A sala llena el juicio oral de la causa Ligas Agrarias, quinto proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia, en el que se juzgan los homicidios de los dirigentes rurales Raúl Eduardo “Ñaró” Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, comenzó ayer por la mañana en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, con la lectura de la acusación Fiscal y la organización de común acuerdo con las partes de los debates. El proceso continuará el miércoles y jueves de la próxima semana, con el inicio de las testimoniales.
“Pedimos disculpas por el retraso, se trata de una causa compleja que implica el movimiento de muchas personas y la organizaciones de varios factores”, fueron las palabras del presidente del tribunal, Juan Manuel Iglesias, al inicio de la audiencia, cerca de las 10 de la mañana.
El puntapié inicial vino de la mano de la lectura de una minuta del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público en la que fueron precisados el contexto normativo de la represión estatal, pruebas documentales y análisis de los hechos que se juzgan. Por último, se especificó la correspondiente calificación legal que se endilga a cada imputado; a homicidio agravado a José Bettolli, Miguel Antonio González y Alcides Sanfenraiter, privación ilegítima y tormentos a Eduardo Wischnivetzky y encubrimiento a José Rodríguez Valiente.
“Surge que los hechos se ubican en el desarrollo de una gigantesca campaña de operaciones represivas a trabajadores rurales y dirigentes de Ligas Agrarias en el marco del Terrorismo de Estado llevado adelante por el gobierno de facto (…) No fueron hechos aislados sino una persecución sistemática”, indicaron los fiscales en el resumen del requerimiento. Las Ligas Agrarias fueron una herramienta fundamental para la organización del trabajador campesino, históricamente perjudicado por los monopolios comercializadores, los latifundios y la omisión de un Estado cómplice de las patronales agropecuarias. Una vez consumado el golpe del 24 de marzo de 1976 el movimiento liguista fue cruentamente reprimido y el gobierno de facto restableció los privilegios latifundistas.
DEBATE ABIERTO
Una vez culminada la lectura del documento, al que adhirieron las querellas, el juez Iglesias declaró abierto el debate y se avanzó en la organización de cuestiones preliminares; la declaración de imputados (se abstuvieron todos menos Wischnivetzky), y la organización de las pruebas testimoniales y su correspondiente grilla de 26 testigos previstos y cronograma tentativo.
La causa pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles, oportunidad en la cual será inaugurada la etapa de testimoniales con una lista de siete testigos. En razón de una apretada agenda de debates y otros compromisos ese día la audiencia comenzará a las 11 y se extenderá hasta la tarde. Luego continuará el jueves, desde las 9 hasta posiblemente las 15, también con una lista de entre siete y cinco testigos, pasando a cuarto intermedio hasta el 15 y 16, cuando se reanudarán las testimoniales.
PRESENTES
Raúl Gómez Estigarribia fue ultimado a balazos en el tórax, la pierna izquierda y una mano la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por Bettolli e integrado por Gonzáles. Carlos Piccoli se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Sanferraiter y Carlos Chávez.
En ambos el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que examinó los restos óseos exhumados de las víctimas fue concluyente respecto de que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial de “enfrentamientos”.
Como en cada inicio de juicio, la presencia de militantes de organismos de derechos humanos, y familiares de las víctimas y sobrevivientes se hizo sentir, en la vereda de la plaza central frente a la sede del Tribunal donde exdetenidos políticos instalaron fotos y pancartas y también dentro de la sala de audiencias, donde integrantes de la agrupación HIJOS Chaco colocaron unas fotografías de Piccoli y Estigarribia y un pañuelo de la agrupación, los cuales fueron retirados al comienzo del proceso. “No es el ámbito de la audiencia”, señalaron desde el tribunal.
WISCHNIVETZKY: “MEDALLA DE ORO”
El grupo de imputados se repartió del siguiente modo; en la sala de audiencia del TOF estuvieron presentes los expolicías José Rodríguez Valiente y Miguel Antonio González Gonzales. Rodríguez Valiente es un viejo conocido en estas lides luego de haber sido condenado en dos ocasiones por torturas en la ex Brigada de Investigaciones, donde revistaba como oficial sumariante; presente en casi todas las sesiones de tortura en la que se obtenían declaraciones falsas. Por ello se le imputa el delito de encubrimiento de los homicidios de Piccoli y Estigarribia mediante actas apócrifas en las que hizo constar los hechos como supuestos enfrentamientos.
El militar José Tadeo Bettolli siguió los debates por videoconferencia desde Buenos Aires, donde cumple dos condenas por crímenes de lesa humanidad (también en Caballero I y II) en el penal de Marcos Paz.
Alcides Sanferraiter y Eduardo Wischnivetzky participaron también por videoconferencia desde Sáenz Peña. De todo el grupo de imputados el único que hizo uso de su derecho a manifestarse ante el tribunal fue el ex comisario Wischnivetzky; quien luego de negar las acusaciones (“juro que jamás toqué a nadie”) ensayó una curiosa hipótesis de la razón que lo llevó al banquillo judicial: “Siempre actué en contra de la droga, en una oportunidad detuve a un concejal de Isla del Cerrito con 300 kilos de marihuana, esas cosas me hacen pensar que esto es una venganza”, planteó. Por último, afirmó: “Por los procedimientos que hice soy medalla de oro de la institución, y tengo una réplica del sable del general San Martín, jamás trabajé con la violencia sino con la inteligencia”.
El caso Wischnivetzky cobra relevancia porque amparado en su mayoría de edad fue beneficiado con la medida de prisión domiciliaria. No obstante ello fue denunciado tres veces por haber sido visto caminando por las inmediaciones de su vivienda.
Los restantes imputados ratificaron sus dichos en instrucción y por ello se incorporaron al debate cada una de las declaraciones. El imputado restante, Carlos Chávez, falleció, por lo cual se considera extinta toda acción penal contra su persona.
El defensor Carlos Decesare solicitó al tribunal que se exonere a su representado, Miguel Gonzáles, de acudir a las audiencias en razón de un supuesto cuadro de diabetes e hipertensión. Desde la Fiscalía remarcaron que el código procesal establece su permanencia en la sala audiencia, bien en un espacio contiguo y con la debida asistencia médica que fuere necesaria. El tribunal informó que analizarán la cuestión y que luego de cerciorarse del estado de salud de Gonzáles comunicará su decisión al respecto al reanudarse los debates el miércoles.
LAS PARTES
El Tribunal está constituido por los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Ramón Luis González y Rocío Alcalá. La acusación del Ministerio Público es cursada por los fiscales federales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini. Las querellas tienen la representación del abogado Mario Piccoli, hermano de Carlos, y por parte de la Secretaría de DD. HH. de la provincia, Duilio Ramírez, Silvina Canteros y Paulo Pereyra.
Juan Manuel Costilla ejerce la defensa oficial de Eduardo Wischnivetzky y José Tadeo Bettolli, Marcelo Valoriani lleva la defesa privada de Miguel Antonio González y Carlos Decesare representa a Alcides Sanferraiter. Los testigos familiares de las víctimas y/o sobrevivientes contarán con el acompañamiento y contención del Programa de Asistencia de la Comisión Provincial por la Memoria.
Así las cosas, a más de cuatro décadas de los hechos, y a dos años de cumplirse medio siglo del primer Cabildo Abierto de Ligas Agrarias, el juzgamiento a los crímenes contra el movimiento agrario que logró la más formidable reversión de la injusta distribución de la renta campesina, (llegando a generar el 80% del producto bruto provincial en 1975) continuará la semana que viene con las declaraciones testimoniales de familiares y, compañeros de militancia.
