El abogado Ricardo Osuna confirmó que asumió la defensa de Federico Clinis, Mauro Emmanuel Lugo y Yamil Gabriel Gane, tres de las personas investigadas en la causa federal conocida como «Caso Exen».
La representación será ejercida de manera conjunta con la abogada Gabriela Tomljenovic, en el expediente que tramita ante la Justicia Federal de Resistencia y que investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada, entre otras actividades comerciales, a la cadena de gimnasios Exen.
La investigación tomó trascendencia pública tras el despliegue de 18 allanamientos en Chaco y Corrientes, realizados en sucursales de la firma, domicilios particulares y otros establecimientos relacionados con las personas y sociedades alcanzadas por la causa.
Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, siete personas son investigadas por presunto lavado de activos, mientras que para cuatro de ellas también se analiza la posible aplicación de un agravante por habitualidad y actuación mediante una estructura organizada.
Durante los operativos se secuestraron vehículos, dinero, documentación, dispositivos electrónicos y equipamiento perteneciente a gimnasios. La investigación continúa ahora con el análisis de movimientos bancarios y patrimoniales, registros y operaciones relacionadas con activos virtuales.
Investigan el origen de las inversiones
Uno de los ejes de la causa apunta al crecimiento patrimonial de los involucrados y a la rápida expansión comercial de Exen, que abrió o proyectó distintas sedes en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes.
De acuerdo con la Fiscalía, el relevamiento realizado sobre el equipamiento permitió advertir diferencias entre el valor estimado de las máquinas instaladas y la documentación presentada para justificar parte de las adquisiciones.
Los investigadores también buscan determinar si los ingresos declarados resultaban compatibles con las inversiones efectuadas.
La pesquisa se inició a partir de información aportada por una persona incorporada al régimen del arrepentido, que permitió avanzar sobre una posible conexión entre los movimientos económicos investigados y una organización previamente vinculada a causas por narcotráfico, lavado de activos y armas.
Hasta el momento, no existe una determinación judicial definitiva sobre el presunto origen ilícito de los fondos ni sobre la responsabilidad de las personas investigadas, mientras continúa la producción y análisis de pruebas.
