Luego de que tomaran estado público las tratativas de radicación en nuestra provincia de la “Comunidad terapéutica Darse Cuenta” y otros dispositivos privados, varias agrupaciones y colectivos como la asociación civil de usuarios y familiares de Salud Mental “Mejor ando en comunidad”, Pensamiento penal Chaco, la red Entrelineas y el Colegio de Psicólogos de Chaco difundieron su preocupación al respecto.
Esto es así básicamente a raíz de que consideran, por un lado, que “Darse cuenta” opera con prácticas obsoletas y paradigmas ya superados y por otro, porque destacan que su desembarco de la firma privada en la provincia se realiza con una serie de facilidades por parte del Ejecutivo, “frente a la continua desfuncionalización y el profundo desfinanciamiento y desmantelamiento del Servicio de Salud Mental”, advirtieron.
Ello surge de un comunicado en el cual las organizaciones anteriormente citadas señalan que la “ley nacional de Salud Mental (LSM) 26.657 es sancionada como piso mínimo de garantías y derechos de las personas con padecimientos mentales”, y mencionan: “Luego de más de 30 años de lucha junto a otros sectores, a usuarios y familiares tras años de pelear por el cambio en los criterios de internación y los modos de intervención, por el cierre de manicomios y la sustitución de las lógicas manicomiales, por el abordaje interdisciplinario e intersectorial basados en los principios de la atención primaria en Salud, por el reconocimiento de la lucha de actores distintos al sector médico para ocupar espacios de dirección y coordinación en las prácticas en Salud Mental que han costado tanto tiempo de militancia, derechos vulnerados y sufrimiento de usuarios y familiares”.
SALUD MENTAL
Y DD. HH.
Además, precisaron que la propuesta de la ley es de “atención en la comunidad”; relegando la internación como último recurso; por ello, la ley estimula la instalación de equipos itinerantes, la atención domiciliaria, los hospitales de día y de noche. Así, las acciones de salud mental se basan en una red de servicios comunitarios.
En contraposición con ello, remarcaron que “al apoyar la instalación de esta institución privada, el Estado privilegia a un sector de la población que cuenta con recursos económicos en perjuicio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad pero carecen de medios para acceder a una atención de salud integral”, y mencionaron que “este accionar no solo viola la LSM, tratados internacionales sino que además derechos humanos esenciales como el derecho, a la vida, a la salud y a recibir una atención de salud integral”.
“Por lo expuesto, solicitamos que el Estado provincial cumpla la normativa y garantice el pleno goce y ejercicio de estos derechos, por ser el responsable directo no pudiendo excusar su responsabilidad”, pidieron.
Respecto del crítico presente del sistema de salud mental en nuestra provincia, destacaron entre una decena de irregularidades: “el desmantelamiento del Centro de Medidas de Seguridad Curativas”; la baja de contrataciones de programas nacionales dE atención primaria de la Salud sin la reincorporación por parte de la Provincia; las irregularidades en los alquileres de los dispositivos de atención; “la vergonzosa representación de la provincia en Consejo Federal de Drogas (Cofedro) por profesionales que no son del campo de salud mental; la infundada exclusión de la sociedad civil y organizaciones de familiares y usuarios en los diseños de políticas”.
Por ello, difundieron el pedido al Gobierno provincial de “que no avance en proyectos como el que se objeta por medio de la presente, que no solamente son de eficacia dudosa, sino que además contrarían el espíritu de la legislación en la materia, malogra las ya deterioradas arcas provinciales y menoscaban gravemente las conquistas en materia de derechos humanos”.
