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Cinco represores condenados por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco de los seis acusados en el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos contra militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros entre 1979 y 1981.

El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó aye a prisión perpetua por homicidio con alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados a cinco de los seis acusados por delitos de lesa humanidad en el juicio de la causa denominada Contraofensiva Montonera.

Tras desestimar los planteos de nulidad de las defensas, el Tribunal, integrado por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese, determinó que los delitos analizados eran de lesa humanidad y se procedió a la lectura del veredicto a través de dispositivos electrónicos.

El juez Rodríguez Eggers, presidente del TOF 4, fue el encargado de leer las condenas para Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.

Los jueces determinaron además que los cinco condenados, alguno de los cuales se encontraban bajo arresto domiciliario, sean enviados a prisión común, después de que se verificara el estado de salud de cada uno de los acusados.

En tanto, y en función de un pedido formulado por el abogado defensor Hernán Corogliano antes de la lectura del fallo, los jueces dispusieron que Jorge Apa, quien se desempeñó como jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, sea analizado por una junta médica para establecer si está “en condiciones de comprender” los delitos por los cuales resultó juzgado. De esta forma, se deberá resolver en el plazo de diez días hábiles, si Apa, condenado por delitos de lesa humanidad en otra causa, puede escuchar o no la sentencia del Tribunal.

Los imputados recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 94 víctimas, cometidos por el aparato de inteligencia del Ejército que utilizó como base el predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal.

Los crímenes se perpetraron además en otros países, como Perú, España, Brasil y Bolivia, donde las estructuras de la inteligencia militar persiguieron a las víctimas con la información que habían obtenido en base a las torturas aplicadas a los cautivos.

78 AUDIENCIAS

El debate de esta causa constó de más de 78 audiencias y se escucharon más de 250 testimonios por parte de víctimas, familiares y testigos de contexto, y se reanudó por medios virtuales a mediados de 2020.

Entre los familiares que asistieron a este veredicto por vía virtual se pudo ver a la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, Ana Testa, María Luján Mazzuchelli, Silvia Salamone, Nana María Lazaruni y Edgardo Binstock, entre otros.

Muchos de los querellantes exhibieron desde los lugares en los cuales presenciaron la audiencia una rosa roja de fantasía en sus ojales, el símbolo que usó la querella para homenajear a las víctimas.

Esas rosas rojas fueron tejidas por Irma Ortocani, de 93 años, la madre de Susana Brardinelli, compañera del exdiputado Armando Daniel Croatto, dos víctimas de la represión ilegal que se analizó en esta causa.

La fiscal federal Gabriela Sosti, a lo largo de un prolongado alegato que se extendió por más de cinco jornadas, reivindicó “el derecho a la resistencia” contra la dictadura de quienes participaron en la “Contraofensiva”. En su alegato, Sosti describió el plan criminal seguido por la inteligencia militar, y afirmó que “la tortura sistemática proporcionó a los acusados nuevos blancos para secuestrar”. (Fuente: Tiempo Argentino).

Cooperativa La Prensa

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