La secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, en diálogo con radio Libertad, se refirió a la decisión del Estado de presentarse como querellante en la causa que cuenta con cinco uniformados detenidos. «De ninguna manera se puede sostener la impunidad de estos hechos» sostuvo
«Estamos muy preocupados y ocupados», afirmó Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, quien añadió que «es un hecho que sirve para llamar la atención de manera estructural a cómo funciona la fuerza de seguridad y la policía en el Chaco y también para llamar respecto de la problemática de racismo que existe en nuestra provincia, me parece que hay que poder decirlo con todas las letras, en un contexto donde la discriminación es parte». La funcionaria recordó que desde el inicio de la gestión se dieron varios hechos similares de violencia institucional relacionados con actitudes racistas.
Por otra parte, sobre el suceso relató que «se recibió la información un par de horas después del hecho inmediatamente se dirigieron hacia la localidad de San Martín donde constataron la existencia de una ‘pueblada’ para exigir garantías en la investigación». Pérez señaló que se dialogó con referentes locales y se solicitó la intervención de la Fiscalía de DDHH y la intervención del INESIFE de Resistencia, que es el único que puede aplicar el Protocolo Minessotta” para investigar el hecho desde la violencia policial.
Al llegar, recuerda Pérez, pudo observar una escena muy dolorosa: los vecinos y familiares de Josué Lago cuidaban y custodiaban el cuerpo. Del mismo modo, pudo atestiguar la presencia de otros niños heridos por balas de goma.
Aparentemente, la situación se da luego de la intervención del personal policial en una trifulca barrial, lo que se desbordó de forma tal que el joven fue herido de muerte. “La lectura que hicimos desde la secretaría hasta hoy es que la pueblada se produce cuando la misma policía que toma intervención ante un hecho de una demanda y conflicto barrial común, la misma policía intenta acercarse al cuerpo de Josué y es ahí cuando la comunidad organizada expulsa y se dan los hechos que luego aparecen tergiversados que tienen que ver con el desalojo de una seccional, esto recogí personalmente del relato de la comunidad” explicó Pérez.
«Es un hecho en el cual la policía interviene usando la fuerza de manera criminal», afirmó Pérez. A su vez, la funcionaria afirmó que existen videos donde consta la existencia de armas de fuego – indicado por uno de los uniformados acusados -, los cuales serán analizados.
Respecto de las movilizaciones que se dieron en la última jornada en la capital chaqueña en contra de que el Estado se presente como querellante, Pérez señaló que fue un pedido de los familiares que el Estado sea querellante del caso.
“Entiendo perfectamente la desconfianza al estado frente a la violencia institucional, no es la tradición de la secretaría pero por otro lado ahí hay algo complejo que lo debatíamos con abogados y equipos de la secretaria que tiene que ver con que nuestra área tiene la obligación de investigar al Estado cuando comete delitos de estas características” agregó
«Recibimos desde la Secretaría denuncias de aprietes por parte de la Policía», reconoció la funcionaria y añadió: «Hay que ser muy cautelosos en este tipo de casos porque hay como una cofradía dentro del órgano policial que funciona como método de autoprotección».
Por otro lado, destacó la intervención de Gendarmería Nacional en los procesos de peritaje en coordinación con la Jefatura de Policía.
Por último, la funcionaria ratificó su compromiso en darle continuidad a la investigación para que se conozcan los responsables.
