El letrado, José Galassi, defensor de una de las imputadas (ocupaba el rol de secretaria de la asociación civil) por la causa No Me Olvides, explicó a radio Facundo Quiroga como viene avanzando el juicio que investiga hechos de explotación sexual. “Estamos llevando adelante el debate de esta causa que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal donde hemos pasado a cuarto intermedio”, afirmó el abogado. Añadiendo, “este lunes seguirán los debates de las partes para definir como avanzan con los testimoniales”.
Galassi comentó a su vez, “el proceso se divide en dos partes importantes, una es la investigación fiscal preparatoria, a cargo del Ministerio Público Fiscal; mientras que la otra parte es el debate, propiamente dicho, la cual es la etapa donde se vuelcan todos los elementos de cargo y de descargo que tenemos las partes para determinar si hay existencia o no de delito y volver todo lo que hace referencia a las cuestiones que podamos plantear las partes para llegar a la verdad”.
“BASTA DE LA HIPOCRECIA”
En la nota radial, Galassi fue apuntó a la hipocresía con la que se manejan ciertas esferas públicas cuando se trata de casos de abuso sexual, pero que la protección que prometen no se dio en esta causa, “hay que dejar de ser ingenuos e hipócritas. Hoy están en boga la Ley de la Victima, Trata y Tráfico de persona, de hecho, nos jactamos de decir un montón de cuestiones donde estamos en defensa de la víctima, pero en todo el proceso no se hablado de los clientes que sometieron a las mujeres y es en esto lo que esta defensa hará hincapié porque queremos que se descubra la verdad y se haga Justicia. No podemos permitir que vuelva a haber una asociación civil como No Me Olvides ni en la provincia, ni en el país ya que utilizaban de manera discrecional los fondos públicos”.
CLIENTES
Al ser consultado por la falta de trascendencia de los nombres de los clientes, el letrado replicó “ni la querella, ni la Fiscalía pidió los nombres de quienes se aprovechaban de la explotación sexual. Fuimos nosotros, como defensa de una particular, esta semana quienes lo solicitamos. A lo cual se adhirió la defensa de Elida Mambrin; quien no hizo lugar fue el fiscal Carniel en conjunto con el Defensor de Victimas del Estado, pero está en decisión de cada uno, ya que pueden opinar o dejar de opinar cada uno desde su posición. Nosotros sostenemos que, si se investiga abuso sexual gravemente ultrajante, o abuso sexual simple, es inexplicable que no se sepan los clientes.
Cuando se dio a conocer este caso se rumoreó sobre un montón de funcionarios y personajes conocidos del ambiente, pero hasta ahora no ha aparecido ningún nombre en el juicio. Es más, el fiscal ha manifestado que nosotros como abogados pretendíamos generar acciones dilatorias, lo cual no es cierto, porque lo que nosotros queremos es clarificar y que se haga justicia para llevar un alivió a las víctimas ante tanto dolor y sufrimiento.
Incluso hay que ir un poco más allá porque estos personajes nunca más pueden ocupar cargos públicos, por eso la sociedad tiene que saber y estar inhabilitados para tener acceso a todo lo que tenga ver con función pública y erarios”.
A su vez, resaltó que las victimas han reclamado que ni siquiera han tenido protección, “con que autoridad nos paramos frente a los micrófonos a decir que a la víctima se la protegerá, se le dará seguridad, etc y aquí no se las ha cuidado”, finalizó.
EL CASO
La investigación se inició en marzo de 2020 a raíz de la declaración de cuatro mujeres ante la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco. En esa oportunidad, denunciaron que un grupo de 70 mujeres habrían sido víctimas de los responsables de la asociación civil No Me Olvides.
Según la investigación, las víctimas tomaban conocimiento de la existencia de la asociación a través de otras mujeres ya becadas y de publicidad y avisos radiales que detallaban la dirección del lugar. Una vez que enviaban sus currículums, eran entrevistadas por Vallejos y Mambrín. En la selección tomaban en cuenta su apariencia física, situación sentimental y familiar. Se les indicaba que debían cuidar su imagen y estar siempre arregladas porque trabajarían para políticos.
Las chicas con estas características pasaban a formar parte de la asociación como socias activas, debiendo realizar un aporte de una cuota mensual de 300 pesos, que era para el pago del alquiler del local.
