Un día después de que el presidente, Mauricio Macri, anunciara su plan de ajuste y achicamiento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció ayer que el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, será el nuevo ministro de Agroindustria, en reemplazo de Ricardo Buryaile.
“Se trata de una muestra más de esta gestión de gobierno nacional que pone al Estado y sus recursos al servicio de los sectores económicos más poderosos de nuestro país”, dijo el secretario General de la ATE Chaco, Mario Bustamante. “Además, agravado en este caso por tratarse de un presidente de la Sociedad Rural, sobre quien pesan denuncias por explotación laboral y trabajo esclavo, y por ‘negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública’, en una causa del 2016”, señaló.
“Hace dos años venimos resistiendo despidos injustificados de trabajadores nacionales; listas negras; denunciando el vaciamiento de los programas y organismos; ahora este cambio no hace más que demostrar que no sólo piensan perpetuar esa política, sino que la piensan profundizar”, detalló Bustamante.
Y asimismo, sostuvo que “también se viene denunciando la ineptitud de los funcionarios que son puestos a dedo, y que usan los recursos del Estado como caja de política partidaria personal. Por ejemplo en la Subsecretaría de Agricultura Familiar en Chaco, donde nombraron coordinador a un protegido de Ángel Rozas, Gustavo Núñez, a quien desde ATE Chaco denunciamos por malversación de fondos y ahora también fue denunciado ante el Poder Judicial y también el Poder Legislativo provincial ‘por actos de discriminación’”, recordó.
Respecto de esa causa, señaló que en la denuncia, presentada originalmente la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano del Poder Judicial y replicada en medios locales, se establece que Núñez “deja en claro su profundo desprecio hacia la tipología de mujer mencionada en primer lugar, que, en general son las características determinantes de la población rural denominada de la ‘agricultura familiar’, población específica con la cual trabaja, por lo que recibe un sueldo del Estado Nacional, es decir de todos y cada uno de los argentinos”.
“Este escenario no hace más que volver a ponernos en un estado de alerta permanente y convocarnos y convocar a todos sectores del campo popular a organizarnos para resistir lo que se viene: no queremos más lo que vivimos en los 90’ y terminar como en 2001”, concluyó el dirigente sindical.
