“Es una sentencia irrisoria, arbitraria y violatoria de los principios constitucionales”, calificó el abogado querellante Roberto Sotelo al fallo del titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Horacio Simón Oliva, que condenó a los cuatro imputados por el asesinato de Víctor Cindrich a una pena de tres años y ocho meses de prisión y a otro de los agentes a dos años. Los cinco quedarán en libertad ya que se encuentran detenidos desde el momento del hecho, el 17 de octubre de 2014.
En contacto con elDIARIO de la Región, el abogado que representa al Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes confirmó que la querella apelará la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia. "Es muy difícil hacer una valoración técnica y precisa del fallo porque es imparcial. Sólo se toma lo expuesto por Casación”, señaló.
La sentencia se basa en lo resuelto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que decidió modificar la calificación y determinó que se les fije una nueva condena respecto del delito de “vejaciones agravadas por el uso de violencia y con fines de venganza y homicidio preterintencional, en concurso real”. La pena para ese delito va de dos a nueve años de cárcel.
Ahora, los agentes Ernesto Catalino López, Héctor Fabián Méndez, Diego Juan Gallardo, Alfredo Fabián Dorado fueron condenados a una pena de tres años y ocho meses de prisión por esos delitos atenuados y, teniendo en cuenta el plazo de tiempo que llevan detenidos, quedarían automáticamente en libertad. En tanto, Rafael Toledo, quién estaba a cargo de la comisaría de Tres Isletas cuando mataron a golpes al Cindrich, recibió una pena de dos años.
“Es un mensaje que echa por tierra las conquistas en derechos humanos desde el advenimiento de la democracia teniendo en cuenta que la sentencia anterior fue de condena a perpetua”, sostuvo Sotelo.
Y aseguró que tras esa condena ejemplar se dio “un claro mensaje de que Chaco no permitía torturas pero con este fallo se vuelve atrás y se deja la vía libre a los policías que incumplen su función y comenten delitos irregularidades”.
En cuanto a la continuidad del proceso, explicó que la Justicia tiene diez días hábiles para dejar firme la nueva sentencia y que en ese tiempo se deberá analizar la apelación de la querella: “Recurriremos a instancias internacionales si corresponde”.
En ese sentido, recordó tras esa resolución de los ministros Rolando Toledo y Emilia Valle, que integraban en ese momento la Sala Criminal y Correccional del STJ, la querella presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal de la Nación dirima si la muerte de Víctor Hugo Cindrich.
“El debate se centra en la calificación atenuada y lo que hizo Casación es acomodar los hechos para minimizarlos y atenuarlos”, aseguró Sotelo y resaltó la imparcialidad del fallo al recordar lo sucedido durante la audiencia de alegatos en la Cámara de Oliva: “Quisimos expresar nuestras disidencias y el juez no nos dejó extendernos para explicar cómo se configuró lo que sostenemos fue la tortura seguida de muerte de Cindrich”.
EL HECHO
“Kakú”, como conocían todos a Víctor Hugo Cindrich en la localidad de Tres Isletas, fue detenido el 17 de septiembre de 2014 y trasladado a la comisaría local por un altercado con un vecino. En la comisaría, fue golpeado salvajemente y luego trasladado al hospital local “Jorge Vázquez” donde se constató que su muerte se produjo antes del ingreso al nosocomio.
En un primer momento, la versión policial dejó trascender que fue por un paro cardíaco. Sin embargo, poco después se conoció el acta de defunción firmada por el doctor Hugo Banegas donde se consignaba que falleció por un “politraumatismo de cráneo y hemorragia encefálica intracraneana” luego de recibir innumerables golpes de puño y patadas en la base del cráneo y también en el resto del cuerpo durante su paso por la dependencia policial.
