Martín Guzmán, ministro de Economía, dirá presente la semana próxima en Diputados para defender, ante propios y extraños, su proyecto de Presupuesto para 2022. Y además de sus metas macroeconómicas, monetarias y fiscales, buscará que su viejo proyecto de segmentación de tarifas de servicios públicos también sea avalado. Especialmente por el propio oficialismo. Afirmó el ministro de Economía que contará para esto con el apoyo del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Buscará Guzmán para esto argumentos marquetineros tipo “Nac&Pop”, calificando la iniciativa de aumentar el valor de las tarifas como un capítulo de la eterna batalla del kirchnerismo “contra los poderosos”. Hay otra intención menos aceptable para el oficialismo puro y duro: mostrar al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el ministro avanza contra uno de los capítulos sobre el gasto público menos tratados durante los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández. Sabiendo además que se trata de un problema político donde el ministro tiene serios problemas para solucionar.
La intención es reducir el abultado monto de dinero que el sector público debe destinar a aplanar el costo a los ciudadanos de las tarifas, y lograr el complicado fin que el Estado sólo subsidie a los consumidores que lo necesiten. O, como mínimo, que el dinero no se destine a los sectores de mayores ingresos. Dicho de otra manera, dejar de aplicarlo “a los ricos”.
Guzmán trabajó en silencio sobre el tema, elaborando un plan de segmentación que debería ser presentado en sociedad luego de las elecciones de noviembre. Ahora el tema será público, lo excederá en responsabilidades y pasará a ser jurisdicción compartida con Manzur y su gente. Sólo así, saben todos los actores, el proyecto puede tener condiciones de supervivencia presupuestaria en su tratamiento en el Poder Legislativo. Lo que no quiere decir que luego se apruebe tal cual será diseñado en el Ejecutivo.
OBJETIVOS
El objetivo de Guzmán es reducir el abultadísimo porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios a las tarifas públicas, dato que inmediatamente se traslada al déficit fiscal. Según los números en los que coinciden tanto el sector público como los privados, este 2021 se deberá destinar un 2% del PBI a atender esta cuenta, incluyendo la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas. Se suman, además del consumo directo de las familias por el suministro, las garrafas y el transporte automotor, ferroviario y aerocomercial. Según un informe de comienzos de año de la consultora Ecolatina, “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PBI”.
El Gobierno nacional sabe que la inflación, la suba de los precios internacionales, el aumento de los costos en las empresas concesionarias involucradas y la alteración del tipo de cambio influyen directamente en el precio final de las tarifas; y que el subsidio es el mecanismo para que el incremento no se traslade de manera plena. Teniendo en cuenta también, por imposiciones de la política, que el incremento de las tarifas en este 2021 será de menos de un dígito porcentual para todos los consumidores; ese porcentaje de 2% total podría incluso incrementarse. Guzmán quiere cortar con esta tendencia, y que esto figure en el diseño del Presupuesto para 2022. Sabe que no podrá hacer una “revolución” tarifaria y que sólo obtendrá victorias parciales y limitadas por “la política”. Su objetivo entonces es limitar vía segmentación del subsidio al carácter “pro-rico” del esquema actual.
Si bien aún no es el momento de números finales, la intención es que ese porcentaje se reduzca gradualmente con los años, llevando a un nivel no mayor a 1% en cuatro ejercicios. No es un cronograma al azar. Desde 2026, un año después, el Gobierno debería comenzar a pagar al FMI un eventual Facilidades Extendidas; y para ese ejercicio el superávit fiscal primario debería ser una realidad. (Fuente: Ámbito)
