Marzo es un mes complicado para el sector industrial del país, ya que empezaron a llegar las boletas de servicios públicos con aumentos que rondan un 200 por ciento. En una entrevista con la agencia ANSOL, un grupo de cooperativistas del Gran Buenos Aires confirmaron que están articulando acciones de amparos ante el Poder Judicial para frenar las subas.
La situación se agravaría aún más en mayo, indicaron. Salvador Gil, funcionario de la Secretaría de Energía, adelantó en la última audiencia pública sobre tarifas: “El nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas. No sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados”.
El sector cooperativo industrial está analizando los caminos a seguir. Por ejemplo, la cooperativa Sigas, que produce garrafas y artículos de camping. “Pasamos de una factura de $133.000 a pagar $335.000, de un mes a otro, es más de un 150 por ciento de aumento, por lo que hablamos con nuestro abogado y presentó un amparo, pero de todas formas pagamos la factura para no entrar en mora”, dijo Iván Sánchez, secretario de la entidad.
“A esto se le suma que bajaron las ventas en un 45 por ciento en relación a marzo del año pasado, porque nuestros distribuidores ya no están vendiendo y eso nos afecta a nosotros”, explicó el secretario de Sigas. Situación similar ocurre con la cooperativa Tría, que fabrica y repara dispensers de agua. Carlos Cisneros, representante de la entidad, le dijo a ANSOL que en el caso de ellos pasaron de pagar en febrero $240.000 a $715.000 en marzo, es más de un 200 por ciento”.
“Todo esto en un momento donde no estamos produciendo, porque no hay movimiento de maquinarias ni de motores, y de hecho cuando están lindos los días, no usamos luz artificial con tal de no gastar”, graficó Cisneros. Como si fuera poco, desde la cooperativa Tría alertan que “están entrando dispensers del exterior y es difícil competir, y como empresa recuperada no tenemos tanta espalda económica, vivimos con lo que se produce”.
Las cooperativas Tría y Sigas se encuentran en La Matanza, uno de los municipios del conurbano pionero en presentar amparos contra los tarifazos en épocas de Mauricio Macri en el poder. El mismo medio consultó a dos fuentes de la secretaría de Producción local sobre la posibilidad de presentar acciones judiciales para frenar los aumentos, pero obtuvo respuesta.
El que sí está siguiendo muy de cerca la problemática es el presidente de Federación de Cooperativas Autgestionadas de Buenos Aires para Otra Economía Ltda. (FEDECABA), Hugo Cabrera: “Esto afecta a todas las cooperativas y Pymes, y estamos pensando qué hacer jurídicamente, si iniciamos amparos colectivos o de manera individual, para lo cual confeccionaremos un modelo para todas las entidades”.
Cabrera adelantó: “Esto lo vamos a tratar el miércoles (de la semana pasada) en una reunión y el sábado en asamblea, ojalá podamos hacer algo, para sentar un precedente y que el resto del sector pueda ir previendo su situación”.
Lo que se va a buscar es evitar un escenario similar al del macrismo, que en sus cuatro años de gestión hizo que las 20 mil cooperativas existentes se redujeran a 10 mil, según cifras del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
INGRESOS
DETERIORADOS
Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa restaurante recuperado Alé Alé, de Villa Crespo en Buenos Aires, explicó la situación si entran en juego todos los aumentos liberados por el Gobierno Nacional. “No es solamente la luz, que en nuestro caso aumentó casi un 50 por ciento, por lo que pasamos de 500 mil a 800 mil, pero en esa línea vamos igual con el gas, el agua y el alquiler. Y ni hablar de las materias primas para cocinar, que ya perdimos referencia de cuánto aumento. A este combo se le suma la baja de actividad, que es impresionante, porque es cada vez menor la gente que sale a comer. Y todo eso, impacta en lo que retiramos los compañeros cada mes Es triste porque nosotros siempre apuntamos a que los trabajadores ganemos bien, nunca antes dimos un paso atrás y siempre estuvimos por arriba de lo que establece el convenio. En este caso no hay forma de equilibrar la balanza en partes iguales”.
En cuanto a las causas que llevaron a esta situación, el referente de las empresas recuperadas gastronómicas agregó: “Estoy muy enojado, no con este gobierno que sabíamos lo que venía a hacer, sino con los anteriores. El 90 % de la responsabilidad de que esté pasando esto lo tiene el gobierno anterior por la falta de políticas. No quiero perder tiempo en responsabilizar al poder actual, sino en esperar que se renueven las fuerzas políticas que aporten un plan de gobierno”.
