El viernes, el fiscal de Narcomenudeo de Chaco, Sergio Cáceres Olivera, realizó declaraciones respecto al consumo de drogas ilegales y la ley actual de Narcomenudeo. En este sentido, se refirió a la asociación Pensamiento Penal (APP) y específicamente a la abogada, Sandra Saidman. Para esta asociación de profesionales, el fiscal agravió y tergiversó la realidad, acusando a la nombrada de promover el consumo de sustancias prohibidas.
La APP dio a entender en el comunicado oficial que publicó en su página web que habrá “acciones legales que entablarán los damnificados directos”.
En cambio, su documento hace unas aclaraciones con respecto a la postura tomada y diferenciándose de las declaraciones del fiscal. La APP “es una organización no gubernamental, formalmente organizada en 16 provincias, pero presente en todo el país, que brega por un sistema de justicia penal respetuoso de los derechos humanos”, inicia el descargo. Allí está el “área de política de drogas” que se despliegan acciones a fin de promover un paradigma constitucional por fuera de la denominada “guerra contra las drogas”.
Con respecto a ellos, destacaron, entre otras acciones, la declaración “a 30 años del Bazterrica”, en la cual, en conmemoración del histórico fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN). Ahí se redactaron 19 principios rectores que deben orientar las políticas públicas en la materia.
“Debido a este posicionamiento, la organización recibe desde hace mucho tiempo, invitaciones para participar en eventos organizados por los más variados espacios y colectivos a los fines exponer su postura”, explicaron. Tal es el caso de la jornada “PLANTATE”, realizada en la ciudad a principios de mes y a la cual asistió una de las integrantes chaqueñas, Sandra Saidman.
Es necesario corregir que APP no formó parte de la organización del evento, sino que aceptó la invitación a participar a los únicos fines de expresar su pública y conocida postura respecto de la política de drogas, y en particular explicar los fallos “Bazterrica” y “Arriola”, ambos de la CSJN, expresaron.
“En ese orden de ideas, entendemos que las leyes llamadas ‘desfederalizadoras’, no solo son ineficaces a la hora de reducir la cantidad de tóxicos prohibidos circulantes, sino que acrecientan el riesgo efectivo de criminalizar a los consumidores, siendo éste un resultado inaceptable a la luz de nuestra configuración constitucional, como ya lo tienen dicho tanto nuestro máximo tribunal, así como los organismos a nivel regional (OEA, CELAC, Unasur) y global (ONU)”, continuaron.
Es así como aseguraron que lo expuesto por Saidman en tal evento, fue coincidente con los principios de la Asociación, los cuales son reiterados por diversos integrantes en cuanta intervención pública y comunicacional se presente alrededor de la temática.
También es necesario aclarar que APP es una organización horizontal, dividida en capítulos provinciales. “Particularmente en el Chaco, tres de los integrantes del capítulo se encuentran en la mesa nacional. Negando que el capítulo Chaqueño tenga un responsable o algún cargo de jerarquía similar.
“Instamos al Fiscal de narcomenudeo, a evitar caer en acusaciones infundadas e imprecisiones que pongan en tela de juicio la imagen de una organización de la sociedad civil, que ejerciendo el derecho constitucional a la libre asociación y libertad de expresión, se entrega de manera desinteresada a contribuir a la mejora de la comunidad”, exhortó el comunicado, en una clara respuesta más allá de las aclaraciones formales.
“También lo invitamos, en caso de no coincidir con alguno de los postulados de la Asociación, a transitar la senda del debate serio y racional, ya que esa es la única manera de fortalecer la comunidad en la que todos aspiramos vivir, y que nos permitirá, aún en pleno respeto del disenso, progresar como sociedad plural y democrática”, concluyó, allí sí marcando lo acotado en el análisis integral de la problemática por parte del fiscal.
DICHOS DE CÁCERES OLIVERA
En un programa radial, el fiscal provincial de Narcomenudeo, opinó que “los sectores que dicen ser de derechos humanos y que solicitan a los vecinos que den su nombre y apellido, está pidiendo que se ponga en riesgo su vida”, dijo en su interpretación sobre la postura de APP de que las denuncias anónimas que no llegan hasta los reales vendedores, y sólo criminaliza el consumo. “Esto no se llama delatar, es ir por lo que están vendiendo droga”, reafirmó, de igual manera Cáceres Olivera.
Acto seguido, en la entrevista apuntó a la abogada Sandra Saidman, nombrándola como la referente de la Asociación en Chaco. “Tengo entendido que no salen de su escritorio”, dijo. Cuando se expresó sobre la jornada “Plantate”, dijo que la profesional pretendió “invitar a todos los jóvenes y donde le enseñaba como cultivar y consumir marihuana”. Ya al final, reforzando un pensamiento casi heroico, el fiscal dijo que lo de Saidman es un “mensaje erróneo, el mejor mensaje es que los jóvenes le digan no a la droga”. Luego acusó a la profesional de consumir drogas de forma privada e ilegal, aunque le advirtió que “no invite a los jóvenes”. “Quiero que mi provincia esté libre de droga. Si llenamos la Alcaldía es en busca de aquel que destruye la sociedad”, terminó.
