elDIARIO de la Región dialogó con uno de los tantos trabajadores contratados por la Provincia que el 29 de diciembre se enteraron por Whatsapp que empezarían el año sin trabajo. La cantidad de personal civil que cumplía servicios en Resistencia y el interior de la Policía y ahora quedaron sin contrato llega a casi 700 personas.
Según comentó el kinesiólogo que trabajaba en Medicina Laboral de la Policía a este medio, habían diferentes trabajadores cumpliendo en distintos departamentos: psicólogos, enfermeros, odontólogos, abogados, contadores, asistente social, arquitecto, ingenieros, personas que estaban en el área de comunicación de redes, en el 911 y video vigilancia, “prácticamente en todas las divisiones de la policía”.
“Si bien en mi caso este contrato no es mi único ingreso, representaba una parte importante de mi economía familiar ya que dejé de hacer otra actividad al ingresar a trabajar ahí”, explica este profesional, sobre las consecuencias de esta decisión tajante del Gobierno provincial. “Para muchos de mis compañeros este era el único ingreso o parte importante de su sustento familiar, y se vieron sorprendidos abruptamente con esta decisión del gobierno de no darle continuidad a nuestros contratos”, añadió.
“Entiendo que los contratos tienen fecha de caducidad y son temporales, pero la queja es porque hay muchos de nosotros que llevábamos más de 10 años” cumpliendo servicios al Estado. Como sucedió en casi todas las áreas de la administración pública, el sistema de contrataciones viene de arrastre incluso de gestiones anteriores. Sin embargo, desde 2023 inició una nueva modalidad de miedo de perder su fuente laboral, imprevisibilidad y falta de dignidad laboral con el personal contratado. El entrevistado lo explica así: “Primero se hacían contratos que se renovaban anualmente. Luego, todavía durante el gobierno anterior, nos renovaban cada seis meses. Después nos pasaron a monotributistas con renovación cada tres meses. Hace seis meses, los contratos se hacían mensualmente. A partir de allí empezaron a no renovar contratos”.
“A partir de 2024, nos obligaron a pasarnos a proveedores del Estado para no quedarnos sin trabajo, con la promesa de que iban a revisar nuestros legajos para un futuro pase a planta. Nunca se hizo”, indicó.
El profesional de salud consideró que “no hubo respeto, ni un mínimo de consideración -sobre todo para la gente que trabajó durante la pandemia- al decir que se deja de pagar a los civiles para hacer frente al pago de los nuevos agentes de policía, ya que supongo que al aprobar el presupuesto de la Provincia ese gasto ya estaba previsto”.
Se refiere a las declaraciones públicas del jefe de la Policía, Fernando Romero, quien expresó que la causa es “presupuestaria”. “Debemos contar con ese dinero para solventar la becas de los futuros agentes y haberes para los nuevos 487 agentes recién egresados”, dijo a otro medio local.
“Quedamos sin trabajo por esta política ridícula, mientras los funcionarios se aumentan el sueldo y se gastan millones en pautas publicitarias sin sentido”, enfatizó el trabajador desempleado.
