En la mañana de este jueves 5, continuó la presentación del alegato del Ministerio Público por parte del fiscal Diego Vigay, con un detalle pormenorizado de cada uno de los casos e imputaciones en el juicio oral Caballero II por torturas, desapariciones forzadas y violación en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
Si bien se esperaba la conclusión de la acusación y el consiguiente pedido de pena para los ex represores imputados en la jornada de ayer, ello no fue posible dado lo avanzado de la jornada cuando todavía restaban varios hechos, así como la valoración de una serie de cuestiones de importancia respecto de cómo considerar los testimonios de sobrevivientes y las demás pruebas. Por ello, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 19, oportunidad en la que se espera culminar el alegato de modo definitivo.
Cabe remarcar que en el actual proceso versa sobre cuestiones que sucedieron en un centro clandestino que tuvo un primer juicio en 2010, en el que quedó probada la existencia de un espacio en el cual se realizaron detenciones ilegales y torturas de la más variada índole. De este modo, se llegó a un consenso judicial del tipo de delito especial que se juzga: se reconoció que el testimonio de la víctima sobreviviente tiene un rol fundamental. Esto se modificó, se le sumó el requisito de que esté corroborado por algún tipo de prueba, ya sea otro testimonio que ratifique o, algún tipo de prueba documental.
A partir del año 2016, esas cuestiones cobraron mayor relevancia. Es así como algunos tribunales pretenden un estándar probatorio más alto. Eso todavía no está definido pero hubo fallos que resultaron en absoluciones para imputados o fallos que en Casación revirtieron algunas condenas. Existe una corriente que plantea de que más allá de considerar crímenes de lesa humanidad cometidos en la más absoluta ilegalidad, muy parecidos -salvando las distancias – a los delitos de índole sexual en los que hay una víctima y un victimario en un “espacio cerrado” -y se tiene una serie de consideraciones- hoy muchos jueces revisan sus posturas y piden más elementos de prueba.
ALEGATO FISCAL
Con el objetivo de presentar ante las partes un detalle conciso y pormenorizado de cada uno de los delitos que se imputan, el fiscal Vigay enumeró los casos de personas detenidas en la ex Brigada de Investigaciones y cómo se endilgan los crímenes, a los represores imputados. Se trata de las detenciones y cautiverio de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista, Ligas Agrarias o el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ángel Mauricio Berger, Julio Baltazar Aranda, Emilio Eduardo Saliva (fallecido), Carlos Erasmo Aguirre, Roberto Alcides Greca, Juan Carlos Goya, Nora Valladares, Graciela de la Rosa. (En la audiencia anterior, se explayó sobre las desapariciones de Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel).
Tomando como eje cada detención, Vigay enumeró las imputaciones respectivas a Gabino Manader, uno de los jefes en la estructura clandestina, partícipe en torturas y violaciones, José Francisco Rodríguez Valiente, señalado como el encargado de fraguar declaraciones apócrifas obtenidas mediante palizas y amenazas, y los militares Luis Alberto Patetta, José Tadeo Luis Bettolli, encargados del enlace de Policía chaqueña con el Ejército, implicados en la desaparición forzada de Morel y Ayala.
También figuran como responsables de crímenes gravísimos Ramón Esteban Meza, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra y Miguel Pelozo. Además se imputa al excomisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el excomisario Miguel Garbi, por el caso de Nora Valladares, emblemático por el extremo de sadismo alcanzado.
En dos semanas, podrá saberse la cuantía de la pena reclamada y quedará el camino allanado para la presentación del alegato defensor y una vez concluida la etapa de réplicas y dúplicas, el dictado de la sentencia.
