Géneros

Chaco sumó más de 3.000 firmas en contra la violencia machista

Más de 30.000 mujeres a nivel nacional y 3.000 en la provincia firmaron un petitorio que se elevará al Congreso Nacional para pedir que se llame a una sesión extraordinaria en febrero para declarar la emergencia nacional por violencia machista. “Se necesita más presupuesto y nuevas políticas Estado. Las que existen son insuficientes para las víctimas y sus trabajadoras”, advirtieron desde las organizaciones feministas que llevan adelante la campaña en todo el país.

Ayer, en la segunda jornada nacional de firmas contra la violencia machista, la provincia sumó más de 3.000. El objetivo es claro: pedir al Gobierno que declare la emergencia nacional por violencia machista, concretar una sesión extraordinaria en Congreso para sancionar políticas públicas de contención para las víctimas.

En esta línea, Natalia Romero, coordinadora provincial de Mumala, en contacto con elDIARIO de la Región destacó que “la intervención en la peatonal de Resistencia responde al pedido urgente de la declaración de emergencia contra la violencia de género que se lleva adelante en todo el país”.

Si bien los datos nacionales aseguran que el petitorio ya superó las 30.000 firmas, Chaco sumó hasta el momento 3.000 firmas en tres horas. “El caso de Angelina fue clave; la sociedad chaqueña se dio cuenta realmente que los femicidios también suceden en nuestra provincia”, apreció Natalia.

En cuanto a los datos, la coordinadora de la organización feminista detalló: “En Chaco, ya se registraron nueve casos de femicidios hasta la fecha y 24 a nivel nacional (este año), y seis que aún no son considerados femicidios porque todavía están en proceso de investigación”, enumeró.

Además, agregó: “Nos preocupa y nos compete la parte presupuestaria que depende del gobierno provincial. Nosotras tenemos la línea 137, contamos con albergues transitorios y asesoramiento pero nos parece que no se está trabajando adecuadamente para atender este flagelo. Es insuficiente lo que tenemos hoy. Las trabajadoras de la línea 137 que deben asistir a las víctimas están becadas, es decir, perciben una paga que nos les alcanza ni siquiera para el transporte mensual. Esto responde a una política de gobierno nacional y provincial en cuanto a la violencia de género. Actualmente, sufrimos el recorte presupuesto anual del 18 por ciento para asistir a las mujeres”.

En cuanto a la campaña, advirtió: “Venimos juntando firmas hace un montón de tiempo para que se declare la emergencia nacional. Hoy, se sumaron también Quitilipi, Sáenz Peña, Tres Isletas y Tirol. Estos días vamos a seguir juntando firmas en la sede de Mumala, en Cervantes 69, donde estarán las planillas para que firmen”.

“Vamos seguir porque estas firmas llegarán al Congreso para que este mes que realice una sesión extraordinaria para el tratamiento de este pedido que recorre las plazas y las calles de todo el país”.

Aunque al término de la jornada, Natalia Romero aclaró que ninguno de los funcionarios provinciales o nacionales se hicieron presentes en la peatonal, esperan que acompañen la misiva que urge no sólo a la provincia sino a todo el territorio nacional.

 

PEDIDOS CONCRETOS

Las firmas promueven que se dé curso a la iniciativa del Movimiento, lo que implica el aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM); destinar el 10% del presupuesto de cada Ministerio para políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres, e identidades disidentes; el monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes de violencia de género. Impulso de Protocolos Provinciales.

Además de la aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y a agresores que incumplen medidas judiciales; la asignación para víctimas de violencia (AVV). Becas y rentas para alquiler; la creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género; la implementación del Patrocinio Jurídico Gratuito.

Los Gobiernos Provinciales deberán por su parte, destinar aportes para la creación y fortalecimiento de Áreas de Políticas de género, así como también en Organizaciones de la Sociedad Civil: sindicatos, vecinales, clubes, espacios culturales, incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población, entre otros

Implementación federal del programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida

Implementación real y efectiva de la Educación Sexual Integral en los distintos niveles educativos

Y por último, crear equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional y la urgente implementación de la Ley Micaela de formación obligatoria de perspectiva de género en los tres poderes del Estado.

 

LOS CASOS NO PARAN DE CRECER

A los datos ya conocidos del mes de enero, hay que agregarle los últimos femicidios registrados en febrero.

En enero, se contabilizaron 24 casos: 20 femicidios (sólo mujeres), un femicidio vinculado de niña/mujer; dos femicidios vinculados de niño/varón, nueve trans/travesticidios y seis muertes en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).

Y en lo que va de febrero, ya se registraron los femicidios de Lucía Morel, de 64 años, en Escobar, que fue asesinada por su esposo Norberto Rothantl mientras estaba internada en el hospital. El caso de Laly Heredia, travesti, 36 años, de un tiro en la cadera, en La Matanza. Los casos de Camila Camino, de 20 años, en Zárate, con un disparo en la sien. El principal sospechoso es su pareja Jonathan Genovese, de quien sufría amenazas. Y Jésica Riquelme, 26 años, embarazada de siete meses. Su novio Jesús Sánchez, que tenía restricción de acercamiento, la asesinó a golpes, en Entre Ríos.

Y durante las últimas horas un caso que conmovió a Río Negro. La muerte de una niña de tres años el lunes, que murió tras ser hospitalizada el sábado en la ciudad de General Roca con signos de abuso y violencia física. Por el abuso investigan al padrastro.

Cooperativa La Prensa

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