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Causa Mazzoni – Casco: a un año de la sentencia a los civiles del genocidio

Esta semana se cumplió un aniversario de la histórica condena al exfuncionario judicial Roberto Mazzoni y el expenitenciario de U7 César Casco, por apremios ilegales y tormentos agravados. Se resolvió declarar que los hechos juzgados son delitos de lesa humanidad.

El jueves 1°, tuvo lugar el primer aniversario del que fuera el sexto juicio oral por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en Chaco, y a la vez el primero con condenados civiles: el exfuncionario judicial Roberto Mazzoni y el expenitenciario de la U7 César Casco.
Ambos fueron encontrados responsables de apremios ilegales y tormentos agravados por el l tribunal que integraron Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa.
Ese día la sentencia llegó luego de una espera interminable, pasadas las 20 de la noche cuando originalmente se había informado que la audiencia comenzaría a las 10, y luego de sendas postergaciones a lo largo del día. La importancia de este fallo radica en que la represión genocida está íntimamente ligada a la impunidad que facilitara el poder Judicial en Chaco y constituye un hito ya que Chaco es la única del nordeste en la que se llevó a juicio a la cúpula del Juzgado Federal que durante la última dictadura dio la cubertura legal a los operativos de secuestro, tortura y eliminación de militantes. Si bien el exsecretario judicial y luego fiscal Roberto Mazzoni fue el único condenado, también fueron procesados por hechos similares el exjuez Luis Córdoba y el secretario Carlos Flores Leyes, quienes sólo por haber fallecido eludieron una sentencia condenatoria.

CIVILES DEL GENOCIDIO
Mazzoni integró el dispositivo judicial (junto con los fallecidos Luis Córdoba, Rescka y Flores Leyes) de blanqueo de la represión del terrorismo de Estado. Casco por su parte es recordado por la “crueldad militante” con la que trató a los detenidos políticos que pasaron por la U7, donde era uno de los jefes penitenciarios. Fue uno de los encargados de “entregar” al Ejército a los presos que fueron sacados de ese penal para luego ser fusilados en la Masacre de Margarita Belén.
La etapa de juicio oral de la causa comenzó el 4 de julio de ese año, habiendo declarado exdetenidos y detenidas por razones políticas y también un integrante del servicio penitenciario.
A Roberto Mazzoni se lo condenó a la pena de 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. En este caso el Tribunal interpretó como un agravante el tormento psíquico propinado por Mazzoni en los hechos denunciados por las exdetenidas Mirta Clara y Gregoria Pérez, tal y como fue solicitado en los alegatos de las querellas por Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación.
César Casco fue encontrado autor penalmente responsable de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político en los hechos denunciados por Hugo Dedieu a 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

DETENIDAS Y SOBREVIVIENTES
En cuanto al “tormento psíquico”, el de María Gregoria Pérez es un caso emblemático de la absoluta indefensión que padecieron las presas políticas. Fue detenida un 21 de octubre de 1975 y confinada durante 15 días en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco. Luego sería trasladada a distintos penales del país hasta su liberación el 22 de junio de 1982.
En la Brigada, primero fue torturada con una ferocidad que superó con creces los altos niveles de violencia habitual en ese centro clandestino de detención. Tenía 20 años.
Luego, fue revictimizada por el en ese entonces secretario del Juzgado Federal de Resistencia Roberto Mazzoni, quien se negó a tomarle declaración e incluso buscó intimidarla blandiendo un arma cargada, obsequio del jefe de la patota de torturadores Carlos Thomas.
Las gravísimas secuelas producto de la tortura le ocasionaran la necesidad de realizarse 11 intervenciones quirúrgicas con el correr de los años, luego de su liberación. Cuando preguntaba por qué la habían detenido le respondían “por subversiva” y eso era todo. Se dedicó a la docencia hasta 1969, cuando comenzó los estudios de enfermería. Después de recibirse trabajó en un hospital. Gregoria Pérez declaró en el juicio oral por la causa Caballero Brigada, por torturas en la ex Casa por la Memoria, en 2010, y luego en este juicio oral.
Por su parte, Mirta Clara, referente histórica del Juicio y Castigo en la región, fallecida en 2016, compañera del fusilado en la Masacre de Margarita Belén Néstor Sala, padeció toda la batería de torturas y vejámenes destinadas a las presas políticas. En diciembre de 1975 declaró en el juzgado Federal ante Mazzoni, y le denunció los hechos, así como exigió cuidados por su embarazo. La respuesta de Mazzoni fue categórica; alzó el teléfono exclamó; “¿Brigada, a la señora Sala es necesario preguntarle algo más?”. Ante ese reconocimiento de parcialidad Sala optó por no declarar.

SEXTO DEL JUICIO Y CASTIGO
Tanto la querella de la Secretaría de DD. HH. de la provincia y la de Nación habían pedido a 18 años de prisión para Mazzoni y 20 años para Casco y la fiscalía federal 16 años (Mazzoni) y 19 (Casco). Por parte de las defensas se alegó la nulidad y absolución. De todos modos, la salomónica decisión de los jueces Iglesias, Belforte y Spessot no dejó de ser histórica en tanto se trata de la primera en su tipo con condenados civiles.
De este modo, el 1 de octubre, mes de luchas y resistencias populares, ingresa al calendario victorioso del Juicio y Castigo, junto con el 12 de diciembre de 2010 (causa Caballero I), luego el 16 de mayo de 2011 (Causa Masacre de Margarita Belén), seguido del 26 de abril de 2013 (Causa Tozzo, MMBII); y el 31 de mayo de 2018; (Caballero II) y el 25 de junio de 2019 (Causa Ligas Agrarias).

 

 

 

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