Por Gonzalo Torres
Primero fue el 12 de diciembre de 2010 (causa Caballero I), luego el 16 de mayo de 2011 (Causa Masacre de Margarita Belén), seguido del 26 de abril de 2013 (Causa Tozzo, MMBII) ; y desde ayer, el 31 de mayo de 2018; la fecha que le faltaba al calendario del Juicio y Castigo en Chaco, la sentencia del juicio Oral Caballero II y once genocidas condenados de modo contundente, en un fallo que reconoce la existencia de un plan sistemático de represión que en el marco del cual se perpetraron detenciones ilegales, la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, y casos de desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones, el centro neurálgico del terrorismo de Estado en el NEA.
El único punto en contra, la absolución de Miguel Pellozo, llevado a juicio por un hecho, no le hace mella al balance final satisfactorio, y asimismo se trata de una cuestión que será objeto de una oportuna apelación por parte del Ministerio Público.
Dos son los elementos que hacen a este balance: el primero es el contexto y el segundo el contenido. En ese sentido, cabe remarcar que este proceso fue el que más se dilató de todos los realizados en la provincia, y tuvo que atravesar los vaivenes políticos nacionales (intento de aplicación de computo 2×1 y resurgimiento de la falaz teoría de los dos demonios), el privilegio de excarcelación al genocida Gabino Manader, uno de los jefes de la “patota de Investigaciones”, y aún la desaparición física del abogado y militante Mario Bosch, uno de los emblemas del juzgamiento al terrorismo de Estado cuando el juicio oral recién comenzaba.
La modalidad de intervenciones casi permanentes a lo largo del debate por parte de varios de los imputados (el beneficiado con domiciliaria Manader y Rodríguez Valiente y Patetta, fueron los más locuaces del grupo) fue otro punto en el que el juicio se diferencia de procesos anteriores. Asimismo, la postergación de la semana pasada, y el retraso de casi dos horas en el dictado de la sentencia ayer, encendió alarmas en más de uno.
No obstante, la verdad histórica, de la mano del relato de sobrevivientes que con una insistencia a prueba de chicanas y ninguneos de todo tipo logró imponerse en los estrados judiciales. Y aquí entra a jugar el contenido. Si bien los fundamentos en extenso serán dados a conocer el 13 de agosto, en diálogo con elDIARIO de la Región, el fiscal Diego Vigay remarcó la importancia de varios elementos presentes en las once condenas que no formaron parte de la causa anterior, Caballero I, en la cual se condenó con altas penas por crímenes en la ex Brigada pero sólo por la comisión de torturas.
JUICIO Y CASTIGO RECARGADO
“Es una muy buena sentencia, en la que se dan por comprobados el 99% de los hechos denunciados, y se profundiza el juzgamiento en el sentido de condenar por privación ilegítima de la libertad como delito, esto es, se considera que los operativos de detención eran ilegales, sin orden judicial, con detenidos sin defensores y bajo clandestinidad”, afirmó.
“La segunda cuestión es reproche penal contundente e inédito en dos hechos de violencia sexual imputados a Gabino Manader y Albino Borda, quien fue condenado a 21 años de prisión por cuatro hechos, pero se tuvieron en cuenta las violaciones que se le imputaron, de forma tal que Manader y Rodríguez Valiente, ambos como más hechos, recibieron una condena cercana en la cuantía, a 25 años y 20 años respectivamente”, explicó.
Asimismo, con Caballero II se deja sentado la existencia de desapariciones forzadas en la Brigada: “Se comprobó el destino final del matrimonio de Pedro Morel y Sara Ayala, vistos con vida por última vez en los calabozos de la Brigada, bajo responsabilidad del Ejército y de la Policía de Chaco, lo que refuerza la hipótesis respecto de otros cuatro casos similares, también de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores”.
GENOCIDAS BAJO CONDENA
A continuación, la lista de implicados y sus penas respectivas. Gabino Manader fue condenado a 25 años de prisión por diez casos de tormentos y privación ilegítima de la libertad y un caso de violación.
José Rodríguez Valiente, condenado a 20 años de prisión, por siete casos de tormentos y seis de privación ilegítima de la libertad, de ellos, dos de desaparición forzada (matrimonio Ayala Morel).
Ramón Meza, condenado a 19 años por seis casos de tormentos y privación ilegítima en cinco hechos, dos por desaparición forzada.
José Marín (alias “cabo Sotelo”, el acordeonista,) a 18 años de prisión, por cinco hechos de tormentos y seis de privación ilegítima, dos de desaparición forzada.
El militar Luis Alberto Patetta, condenado a 19 años de prisión, con seis casos de tormentos, seis de privación ilegítima y dos desapariciones forzadas.
Jorge Ibarra fue condenado a 12 años de prisión por dos casos de tormentos y dos de privación ilegítima de la libertad.
Enzo Breard recibió la pena de 18 años de prisión, (cinco hechos de tormentos y cinco de privación ilegítima, dos de desapariciones forzadas).
El exmilitar José Tadeo Bettolli fue condenado a 12 años, por dos hechos de privación ilegítima y de desaparición forzada.
Albino Borda a 21 años de prisión por cuatro hechos de tormentos y privación ilegítima de libertad, dos hechos de desaparición forzada y por “abuso sexual calificado”.
Musa Azar y Miguel Garbi, policías de Santiago del Estero, cada uno con la imputación del caso de la detención y abusos a una detenida política, fueron condenados a diez años de prisión.
El único absuelto es Miguel Pellozo, quien fue llevado a juicio por la detención y las torturas a Carlos Aranda, con la dificultad de que, si bien fue reconocido por fotografías de la época como interviniente en el centro clandestino de Marcelo T. de Alvear 32, en su legajo consta que no estuvo en la Brigada en el año 1976. No obstante, desde la fiscalía adelantaron que se realizará una apelación ante Casación por este caso.
30.000 PRESENTES
A tono con lo que fue todo el proceso, la sentencia tuvo un retraso de casi dos horas, y fue leída por el presidente del tribunal Eduardo Belforte, flanqueado por los jueces Aldo Alurralde y Juan Manuel Iglesias, cuando faltaba muy poco para las 13, ante una sala de audiencias repleta de sobrevivientes, familiares, con organizaciones sociales y organismos de derechos humanos y particulares congregados en la vereda y la calle del Tribunal Oral.
Los imputados presentes, Rodríguez Valiente, Jorge Ibarra, Albino Borda y Héctor Marín, ingresaron prácticamente luego de que lo hiciera el tribunal, y siguieron la lectura cabizbajos, sin emitir opinión. Pudo verse a familiares de Rodríguez Valiente, pero nadie más.
En la sala de audiencias, el público cumplió a raja tabla con la advertencia del presidente Belforte, que apenas saludó y planteó la prohibición de cualquier tipo de manifestación durante la lectura.
La “barra de la memoria” ni siquiera se quejó cuando se supo la absolución de Pellozo, masticando la bronca con respetuoso silencio, pero cuando los magistrados se levantaron de sus asientos y abandonaban la sala, comenzaron las arengas.
De modo incomprensible, en vez de continuar sus pasos y salir del recinto, Belforte amagó con censurar las manifestaciones de júbilo y pidió silencio. La respuesta fue un estruendo de voces retumbando por la presencia de los 30.000 y hasta varios “¡Viva Perón!” y sobrevivientes, familiares, estrechándose en abrazos y saludos, con todas las emociones, mientras sus señorías optaban por abandonar la sala de una vez por todas.
Y lo que siguió fueron los festejos: en la calle y en la Casa por la Memoria. Una bocanada de aire fresco que impulsa a continuar por la senda de la Justicia, la memoria en un contexto regresivo para las mayorías populares.
El “aguante” en lavereda del TOF, con lecturas urbanas
Mientras en el Tribunal Oral Federal de Resistencia se aguardaba por la sentencia, durante la mañana, en la vereda, estuvieron apostadas varias agrupaciones sociales, referentes políticos y de organismos de DD. HH., como HIJOS Chaco, Ex Detenidos Políticos, y la Comisión Permanente por los DD. HH.
La senadora María Inés Pilatti Vergara estuvo en la audiencia, acompañando las condenas. En la calle, estuvo presente la diputada provincial Gladis Cristaldo, el diputado Daniel Trabalón, el concejal y referente de La Cámpora, Rodrigo Ocampo.
Durante la espera, se desarrolló el ciclo de Lecturas Colectivas, con Poesía Diaria, una selección de poemas de familiares de desaparecidos publicados hace varios años en Página 12.
La selección de los poemas fue de Virginia Giannoni, y también del “Cancionero popular por la Memoria”, con autores como Charly García, León Gieco, Bersuit entre otros. Pusieron el cuerpo y voz para la experiencia las militantes de Revuelta Feminista, HIJOS y militantes barriales. “El concepto de lectura pública en espacios urbanos nos abre a nuevas experiencias en las que buscamos crear una conversación colectiva, reunir a los ciudadanos en torno a una imaginación literaria común y auspiciar un espacio discursivo inclusivo para la comprensión mutua promoviendo la convivencia”, explicaron desde el programa de la Subsecretaría de Cultura e Identidad Local del Municipio de Resistencia.
Cabe remarcar que este tipo de iniciativas usan al espacio público como plataforma para promocionar obras de creación literaria a un público masivo, fomentando la lectura colectiva en lugar de la individual y promovemos el acceso a la literatura en espacios no convencionales.
Caballero II: antecedentes y partes
La causa Caballero II (llamada así por el represor que encabezaba la nómina de imputados del primer juicio por torturas en la Brigada, Humberto Lucio Caballero, fallecido) comenzó su etapa de juicio oral el 16 de junio de 2016, y se caracterizó por testimonios de sobre la crueldad extrema de los represores imputados, que “hicieron lo que quisieron, sin límites de ningún tipo y fuera de los patrones de lo que uno entiende como comportamiento humano”, según precisó una de las últimas declarantes.
El tribunal, estuvo integrado por los jueces Eduardo Belforte (presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia).
La acusación fue realizada por la Fiscalía Federal, representada por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini y las querellas, en representación de la Secretaría de DD. HH. de la Nación de Mario Bosch, hasta su fallecimiento, y consiguiente incorporación de Manuel Brest, de Corrientes y de la Secretaría de DD. HH. de la Provincia, representada por Paulo Pereyra y Silvina Canteros. Juan Manuel Costilla ejerció la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pellozo, defendido por Néstor Cáceres.
