El Observatorio Nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) presentó el informe del Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, y otras muertes violentas 2024 y advirtió que se “evidencia la urgente necesidad de medidas efectivas para combatir las formas más extremas de violencia de género en Argentina”.
De acuerdo con el informe publicado este lunes, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2024, se registraron: 255 femicidios, uno cada 34 horas; 604 intentos de femicidio; mientras que 222 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.
A nivel local, el registro señala que se perpetraron 11 femicidios directos. En tanto, la provincia se mantuvo entre las provincias con la mayor tasa de asesinatos, en base a los datos de población del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del Indec. Las provincias con mayores tasas de femicidios por cada 100,000 son Chaco con 1,9, le siguen Misiones con 1,5 y Santiago del Estero con 1.5. Al 30 de diciembre, Argentina posee una tasa nacional de femicidios de 1 cada 100.000 mujeres, que se mantiene estable desde los últimos 3 años.
Violencia contra niñas y adolescentes
Entre los datos más desgarradores, el informe expone que 27 víctimas eran niñas y adolescentes menores de 18 años, lo que representa el 14.5%. 22 de ellas eran menores de 13 años. Este es el porcentaje más alto registrado en los últimos cinco años.
Otro aspecto preocupante es que sólo el 12 % de las mujeres víctimas de femicidios había denunciado previamente a su agresor. Este porcentaje es el más bajo registrado en los últimos 10 años.
El 54 % de las que denunciaron tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 9 % además botón antipánico y ninguna contaba con dispositivo dual.
Vínculos y patrones en los femicidios
También se expone que el 46 % de los femicidios fue cometido por parejas o ex de las víctimas. El 57 % ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor. Mientras que el 15% fue en la vía pública, y es el porcentaje más alto registrado en los
últimos 6 años.
La mayor frecuencia de los femicidios se dio en horario de la mañana (22 %), siendo un 32% las situaciones a las que la organización no tuvo acceso.
Los meses que se registraron mayor cantidad de femicidios fueron los de diciembre y seguidos por enero, noviembre y febrero. Los meses con menor cantidad de femicidios son marzo y abril.
Sobre los femicidas
En cuanto a los patrones de los sujetos femicidas, se informó que la edad promedio de los victimarios es de 39 años. En el 15 % de los casos el femicida asesinó a una tercera persona, ya sea porque quedó en el medio del hecho violento (femicidio vinculado por interposición), para ocasionar un daño irreparable y culpa a estas mujeres (femicidio vinculado) o porque es un homicida múltiple y su objetivo era asesinar a mas de una mujer/lesbiana/travesti/trans.
Mientras que en el 7,5 % de los casos abusaron sexualmente a la víctima. El 14,5 % de los femicidas se suicidó, el 9% lo intentó. El 11 % de los femicidas tenía antecedentes penales de violencia de género. El 5 % pertenecía a algunas de las fuerzas de seguridad (policías, militares o servicio penitenciario)
Compromiso y reclamos
Mumala denuncia que el gobierno nacional “incumple leyes y tratados con rango constitucional del Estado argentino en materia de género, que esto opera desalentando a las mujeres y diversidades sexuales en la solicitud de intervención estatal, al tiempo que exige Emergencia Nacional en Violencias de Género”.
“Seguimos exigiendo se restituyan políticas públicas para el abordaje de las violencias, que las mismas sean efectivas que protejan nuestras vidas y las de nuestras comunidades.”, expresó Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá. Advirtió que «mientras el ministro de Justicia Cúneo Libarona y Manuel Adorni celebran un año de eliminación del Ministerio de las Mujeres con mensajes odiantes, las organizaciones seguimos acompañando y visibilizando la realidad donde nos matan todos los días”.
Por último, instaron al Gobierno nacional y a las autoridades provinciales a “priorizar esta problemática e implementar políticas de protección inmediata”.
