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Malvinas; «no hay paz ni soberanía sin memoria verdad y justicia»

En el marco de cumplirse el 38° Aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, el Comité de Prevención de la Tortura entrevistó a David Zambrino, excombatiente de nuestra provincia, y al abogado del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de la ciudad de La Plata, Jerónimo Iraola.

En el marco de cumplirse el 38° Aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, desde el Área Comunicacional y Registro del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (CPT), Diana Della Bruna realizó unas entrevistas a David Zambrino, excombatiente de nuestra provincia, y al abogado del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de la ciudad de La Plata, Jerónimo Iraola. De las mismas surgieron reflexiones y conceptos acerca de las causas que investigan torturas durante el conflicto bélico.

A mediados de febrero fueron procesados cuatro exmilitares en esta causa: Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino. Así lo dictaminó la Jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, y consideró los hechos relatados por las víctimas como delitos de lesa humanidad.

COMIENZOS DE LA CAUSA

Iraola relató que las primeras denuncias de hechos de tortura en la Guerra de Malvinas se realizaron en el 2006, más allá que la causa se terminó de configurar en 2007 con la incorporación de los 23 primeros testimonios que llegan de Corrientes. La primera denuncia la hizo Ruben Darío Aureliano ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y atravesó un largo periplo hasta llegar al Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego.

Por su parte, David Zambrino recordó que la investigación comenzó en la ciudad de Corrientes, luego de proyección de la película Iluminados por el Fuego, de Tristán Bauer, basada en los relatos que hizo Edgardo Esteban.

“Estábamos con Orlando Pascua, fallecido ya, y el que en ese momento era Subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, y empezaron a salir las cosas. Los compañeros dijeron que estaba bien la película, pero que se habían quedado cortos, que ocurrieron cosas más terribles de las que se estaban denunciando. Pascua me llamó y yo lo denuncié a mi jefe, al teniente de navío Rodolfo Oscar Cionchi. Lo metieron en cana recién en el 2009 cuando escucharon una voz y fue una gran alegría. Empezamos a llevar a todos los compañeros de Chaco a declarar a Corrientes y de esto salió un libro”, relató Zambrino.

Al día de la fecha, la causa ha adquirido un volumen que permite hablar de una megacausa, ya que tiene más de 120 denuncias y 95 militares señalados por 105 hechos de tortura. Para Iraola, esto es la punta del ovillo, y una vez que se vayan conociendo los avances, surgirán más casos y personas que se animen a declarar. Cuando se terminó la guerra, e incluso antes que terminara, la dictadura cívico militar implementó un mecanismo y dispositivo de olvido e impunidad obligando a los soldados a callar bajo la amenaza de percibir consecuencias.

AVANCES Y SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL FALLO

Con respecto al procesamiento de cuatro exmilitares, Zambrino reflexionó: “Fue una larga lucha que hoy tiene su pequeño saborcito, porque todavía no está terminado esto. La Justicia por ahí no es justicia, y me genera una desilusión porque vienen mis compañeros y me dicen que estos tipos van y en un ratito declaran, dicen que no tienen nada que ver y ya está. Esto les hace mal a los que sufrieron”, explicó. Por otra parte, dijo que todavía hay muchos que no han declarado y no lo harán hasta ver el avance de las acciones judiciales. En Chaco, hay cerca de 25 ex combatientes que aún no dieron su testimonio.

Para Iraola, el fallo es un avance imprescindible, un punto de inflexión y una bisagra histórica en la causa. Sin embargo, opinó que “en 13 años recién tenemos cuatro procesamientos sobre 95 militares denunciados por lo que la tasa de eficiencia de la Justicia es pésima. Y este retraso implica un proceso de revictimización en cabeza de las víctimas que siguen sufriendo ahora la tortura de cómo el Estado les priva del acceso a la Justicia. El acceso a la Justicia consiste básicamente en dos cosas: que se lleve adelante la investigación, por un lado, y que eventualmente se sustancie el juicio oral y público frente a un tribunal oral competente”.

Y agregó que “los procesamientos son una ventana que nos permite avizorar nuevos horizontes en relación a la memoria, la verdad y la justicia. Pero es una tarea titánica y muy difícil que demandó muchísimo tiempo, trabajo y militancia de parte de los organismos de Derechos Humanos y los Centros de Ex combatientes”.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

A través de los años, los mecanismos de silenciamiento, invisibilización y ocultamiento que impusieron los militares y los aparatos mediáticos y simbólicos cómplices, se fueron quebrando. Con respecto a la toma de conciencia de la sociedad, Zambrino observa que ahora “se va agrandando eso que no veían antes y ahora ven. Desconozco qué puede ser lo que se les haya despertado en su momento, pero sí la gente no pensó… En ningún momento se nos pasó por la cabeza estar en guerra con Inglaterra, pero sucedió y nos dimos cuenta que venía brava la cosa”.

En este sentido, el excombatiente lamentó los muertos que quedaron y apuntó que inclusive los militares no fueron capaces de reconocer a los soldados caídos, de identificar a sus muertos. “Acá tuvimos que recorrer todo Chaco para identificar a 24 compañeros que estaban cono NN en el cementerio de Darwin en Malvinas. Y toda esa maldad que tuvieron de no reconocer a nuestros compañeros ahora también tienen con este juicio de torturas. No creo que ninguno lo reconozca”, expresó.

Para Iraola las torturas en Malvinas representan la continuidad de lo que sucedía en el continente. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban formadas en la doctrina de la Seguridad Nacional para lo que regionalmente se había caracterizado como el “enemigo interno”. Esa “seguridad” no era otra cosa que la represión, las desapariciones, el robo de bebés, los vuelos de la muerte y los centros clandestinos de detención.

“Malvinas es un capítulo más de la dictadura cívico militar. La comandancia de la guerra la hicieron las mismas personas que formaron parte de la represión en territorio continental y de las torturas en territorio insular”, concluyó el abogado.

Por último, Iraola hizo una reflexión sobre lo que significa la búsqueda de memoria, verdad y justicia en este nuevo aniversario del comienzo de la guerra y en el contexto que hoy nos toca atravesar como país con las medidas adoptadas para resistir la pandemia mundial:

“Es memoria, verdad y justicia, es paz y soberanía. Son los pilares de nuestra existencia. La paz, porque no podemos pensar la consagración de los Derechos Humanos desde la guerra o las acciones bélicas. La soberanía porque implica la soberanía en el sentido amplio, activa, sobre nuestros cuerpos, nuestras cabezas, nuestros espíritus. Una soberanía en términos de libertad, de poder pensar en forma decolonial, emancipatoria, que nos hace ser anticolonialistas, antimperialistas, pensar el desarrollo, la igualdad, nuestros bienes naturales, la posibilidad de que los frutos del trabajo, la producción y el desarrollo tecnológico sean apropiados por todos y todas”.

“Y no se puede construir la paz y la soberanía sin memoria, sin verdad y sin justicia. Memoria para saber de dónde venimos y qué es lo que nos pasó como Pueblo, cuáles son las marcas que nos cuentan como sociedad, como personas, desde nuestras experiencias más profundas. Verdad, para saber a ciencia cierta qué es lo que sucedió, cómo sucedió y por qué. Y Justicia, porque la justicia hay que entenderla también como justicia social, para aquellos que sufrieron la injusticia como reparación individual, pero también la justicia social y colectiva”.

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