Hoy desde las 9, con el inicio de los alegatos de la querella, se reanudan los debates del proceso en el que se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos contra dirigentes y militantes de base de Ligas Agrarias durante la última dictadura, con cinco imputados por homicidios, torturas y encubrimiento.
La expectativa del tribunal y las partes es culminar en la semana que inicia la presentación de la totalidad de las acusaciones y durante la próxima (10 – 14 de junio) cubrir los alegatos de la defensa. Entonces, todo quedará despejado para que el tribunal que integran Juan Manuel Iglesias (presidente), Ramón Luis González y Rocío Alcalá dicte una sentencia.
Las Ligas Agrarias fueron una herramienta fundamental para la organización del trabajador campesino, históricamente perjudicado por los monopolios comercializadores, los latifundios y la omisión de un Estado cómplice de las patronales agropecuarias. Una vez consumado el golpe del 24 de marzo de 1976, el movimiento liguista fue cruentamente reprimido y el gobierno de facto restableció los privilegios latifundistas.
ALEGATO
La audiencia, número diez del cronograma de debates a la fecha, será en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Yrigoyen 33). El juicio oral es público y quienes deseen asistir a las audiencias deben presentar DNI.
En caso de que la querella no concluya su acusación en la jornada de hoy, continuará el miércoles desde las 11 y una vez terminada la etapa, la audiencia pasará al jueves. Ese día, está programado el comienzo del alegato fiscal. De este modo, las defensas iniciarían sus propios alegatos en la semana posterior.
La etapa oral del juicio comenzó el 5 de abril de 2019. Se juzgan los asesinatos de Carlos Piccoli y Raúl Gómez Estigarribia, dirigentes de Ligas Agrarias eliminados en sendas emboscadas encubiertas en supuestos “enfrentamientos” con fuerzas represivas durante la última dictadura cívico-militar, así como el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza.
Querella y fiscalía sostienen que Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977 en Corzuela por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Del caso Piccoli, señalan que se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3 por Alcides Sanferraiter y Carlos Chavez (fallecido). Desde la defensa, se plantea la versión de un supuesto “enfrentamiento”.
Santos Britez y Modesto Meza relataron que el 30 de agosto de 1976 fueron detenidos por personal de civil, pero “con borceguíes y armas largas” y llevados a un paraje, el Lote 20, de Villa Berthet, donde fueron sometidos vendados y sometidos a torturas. Si bien ninguno de los declarantes pudo confirmar haber visto al imputado Wischnivetzky, sí afirmaron que era un comentario generalizado que el policía fue el jefe de ese operativo.
IMPUTADOS
Desde la parte acusadora, se señaló que así figura en actas policiales de la época, a cargo de la comisaría de Villa Ángela y en comisión de servicio.
Los imputados son el ex teniente coronel del Ejército José Tadeo Bettolli y los agentes (re) de Policía Miguel Antonio González y Alcides Sanfeiraiter, acusados de homicidio agravado; el excomisario de Policía Eduardo Wischnivetzky, por privación ilegítima y tormentos; y el expolicía José Rodríguez Valiente, por encubrimiento.
Rodríguez Valiente y Bettolli ya fueron condenados en dos ocasiones por vejámenes y abusos y desapariciones en la ex Brigada de Investigaciones, donde Rodríguez Valiente revistaba como oficial sumariante, encargado de labrar las actas auto incriminatorias obtenidas bajo tortura o directamente apócrifas. Bettolli cumplía funciones en el Destacamento de Inteligencia N° 124 de Resistencia.
LAS PARTES
La acusación del Ministerio Público es cursada por los fiscales federales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini. Las querellas tienen la representación del abogado Mario Piccoli, hermano de Carlos, y por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia: Duilio Ramírez, Silvina Canteros y Paulo Pereyra.
Juan Manuel Costilla ejerce la defensa oficial de Wischnivetzky y Bettolli, Marcelo Valoriani lleva la defesa privada de González; y Decesare representa a Sanferraiter.
Los testigos familiares de las víctimas y/o sobrevivientes contarán con el acompañamiento y contención del Programa de Asistencia de la Comisión Provincial por la Memoria.
