A más de un mes de la muerte del Ismael Ramírez en las protestas ocurridas a principio del mes pasado en el supermercado Impulso de Sáenz Peña, la familia del menor espera que mañana preste declaración en la Fiscalía a cargo del fiscal Marcelo Soto, una mujer que aportaría datos claves para la investigación. “Su declaración ratificará lo que dijo el hermano de Ismael que esta con él en el momento del hecho y desmentiría algunas declaraciones realizadas por agentes policiales”, indicó en dialogo con Radio Libertad. La testigo pudo haber visto el momento en que el niño habría sido impactado y se habría desplomado herido.
Piccoli adelantó que también “se espera la declaración del personal de una carnicería situada en frente del supermercado y el autor del video que se viralizó por redes sociales”. A pesar de considerar que “son declaraciones de mucho valor para la causa”, el abogado señaló que en materia de autoría “todavía no existen avances sustanciales”.
“En tema de autoría no hay elementos contundentes y es bastante difícil avanzar en ese aspecto por ello, estamos buscando testigos que puedan aportar datos más concretos porque consideramos que hay testigos per no quieren hablar por miedo”, mencionó.
En ese sentido, la querella presentó un escrito “solicitando a la fiscalía que analice la posibilidad de ofrecer una recompensa para ver si podemos dar con un testigo que declare sobre el hecho”. Lo que llevo a realizar el pedido es el lento avance de la causa: “hace un mes el expediente está sin avanzar sustancialmente, es decir, el tema de la autoría no avanzo”.
“Nosotros suponemos que tres o cuatro personas saben exactamente que es lo que paso, porque en cada sitio independientemente del lugar del hecho, hay cuanto menos 15 personas. Pero hay miedo y la gente no quiere declarar, capaz con un aporte de dinero puedan animarse a decir algo”, remarcó y añadió: “la investigación es débil, también es cierto que no hay elementos sobre los cuales trabajar”.
RETENCIÓN DE TARJETAS
En cuanto al expediente paralelo que abrió la fiscalía para investigar la retención de tarjetas por parte de los dueños del supermercado, Piccoli, sostuvo que pedirán constituirse como querellantes en dicha causa. “Todo indica que la cuestión comenzó por un reclamo en las tarjetas tanto alimentaria y débito y algunos intentaron ingresar al local”, recordó.
Todavía falta que declaren personas al respecto pero aseguró que “por declaraciones se supo que el supermercado le fiaba y retenía la tarjeta, el documento y luego el supermercado se cobraba. El procedimiento es ilegal y aparentemente los dueños se sobrepasaron del acuerdo que tenían”.
