El Gobierno de Chaco comunicó este sábado que tomó la decisión de que los agentes policiales imputados por los hechos de violencia institucional contra integrantes de la comunidad qom en Fontana no vuelvan al servicio activo. Los mismos se encuentran además de imputados en la causa penal bajo la órbita del Poder Judicial, bajo sumario administrativo llevado adelante por el Órgano de Control Institucional.
“Esta decisión guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la Provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos nacional e internacional asumidos a partir del caso Greco, así como por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de DD. HH.”, indica el comunicado oficial.
Cabe recordar que tras conocerse el miércoles que la jueza de Garantías N° 3, Rosalía Zozzoli, dispuso a libertad de los policías, quienes continuarían de este modo el procesamiento en libertad, la subsecretaria de Derechos Humanos y Géneros, Nayla Bosch, comunicó a elDIARIO de la Región que la medida será apelada.
Sin bien por el momento no cuentan con los fundamentos de la medida, Bosch adelantó que se solicitará la prisión para los imputados, y un cambio de caratula, con la incorporación de las figuras de privación ilegítima de la libertad agravada y que se cambie la calificación vejaciones por tortura.
La jueza de garantías revocó la imputación por el delito de detención ilegal y les dio la libertad, quedando imputados por (2) dos delitos y en libertad mientras dure el proceso. Es decir que revocó la ampliación de la imputación que hizo la fiscalía: sacó la detención ilegal, quedando así las figuras de allanamiento ilegal y las vejaciones.
LOS HECHOS
El 31 de mayo en Fontana tuvo lugar un violento operativo policial en la vivienda de una familia de la comunidad qom en el marco del cual los agentes Cristian Flores, Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera y Cristian Benítez fueron imputados por allanamiento ilegal, vejaciones y detención ilegal. Las víctimas relataron haber sufrido torturas y vejaciones por parte de los policías durante más de 5 horas, hasta que fueron liberadas.
A fines de junio los acusados fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, instancia que a su vez recibió esta nueva morigeración por la cual desde ayer el grupo de policías goza de libertad ambulatoria.
Este caso suscitó el repudio de organizaciones sociales y de buena parte de la comunidad, al punto que el hecho trascendió a nivel nacional. Tanto que el presidente, Alberto Fernández, sentenció que “las imágenes de violencia institucional que hemos visto en Chaco son inaceptables”, señaló.
