“Advertimos que, de tomarse esta medida se estaría poniendo en potencial riego la seguridad de la ciudadanía y vulnerando los derechos de las víctimas. Entendemos que no están dadas las condiciones mínimas para que algo de esta naturaleza pueda llevarse a cabo y menos aún, en forma arbitraria”, señalaron y agregaron: “Debemos recordar que la Ley de Víctimas obliga a los jueces a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgarle libertad o prisión domiciliaria a sus victimarios”.
Para los ediles, “es necesario tomar medidas preventivas en los centros de detención y que las personas privadas de su libertad tengan las garantías correspondientes en cuanto a su salud y derechos humanos, pero de ninguna manera avalaremos a quienes tomen decisiones irresponsables que impliquen seguir lamentando casos de presos que, liberados, han reincidido en el delito llegando a cometer nuevos y aberrantes actos”.
“No puede darse lugar a la expectativa de una liberación inminente declamada y alentada desde organismos del Estado. Esta pandemia no debe ser usada para tapar viejas maniobras cargadas de vicios y desatar, además, una epidemia de delitos”, manifestaron.
Por ello, sostuvieron que, “todo acto que implique una contraversión a la ley y más aún, persiga o avale la impunidad, merece nuestro total repudio. La justicia debe prevalecer, aun en escenarios de crisis como el que atraviesa el país y como representantes de los vecinos de Resistencia, exigimos el respeto total por de las normas constitucionales y la independencia de los poderes del Estado”.
“Expresamos nuestra adhesión al comunicado del Comité Provincial de la UCR y a la declaración firmada desde el Comité Nacional por autoridades partidarias y legislativas de nuestro partido”, concluyeron.
