Representantes de distintas organizaciones de cooperativas plantearon ante las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales; y Comercio de Diputados las dificultades que enfrentan para acceder al Certificado MiPyME, luego de un cambio en la interpretación de la normativa que, según explicaron, comenzó a generar obstáculos para su tramitación.
El encuentro contó con la participación de Carlos César Basañes, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR); Lucas Magnano, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO); Octavio Bermejo, asesor legal de CONINAGRO; Federico Ferrero, presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad Ltda. (CONAICE); y Verónica San Martín, contadora especialista en cooperativas y mutuales, entre otros.
Desde COOPERAR, Basañes planteó que el principal reclamo es que la normativa reconozca de manera clara a las cooperativas como empresas a los efectos del régimen PyME. “Nosotros necesitamos que la ley PyME sea muy clara en decir que las cooperativas son empresas. Eso tan sencillo es lo que necesitamos, a los efectos de que, cuando tengamos que tramitar el Certificado MiPyME, seamos tratadas como cualquier otro tipo de empresa”.
Según explicó, el problema se originó a partir de una interpretación de la Resolución 220/2019 por parte de áreas legales de la administración pública. “Se introdujo en la resolución 220/2019 que una empresa, si no tiene un fin de lucro, no es una empresa”, señaló.
Basañes ejemplificó la situación con una planta de acopio de granos: “si esa misma planta los dueños son los productores agropecuarios, que buscan un beneficio económico e invierten y asumen riesgos, bueno, esa misma planta no sería una empresa para la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa”.
El gerente de COOPERAR remarcó que las cooperativas podían tramitar el certificado de la misma manera que otras empresas hasta abril de 2025 y que, desde entonces, comenzaron a registrarse dificultades. “Nos dicen que solamente podemos sacarlo en la medida que muestren que son microempresarios asociados en una no empresa”, cuestionó.
Para Basañes, se trata fundamentalmente de un problema de interpretación normativa: “se origina con un conflicto, más que con los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, con las áreas legales, que están interpretando la norma de una forma un tanto arbitraria”.
CONINAGRO
Desde CONINAGRO, Lucas Magnano señaló que la participación buscó no solamente exponer las dificultades sino también acercar propuestas y la experiencia del sector productivo. “Queremos plantear todo lo que las cooperativas hacen al desarrollo de los pueblos del interior, por eso representamos a productores de todo el país, agregamos valor, generamos empleo, arraigo y desarrollo”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que “hablar de PyMEs en Argentina es hablar de producción, trabajo y desarrollo federal”. Por su parte, el asesor legal de CONINAGRO, Octavio Bermejo, puso el foco en una de las consecuencias concretas que tiene la imposibilidad de acceder al certificado: “sin eso las empresas no pueden acceder a avales de SGR”.
Bermejo vinculó esta situación con la coyuntura económica y señaló que excluir a las cooperativas de estas herramientas puede dificultar que la estabilización macroeconómica se traduzca en beneficios concretos para el sector productivo. “Privar a un sector activo de la economía del acceso al certificado PyME a los avales, es no permitir traducir esa estabilidad macroeconómica en beneficios o en desarrollo territorial y material concreto como es el que pueden dar las cooperativas”.
CONAICE
La problemática también fue expuesta desde el cooperativismo eléctrico y de servicios públicos. Federico Ferrero, presidente de CONAICE, recordó las gestiones realizadas desde la sanción de la resolución y señaló que el sector obtuvo en distintos ámbitos “prórrogas y fundamentos técnicos a nuestro favor”.
Sin embargo, advirtió que la situación actual es especialmente compleja para las cooperativas eléctricas y de servicios públicos. “Hoy la situación para el sector del cooperativismo eléctrico y de servicios públicos es crítica”.
Ferrero sostuvo que el acceso “es prácticamente nulo, imposible” y explicó que, a medida que los certificados fueron venciendo, las cooperativas tuvieron dificultades para renovarlos. Incluso, afirmó que “en algunos casos que fueron renovados se los revocaron”.
El presidente de CONAICE remarcó además la importancia del certificado para acceder a financiamiento: “me refiero a financiamiento accesible, razonable, blando, el primer requisito es este, sea banca pública o banca privada”.
IMPACTO IMPOSITIVO
Durante la reunión también se explicó que las consecuencias no se limitan al acceso al financiamiento. La contadora especialista en cooperativas y mutuales Verónica San Martín sostuvo que resulta “indispensable, fundamental y urgente que sea modificada esta situación para no seguir perjudicando a las cooperativas”.
Entre los efectos señaló la pérdida de determinados beneficios impositivos. “La cooperativa que perdió el certificado ya no puede diferir el IVA”, explicó, y agregó que algunas entidades se encontraron con la necesidad de afrontar dos posiciones de IVA en un contexto económico complejo.
También mencionó las diferencias vinculadas con las contribuciones patronales: “Es un beneficio para PyMEs que las cooperativas no están teniendo, lo que las ubica en una situación de desventaja”.
De esta manera, los representantes del cooperativismo plantearon ante la Comisión la necesidad de revisar el criterio aplicado para el acceso al Certificado PyME y evitar que una interpretación de la normativa termine dejando a las cooperativas fuera de herramientas destinadas al conjunto de las pequeñas y medianas empresas.
