Derechos Humanos

Condenaron al Estado nacional por la Masacre de Napalpí

El Estado argentino deberá pagar la suma de $375.930.000 por el genocidio del pueblo indígena qom ocurrido el 19 de julio de 1924 y días posteriores, donde fueron ultimados más de 1.500 niños, ancianos, mujeres y hombres.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar en todas sus partes a la acción resarcitoria condenando al Estado nacional a pagar la suma de $375.930.000 por el genocidio del pueblo indígena qom ocurrido el 19 de julio de 1924 y días posteriores, que se conoce históricamente como la Masacre de Napalpí (lugar de los muertos en lengua qom), donde fueron ultimados más de 1.500 niños, ancianos, mujeres y hombres. Además, se ordenó al Gobierno argentino instrumentar un plan de desarrollo con inversiones públicas, con asignación de recursos y la constitución de una Mesa de Diálogo con el Poder Ejecutivo y la Organización Indígena. El fallo, con fecha del 14, fue resuelto por unanimidad, y lleva las firmas las magistradas María Denogens y Rocío Alcalá.

La demanda “Asociación Comunitaria La Matanza c/ Estado Nacional Argentino” fue iniciada en 2004 por Carlos Díaz, autor de las obras El año de la Masacre y La imprescriptibilidad penal y resarcitoria de los crímenes de lesa humanidad y Mónica Echevarría, David Parras y Julio García. A su presentación, no existían antecedentes en América Latina de un caso judicial por crímenes de lesa humanidad de un pueblo indígena perpetrado a principios del siglo pasado. Tampoco se había expedido la Corte Suprema de Justicia sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, quien lo hace un año después, en 2005.

El éxito jurídico fue el resultado de un trabajo en equipo que se mantuvo unido por 18 años – afirmó el doctor Carlos A. Díaz, que subrayó la experiencia y conocimiento aportado por el Dr. Julio C. García, con quien fue coactar en la causa de Rincón Bomba; recordó el invalorable el apoyo del entonces dirigente indígena Hermenegildo López, quien fuera presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) junto con quien presidia la Asociación Comunitaria La Matanza, el dirigente Concepción Notagay, ambos del Pueblo Indígena Toba Qom, descendientes de los sobrevivientes que pudieron escapar de los fusilamientos de la entonces Policía Nacional de Territorios. Ellos comprendieron la importancia de acudir al Poder Judicial en busca del reconocimiento de la verdad negada por la historiografía académica.

En la reconstrucción de los hechos, fueron invalorables los estudios del historiador y escritor Vidal Mario, autor del libro Napalpi, la herida abierta, quien también actuó como perito histórico en el juicio. La búsqueda de documentación por los abogados fue realizada durante dos años anteriores a la presentación en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia. Contó con la colaboración de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, que posibilitó el hallazgo de la transcripción taquigráfica de la interpelación sobre la barbarie, en el segundo semestre del año 1924, al ministro de Gobierno de la Nación por el diputado nacional Francisco Pérez Leirós.

En la confirmación del lugar de la masacre, paraje El Aguará, en la actual provincia de Chaco, en el nordeste de la República Argentina y descubrimiento de las tumbas comunes, realizaron trabajos de campo en el monte, durante cuatro años los peritos criminólogos licenciados Máximo R. D. Ibáñez y Rosa Edith Encina. El daño moral y espiritual que se replicó de generación en generación en el pueblo qom fue dimensionado y explicitado por la perito socióloga licenciada Hilda Elena Díaz. Asimismo, es de destacar los aportes del Ministerio Público de la Defensa Argentino en la generación de doctrina judicial en materia de pueblos indígenas, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejada en la histórica sentencia.

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