En sus primeras declaraciones como titular de PAMI Sergio Cassinotti fue tajante al señalar que se dejaría atrás la política de subsidios de medicamentos de la obra social, eje central del sistema de atención, y a partir de allí se entraba en un escenario de todo vale con tal de reducir el déficit del organismo.
Y en línea con la mirada empresarial de gran parte del Gabinete nacional que concibe al área que le toque conducir con un criterio economicista y no de política de Estado, había que ajustar y no importaba cómo.
elDIARIO de la Región dialogó con la presidenta del Colegio Bioquímicos de Chaco, Cecilia López, y el vocal de la Comisión Directiva, Alberto Geijo, que describieron el complejo contexto en el que se encuentran a partir del cambio en el sistema de prestaciones que implementará PAMI y el que por estas horas intentan revertir.
“Es un sistema antiquísimo que ya fue probado y que no funcionó, que lo único que lleva es la subprestaciones y el empobrecimiento del sector”, señaló López.
En concreto, el cambio consiste en dejar de reconocer el total de prestaciones que brindaban a los afiliados y que luego eran abonadas de forma diferida en los meses previas auditorías y controles todos cumplidos por parte de bioquímicos chaqueños a pasar a una suma fija sin importar la cantidad de prestaciones, es decir una cápita según la cantidad de afiliados.
“No hay criterios médicos, solo hay una mirada economicista, hay números que tienen que cerrar y la única forma es con este brutal ajuste en las prestaciones”, consideró Geijo.
BAJAR EL PRESUPUESTO
Y DISCRIMINAR
Lo cierto es que más allá de algunos cuestionamientos al sistema capitado, lo que marca a la claras el prisma centralista de la Casa Rosada es que si bien se trata de una metodología que entrará en vigencia en todo el país, lo que se abonará no será lo mismo según el lugar en el que lleven a cabo sus tareas los bioquímicos.
“En Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Córdoba, la cápita que se abona es el doble de lo dispuesto para el NEA y el NOA”, expresaron los dirigentes sin poder encontrar argumentos que motiven esta decisión.
Para el Norte, este sistema implica una reducción presupuestaria que se calcula que ronda entre el 35 y el 40% para un sector que viene castigado hace tiempo y que no tendrá más opción que repensar nuevas formas de operatividad.
“Con la liberación del cepo del dólar se disparó el valor de los reactivos, aumentaron los servicios de luz y agua, siempre acompañamos como sector poniendo nuestro esfuerzo para no resentir el sistema pero este es un escenario en el que será imposible que se resienta el servicio”, señaló López para marcar ya casi como un dato anecdótico que la intención para este año era solicitar un incremento del valor de las prestaciones en el orden de lo que se fijó como inflación en el Presupuesto nacional y la respuesta fue una reducción en lo que se venía abonando.
LA GRIETA
Con la obligación de traer claridad a un tema complejo, Geijo apeló a la construcción que hace tiempo se acuñó en el inconsciente colectivo de la política conocida como “la grieta” para marcar lo que separan a aquellos que buscan el bien común de quienes se empecinan en impedirlo.
“El PAMI es quien crea la grieta, no nos causa ninguna gracia, que desinformen a la gente y quieran poner a los afiliados en contra de los prestadores, estamos ante un ajuste y será el PAMI el responsable político de esta situación porque nosotros podremos hacer las prestaciones hasta el nivel que nos paguen”, indicó.
Por su parte, López señaló que el tiempo es una variable que en esta puja no está del lado de los prestadores, ya que tienen tiempo hasta este miércoles para definir si aceptan el sistema capitado o de lo contrario quedan fuera del sistema.
El miércoles vence el plazo para rubricar un acuerdo que a todas luces no conviene pero que desecharlo implica poner contra las cuerdas a los laboratorios por el nivel de facturación que representa PAMI en el total de los ingresos.
“Estamos a favor de que se revise el presupuesto del PAMI, pero no con un sector que apenas representa el cinco por ciento del total de los fondos y perjudicando a los afiliados, este Gobierno hizo campaña prometiendo mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y estas decisiones solo llevarán a los jubilados a recurrir al ya saturado sistema público de salud, marcado por sus permanentes medidas de fuerza”, indicó López.
Como conclusión, señalaron que a esta última hora intentarán que sé marcha atrás con esta decisión y en caso de que finalmente se efectivice, las prestaciones no dejarán de brindarse pero no sería descabellado pensar en un sistema de turnos para que una orden con una serie de muestras que hasta hoy se hacían en una sola jornada ahora se desdoble en meses.
