La semana pasada se puso en funcionamiento una Unidad Ejecutora para comenzar las medidas reparatorias hacia las comunidades aborígenes de la provincia que fueron afectadas por la masacre de Napalpí. Las delegaciones de derechos humanos y aborígenes provinciales y nacionales serán los encargados de ejecutar el plan de la sentencia y trabajar con los pueblos originarios.
Formarán parte de la unidad los organismos que llevaron adelante la investigación y el juicio: la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, la Fundación Napalpí, las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de Chaco, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto del Aborigen Chaqueño.
En los dos años que se prevé que dure el plan, la Unidad deberá, en diálogo con las comunidades, coordinar la incorporación de los hechos de la Masacre en la currícula nacional; la construcción de un museo y sitio de memoria en el edificio donde funcionó la administración de la Reducción; la capacitación de las fuerzas federales y provinciales sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y la reanudación de los trabajos de la búsqueda de víctimas.
“Juan Chico logró hacer ese puente para unir dos temas que parecían ser totalmente diferentes: las víctimas de la última dictadura y el genocidio indígena. Y creo que la Unidad Ejecutora nos da un paso más: el poder intervenir y posibilitar mecanismos para reconocer y ver otras realidades”, señaló Analía Noriega, titular del INAI, quien integra la unidad por la Fundación Napalpí.
“Siempre hablamos de estas temáticas en escuelas interculturales, pero no se habla en escuelas que no tienen población indígena. Entonces, necesitamos que los jóvenes se vayan formando en esta idea de una sociedad pluricultural, del reconocimiento del ‘otro’ distinto y de la convivencia. La discriminación está muy instalada en nuestra sociedad y poder ir cambiando estas pautas culturales tiene que ver con la educación, con la formación”, sostuvo.
