubo “un 100 % de ausencia del Estado”. “Nos preocupa cómo se está tratando de regular penalmente a la juventud”, aseveró.
Para el abogado, la Justicia debería tener una sanción no penal o penal atenuada en base a otras alternativas. Por ejemplo, la justicia restaurativa, que se centra en la reparación de los daños cometidos, incluso con una mediación entre las partes si fuera consentida.
Aclara que incluso la Unicef, en un informe de 2016 ha tocado este tema, dejando en clara la diferencia entre una respuesta penal sancionatoria o medidas profesionales integrales, dónde intervengan psicólogos, operadores sociales, entre otros. Se parte de la base de que el menor es siempre una víctima y que el Estado debe garantizar su protección y la de su familia.
Para Pensamiento Penal, hay un acuerdo en que se dé la discusión legislativa sobre este tema y se actualice el código. Es decir, que el menor tenga un juicio y sea sometido a un proceso, pero mientras este sea en el marco de un abordaje interdisciplinario.
Padován por su parte, hablando de todas las instituciones a la que pertenece, dice que lo positivo del tratamiento de este tema es la posibilidad de instalar en debate público la prevención de delitos en menores. Aunque explica, se trata más de estigmatizar al niño y a las clases sociales muy bajas y no de que no existe un presupuesto para su protección integral. Hay que reconocer que el sistema penal “es selectivo” para con estas clases sociales y otras como las comunidades aborígenes.
Refiriéndose a las declaraciones del ministro Garavano sobre la posibilidad de reinsertar a estos menores a la sociedad, Nielsen tambien fue taxativo: “No podemos hablar de reinserción cuando estos menores nunca estuvieron insertos en el sistema social, deberíamos hablar de integración”.
Consultado por elDIARIO de la Región sobre qué se hará con el mínimo de edad, comentó que es un punto muy importante determinar cuál es el límite de edad en el que puedo responsabilizar a un niño, niña o adolescente de sus actos. “Es ahí también donde se debe empezar a hablar de la responsabilidad social para con esos menores”, agregó.
Además mencionó que si bien el sentido común habla de que estos menores que caen en el sistema penal van a volver a robar, las estadísticas hablan de que su destino es generalmente la prisión o la muerte. Y que además cuando se habla de menores es en realidad de menores pobres, ya que con chicos de clase media el abordaje es distinto, por ejemplo desde la salud.
Continúa Nielsen: “Este tipo de debate no puede hacerse desde la coyuntura, si no desde patrones profundos que vienen desde las estadísticas”, argumentó y que tampoco puede darse desde un caso particular, ya que no obedece a una situación real macro. Y mucho menos cuando se trata de la población infantojuvenil y el segundo derecho jurídico en importancia que es la libertad.
El profesional se refiere al caso de Brian que usó el Gobierno como excusa para este proyecto de reforma. “El 99 % de los menores que dilinquen son por delitos contra la propiedad”, expresa, en distinción a la escasez de delitos hacia la vida por parte de los mismos.
Consideró también que esta reforma debió darse hace tiempo, pero que es ridículo, como han pedido algunos funcionarios, abrir extraordinarias para su tratamiento. “Estamos de acuerdo con el ministro en que se haga a través de una comisión durante todo un año legislativo”, aseveró.
“La discusión está inflada mediáticamente, no soluciona absolutamente nada y afectan garantías. Es sólo que da esa sensación (para el Gobierno) de que 'estamos haciendo algo' “.
Padován, por su parte, es contundente, dice que “no puede haber represión penal como prevención del delito”. De continuar con esta reforma en la baja de punibilidad, Argentina debería declinar la convención internacional de los derechos del niños, niñas y adolescente y decir por ley que no la ratifica. Sabiendo que esta convención es la que mayor adhesión internacional tiene. “Además, caería en una responsabilidad internacional”, alertó.
