Luego de que tomara estado público la presentación desde el Gobierno provincial de un proyecto de ley con un protocolo de actuación de la Policía ante manifestaciones sociales que establece hasta dos años de cárceles para quienes realicen un piquete, las críticas y repudios no se hicieron esperar. Sobre ello conversó con elDIARIO de la Región la referente del Movimiento Evita e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Chaco, Johana Duarte, con serias críticas al respecto.
“Estamos sorprendidos y nos parece repudiable la acción del Gobierno provincial, con un proyecto tan abusivo de derechos constitucionales como el derecho a la protesta social y la manifestación, que nos preocupa por la estigmatización que hace de los movimientos populares”, afirmó. Además, señaló que se trata de “un manotazo de ahogado de un Gobierno que no tiene respuesta política para abordar la crisis y de la demanda social. Se recurre a la persecución de la protesta por medio de las fuerzas de seguridad antes de hacer una autocrítica de la falta de respuestas políticas”.
Cabe destacar que el proyecto de ley (N° 1945/2018) establece un procedimiento de actuación de las fuerzas de seguridad tanto en manifestaciones públicas programadas como en manifestaciones espontáneas, según el cual quienes realicen un corte de tránsito –luego de ser escuchadas sus demandas- estarán sujetos a la aplicación del artículo 194 del Código Penal, que penaliza con hasta dos años de cárcel a quienes entorpecieren “el normal funcionamiento de los transportes” públicos o privados. Además consigna la filmación y registro de los intervinientes y hasta regula cómo debería ser el trabajo de cobertura periodística de cronistas.
“La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.
"LA RESPUESTA ES LA POLÍTICA"
Para Duarte, integrante de la junta local del Partido Justicialista, “es contradictorio que un peronista estigmatice la protesta y avance sobre los derechos de los más humildes, los compañeros salen a la calle a protestar porque la provincia está sumida en una crisis fenomenal producto de las políticas nacionales. Y el Gobierno provincial no genera un diálogo franco sobre esto para discutir un abordaje conjunto, ni da muchas respuestas”.
Por todo ello, reiteró el “repudio a este proyecto, impresentable por donde se lo mire, contra los reclamos por trabajo. Ante ello, el Gobierno intenta callar el hambre del pueblo y clausurar una lucha que se da por la falta de respuestas”. “Si hubiera un consenso para abordar la crisis, no sería necesario llegar a esta instancia. Pero, creemos que este gabinete no está a la altura de las circunstancias”, agregó.
También, cuestionó que “en los artículos que contempla esta iniciativa se sostiene una persecución específica con toma de fotografías a quienes se manifiesten por sus derechos. No se pone el eje en cómo resuelve el Estado los problemas en el territorio. Prefieren meter en el medio a las fuerzas de represión y cerrar con garrote este ajuste que buscan implementar”.
EL CONSUMO INTERNO
Asimismo, remarcó su postura en torno a la supuesta vulneración del comercio por parte de los periódicos piquetes: “Venimos planteando desde los movimientos sociales, desde la CTEP, junto con Barrios de Pie y la CCC debatir ante las quejas de algunos sectores de la Cámara de Comercio, que dicen que las ventas caen por los piquetes. Eso es totalmente falaz, las ventas caen por que las medidas económicas del Gobierno nacional plancharon el consumo interno. Y somos las organizaciones sociales y los movimientos sociales los que le hemos suministrado un gran flujo de recursos a esta provincia, mediante la Ley de Emergencia Social y nuestros compañeros que ganan 4.400 pesos son los que consumen los productos de los comercios, los que cobran el Argentina Trabaja y tantos otros programas obtenidos en la lucha en la calle”. “Es muy preocupante este tema y creemos que nos deben llamar a una debate público sobre esta cuestión, de otro modo es muy preocupante. Necesitamos una discusión franca. La represión no es la salida para callar el hambre y la miseria del pueblo”, culminó.
